El Tribunal Europeo de Derechos Humanos avala el 25% de castellano en la escuela catalana

El Tribunal Europeo de los Derechos Humanos (TEDH) no ha admitido la demanda presentada por familias de la escuela Turó del Drac de Canet de Mar, que consideron vulnerado el derecho a la inmersión lingüística después de que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) impusiera una asignatura más en castellano en el centro educativo a raíz de la queja de otra familia. El tribunal argumenta que la práctica mantenida durante años por la escuela de impartir la enseñanza exclusivamente en catalán "situaba a las familias castellanohablantes que residían temporal o permanentemente en Catalunya en una situación de desventaja significativa, ya que impedía a sus hijos el derecho y el deber constitucional de aprender el castellano".

En su decisión, hecha pública este jueves, el tribunal remarca que el castellano es lengua oficial en todo el territorio estatal, por lo que considera que “prohibir su uso como lengua de enseñanza privaría a los ciudadanos de su derecho a ser educados en la lengua nacional”. "Recibir educación en la lengua del Estado es esencial para facilitar la igualdad de acceso de los alumnos al sistema educativo estatal y para preservar el principio de unidad del sistema educativo", añade.

Varapalo a la inmersión

También subraya que, tal como señaló el TSJC en su sentencia –que obligó a impartir al menos el 25% de las clases en castellano en un aula de la escuela– mantener la educación exclusiva en catalán "dificultaba la reintegración de los alumnos en el sistema educativo estatal cuando se trasladaban a otra comunidad autónoma donde la única lengua oficial era el castellano".

La decisión del tribunal es sobre el caso concreto de la escuela Turó del Drac y no sobre el sistema educativo catalán, pero sí es la primera vez que un tribunal europeo se pronuncia de forma tan clara a favor de la oficialidad del castellano como lengua vehicular y en contra del modelo de inmersión que defiende la mayoría parlamentaria catalana. Esta decisión, además, se ha conocido antes de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la inmersión.

"Sin ningún impacto", según el Govern

Tras conocerse la decisión del TEDH, el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha asegurado que la no admisión de la demanda "no tiene ningún impacto" sobre el sistema educativo de Catalunya ni sobre su normativa. Vila ha afirmado que el Govern "sigue firmemente comprometido" con un modelo que tiene el catalán como "centro de gravedad". Además, ha reiterado que se sigue trabajando para "mejorar con el máximo consenso social" el modelo y para garantizar que todo el alumnado sale de las escuelas catalanas con "competencia plena tanto en catalán como en castellano".

El TEDH admite que el Convenio Marco para la Protección de las Minorías Nacionales alienta a los estados a garantizar la enseñanza en las lenguas minoritarias, pero remarca que permite que esto se lleve a cabo de diversas formas, como mediante educación bilingüe o multilingüe, clases en lenguas minoritarias en las escuelas públicas, o escuelas privadas de lengua minoritaria.

De forma similar, recuerda que la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias promueve el uso de las lenguas minoritarias en la educación, pero no establece qué peso concreto deben tener dentro de los currículos. Corresponde a los estados, sigue, adoptar el sistema educativo que consideren más adecuado para promover la diversidad lingüística.

Proyecto de centro

En este caso, el TEDH concluye que la decisión judicial impugnada no anuló el proyecto lingüístico del centro escolar, sino que simplemente incrementó el uso del castellano en una o varias asignaturas, sin modificar el carácter predominante del catalán como lengua vehicular. "El tribunal considera que el Estado demandado logró un equilibrio adecuado entre la preservación de la unidad del sistema educativo y la promoción de la diversidad lingüística, de acuerdo con los compromisos internacionales mencionados", señala, al tiempo que constata que "las decisiones judiciales impugnadas no interfirieron de forma discriminatoria en la vida privada o familiar de los demandantes".

También descarta otros motivos aducidos por las familias, como la prerrogativa del presidente del Tribunal Superior de Justícia de incorporarse a una sección distinta cuando esta examinaba un asunto de especial relevancia, o la decisión de no presentar cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

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