España encarrila ante Bruselas el cierre de la infracción ambiental que bloquea la ampliación de El Prat

Bruselas y España acercan posiciones y aceleran los trámites para que se archive la infracción ambiental que impide la ampliación del aeropuerto de Barcelona. En los últimos meses, según ha podido saber EL PERIÓDICO, el intercambio de documentación se ha intensificado y fuentes conocedoras de la situación están convencidas de que el expediente se podría cerrar en el plazo de aproximadamente un año. Si no se logra cerrar pronto, Bruselas deberá decretar un dictamen motivado y llevar a España ante los tribunales por la degradación del delta del Llobregat.

El caso se remonta dos décadas atrás, cuando la entidad ambiental Depana presentó una queja ante Europa por el mal estado del delta y el incumplimiento sistemático de los compromisos de restauración de hábitats asociados a la ampliación que se llevó a cabo entonces. La situación se enquistó y las mejoras pendientes en los humedales jamás se llevaron a cabo. Por esta razón, muchos años después, en 2021, la Comisión Europea envió a España una carta de emplazamiento, el paso previo a una sanción, en la que se pedían soluciones para remediar pérdida de biodiversidad en las marismas.

Ahora, cinco años después, Moncloa y la Generalitat están decididas a abordar una nueva ampliación del aeropuerto, alargando la tercera pista y afectando la laguna de la Ricarda y una parte de El Remolar. El proyecto se expuso precisamente hace poco más de un año. Pero pocos días después del anuncio conjunto, Bruselas avisó de que antes de negociar hipotéticas contrapartidas, era imprescindible que España hiciera los deberes pendientes para archivar la infracción aún abierta y que, de hecho, está relacionada con una antigua ampliación de la infraestructura aeroportuaria.

La advertencia comunitaria llegó por tres vías: a través de conversaciones informales, por escrito en el Parlamento Europeo y en una reunión presencial que tuvo lugar el 2 de abril de 2025 en Bruselas y en la que participaron representantos de ambos gobiernos y de Aena, el gestor aeroporturario.

Cambio de chip

Desde aquel día, tanto el Ministerio para la Transición Ecológica como el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica –las competencias en gestión de medio natural están transferidas a las autonomías– han dado un vuelco a la política que se estaba siguiendo en los últimos años y modificaron drásticamente la forma de responder ante Europa. Voces consultadas por este diario hablan de un "cambio de chip" que Europa ha visto "con muy buenos ojos".

El primer aspecto en el que se trabajó consistió en dar a Bruselas partes conjuntos. Durante el mandato de Pere Aragonès, Generalitat y Moncloa enviaban información a Europa de forma separada. En algunos casos, detallan fuentes que estaban en la conselleria en aquel momento, incluso se trasladaba al ejecutivo comunitario información contradictoria. "Europa ha apreciado mucho las respuestas conjuntas, se trata de un aspecto clave", consideran desde la conselleria.

Cabe señalar que el envío de respuestas acerca de las infracciones abiertas –y España, en materia ambiental, tiene más de una decena– es una obligación. Sin embargo, las últimas tres respuestas están lejos de ser meramente una formalidad legal. Además de ser documentos consensuados, se trata de dosieres que contienen una información extensa y pormenorizada, algo que no había sucedido hasta entonces.

Avances

¿Y qué responde la Comisión Europea, y en concreto la Comisión de Medio Ambiente y Resiliencia Hídrica, comandada por Jessika Roswall? Una portavoz oficial de la comisión, a preguntas de este diario, admite que se están supervisando, "muy de cerca", "los avances logrados por España". Hasta ahora, Europa no había llegado a hablar de "progresos" a la hora de referirse a los deberes pendientes en el delta del Llobregat.

Fuentes conocedoras de la negociación aseguran que, en los asuntos comunitarios, estos pequeños matices no son detalles menores, puesto que no es habitual que Europa se posicione acerca de una infracción en curso. Y añaden que la sintonía con la Comisión ha mejorado sustancialmente –la Generalitat también recibe apoyo de una consultora ambiental holandesa–. Esta semana, incluso ha habido una nueva reunión entre la Comisión y representantes del Gobierno y la Generalitat en la que se han evaluado las diferentes infracciones ambientales abiertas en España para hacer seguimiento.

En este contexto, la portavoz de la Comisión deja claro que el nuevo plan de inversiones para la red aeroportuaria anunciado por el Gobierno español el pasado septiembre no forma parte ni tiene nada que ver con el procedimiento de infracción en curso por la nefasta gestión del delta. De todas formas, al mismo tiempo sí se reconoce que dar carpetazo al expediente es "importante" para "clarificar las bases" y el punto de partida sobre las que se debe evaluar una nueva expansión del aeropuerto que afecte a espacios protegidos de interés comunitario.

Medidas tangibles

¿Cuáles son los motivos por los que la UE habla ahora de "avances logrados"? Fuentes de la conselleria enumeran una lista extensa de "medidas tangibles". En primer lugar, se ha remitido información sobre la ampliación de la ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) que Bruselas ya ha aceptado. Luego, constantemente se detalla el progreso de Aena en la renaturalización de unos antiguos párkings en desuso. También se han explicado las mejoras hidráulicas impulsadas en la laguna de El Remolar-Filipines para mejorar la calidad del agua. Y por último, la Generalitat está compartiendo con Europa el proceso de elaboración de un Plan de Gestión para el delta adjuntando borradores y documentos de trabajo.

Este plan, que se está redactando y que se prevé presentar antes de finales de año, es la última pieza pendiente para que Bruselas pueda dar por archivada la infracción. Con un Plan de Gestión, se pretende demostrar que la mejora de los hábitats se mantendrá en el tiempo con una planificación e inversión real. Fuentes consultadas por EL PERIÓDICO se atreven a calendarizar el hipotético visto bueno de Europa y sitúan el cierre del expediente en un plazo de aproximadamente un año.

No obstante, las plataformas ambientales contrarias a la ampliación, que también se encuentran con representantes de Bruselas para aportar su visión, opinan que estas medidas no serán suficientes. Según su punto de vista, es esencial evidenciar que las poblaciones de aves y otros animales como anfibios y polinizadores se han recuperado. Y esto, de momento, los datos todavía no lo acreditan. Está por ver, por tanto, si a Europa le basta con el "progreso logrado" y las medidas de mínimos pero contrastables, que sientan las bases para que un día el delta del Llobregat realmente se recupere. En caso de que el expediente se cierre, entonces se deberá abrir otro largo procedimiento para convencer a Europa de que las compensaciones ambientales planteadas por la futura ampliación son las adecuadas. Pero esta ya será otra parte del proceso.

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