El Institut Josep Carreras despidió a dos cargos protegidos por la ley que denunciaron desvíos de fondos y otras irregularidades

La exgerente y la excoordinadora económica del Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras (IJC), protegidas por la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), fueron despedidas el año pasado tras haber denunciado el presunto desvío de fondos por parte del equipo del entonces director de la entidad, el oncólogo e investigador Manel Esteller, según la documentación a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. Otras cuatro jefas de unidades de este centro de investigación, vinculadas de alguna forma a la denuncia, también fueron despedidas de forma fulminante entre enero y junio de 2025.

Todas ellas han presentado demandas laborales ante la justicia contra el IJC —centro público en el que participan la Generalitat y la Fundació Privada Josep Carreras y destinado a investigar la leucemia—, al considerar que la decisión de echarlas es nula y responde a represalias. El primer juicio se celebrará este mes de julio y los cinco restantes a lo largo de 2027.

Las denunciantes, técnicamente denominadas "alertadoras", trasladaron a la OAC una quincena de supuestas irregularidades en un detallado escrito de 208 páginas

Esteller abandonó a finales de 2025 el Institut Josep Carreras —del que fue director científico entre 2019 y 2024— tras la denuncia presentada ante la OAC y también tras una auditoría de KPMG que confirmó el desvío de fondos. El investigador se incorporó poco después al Institut de Recerca Sant Pau.

El Institut ni confirma ni desmiente la versión de las denunciantes mientras que Esteller dice que no le consta la denuncia

Fuentes de la Conselleria de Justícia han confirmado a este diario que Antifrau comunicó en octubre de 2025 a la Dirección General de Entitats Jurídiques la denuncia para que llevara a cabo "actuaciones de verificación y comprobación" y, sobre todo, aclarara si el Institut cumplía con su finalidad de destinar a la lucha contra la leucemia al menos, el 70% de sus ingresos. En la actualidad se está estudiando la documentación recogida.

Las seis afectadas han presentado también demandas laborales; el primer juicio será este mes de julio

La exgerente y la excoordinadora económica del IJC presentaron la denuncia ante Antifrau en noviembre de 2024, aportando documentación sobre la presunta desviación de fondos públicos, así como sobre "opacidad organizativa, presiones institucionales y vulneración del marco normativo". También denunciaron que sufrieron acoso laboral y presiones para hacer la vista gorda ante esas irregularidades. Las denunciantes, técnicamente denominadas "alertadoras", trasladaron a la OAC una quincena de supuestas irregularidades en un detallado escrito de 208 páginas.

Entre las supuestas irregularidades destacan el desvío de fondos "estructurales" desde plataformas tecnológicas al "grupo del doctor Esteller"; las "advertencias sobre la desviación injustificada" de 400.000 euros hacia un proyecto concreto; y la "prevención" frente al desvío "indebido" de 781.000 euros pertenecientes al programa Severo Ochoa del Ministerio de Ciencia e Innovación, que financia con un millón de euros anuales a los mejores centros y unidades de investigación del país. La denuncia también precisa el riesgo de desviar un millón de euros a una labor conjunta con Sant Joan de Déu, entre otras presuntas anomalías.

En la carta de despido, la dirección del IJC justifica los ceses por una reorganización vinculada a un nuevo plan de dirección y a un resultado económico negativo

Como consecuencia de esta denuncia, las dos empleadas del IJC fueron reconocidas expresamente como personas alertadoras protegidas por Antifrau. Esta condición fue inicialmente vinculada a la investigación interna de mayo de 2024 y reconocida formalmente por Antifrau el 10 de enero de 2025. Sin embargo, ese mismo mes, una de las denunciantes fue despedida, junto a otra persona vinculada a la denuncia.

En junio de 2025 fueron despedidas la exgerente y otras tres empleadas más. Antes, la exgerente había sido relegada de su puesto, que pasó a ocupar el presidente de la entidad y médico personal de la familia Carreras, Evarist Feliu. Para las denunciantes, entre septiembre de 2024 y junio de 2025, se produjeron de forma continuada modificaciones en la estructura del instituto, ceses y medidas de reestructuración que las afectaban, lo que podría constituir una estrategia de represalia.

Antifrau recordó a las conselleras Núria Montserrat y Olga Pané, al tenor Josep Carreras Coll y a su hijo que la ley prohíbe los "actos constitutivos de represalias"

En la carta de despido, la dirección del Institut Josep Carreras justifica los ceses por una reorganización vinculada a un nuevo plan de dirección —atribuido a un director que todavía no se había incorporado oficialmente— y por un resultado económico negativo que, a su entender, lastraba a la entidad. Sin embargo, las cuentas anuales publicadas por el propio IJC reflejan una situación de viabilidad y solvencia en los ejercicios de 2022, 2023 y 2024. Según las demandas laborales, los resultados negativos alegados respondían principalmente a amortizaciones contables y no a una situación operativa que justificara los ceses.

Preguntado por EL PERIÓDICO, el doctor Esteller afirma "no tener constancia" de esta denuncia y ha declinado hacer declaraciones al respecto.

Por su parte, fuentes del Institut Josep Carreras reconocen que el centro, en octubre de 2024, encargó "un procedimiento de análisis forense" para "verificar" el destino de los fondos del IJC y que esos fondos percibidos, insisten, "se destinaron exclusivamente a las finalidades de investigación científica" del centro. Sin embargo, estas fuentes no confirman ni desmienten las acusaciones que la denuncia recoge contra Esteller y solo señalan que el doctor "renunció" al cargo en 2024. Estas fuentes del IJC aseguran también que, en junio de 2025, el IJC inició una "reorganización interna" y eluden así pronunciarse sobre los "procedimientos judiciales relativos a los despidos", ya que se trata de "información confidencial".

Aviso al patronato

Ante estos despidos, la Oficina Antifrau remitió al Institut un oficio en el que recordaba que las dos denunciantes tenían la condición de personas protegidas, requeriendo así su readmisión, al considerar que la carta de despido no estaba suficientemente motivada. Posteriormente, en junio de 2025, Antifrau envió otro documento a los miembros del patronato de la entidad, entre ellos las conselleras Núria Montserrat Pulido —Recerca i Universitats— y Olga Pané —Salut—, el tenor Josep Carreras Coll y su hijo. En esas cartas se aludía a que la ley prohíbe los "actos constitutivos de represalias" contra personas protegidas y se subrayaba la existencia de un régimen sancionador, cuya multa podría llegar al millón de euros si la infracción se considera mu grave.

Fuentes de las consellerias de Recerca y de Salut aseguran a EL PERIÓDICO que "actualmente este caso pendiente de resolución judicial" y que, "por respeto al procedimiento en curso", no harán valoraciones. Asegura, eso sí, que "antes de llegar a esta situación, se intentó explorar una vía de acuerdo entre las partes, pero no fue posible".

En estos casos, es habitual que la OAC no se pronuncie hasta que la justicia resuelva el pleito laboral. Fuentes conocedoras del procedimiento señalan que la OAC puede modular sus actuaciones cuando existe un pleito laboral pendiente, aunque la protección administrativa de las personas alertadoras mantiene una dimensión propia.

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