Con sanciones de hasta 100.000 euros
Catalunya aprueba la ley para erradicar dos millones de toneladas de amianto, pero aún tardará hasta un año en aplicarla
Las entidades de afectados han celebrado el paso adelante y reclaman agilidad a la hora de redactar el reglamento previo a su aplicación
Catalunya solo sustituirá las tuberías de fibrocemento en caso de deterioro o para reparar fugas

Entidades en contra del amianto aplauden tras la votación en el Parlament. / SARA SOTERAS

La erradicación del amianto se ha convertido en uno de los pocos consensos verdaderamente amplios del Parlament. La cámara catalana ha vivido este miércoles una nueva jornada, y ya van unas cuantas, de avance en la lucha contra un material tóxico que desde hace décadas se acumula en edificios, instalaciones y espacios públicos y privados de Catalunya y que supone una amenaza para la salud. La aprobación definitiva de la ley supone también una victoria muy esperada para las víctimas, sus familias y las entidades que llevan años reclamando esta normativa y que este miércoles han celebrado este paso adelante (aún no se trata del último) para eliminar el asbesto.
La cámara catalana ha aprobado el grueso de la ley con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, aunque Vox y el PP se han abstenido en algunos puntos concretos. El texto fija una hoja de ruta para identificar, gestionar y retirar progresivamente el fibrocemento y otros materiales con amianto. Pero además, obliga al Govern a crear un marco común de actuación que implicará no solo a la Administración, sino también a empresas, propietarios y ciudadanía.

Presencia de amianto en edificios de Badia del Vallès. / MANU MITRU / EPC
La ausencia de este marco es el motivo por el que la normativa, que incluye sanciones de hasta 100.000 euros, todavía no entrará en vigor, de facto, de manera inminente. Para aplicar la ley, el Ejecutivo catalán tiene un año de margen para redactar un reglamento en el que ya se está trabajando desde hace meses y que detallará cómo aplicar la normativa, cómo crear un censo pormenorizado y cómo organizar la comisión de coordinación y seguimiento.
A día de hoy existen más de dos millones de toneladas de amianto acumuladas en Catalunya, según los últimos cálculos de la Generalitat. El objetivo debería ser retirarlas antes de 2032. Sin embargo, fuentes consultadas por este diario ya alertan de que no será viable cumplir este calendario, sino que se tardará mucho más.
"Etapa definitiva"
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, titular del Departament que se encargará del reglamento, a través de la Agència de Residus de Catalunya (ARC), ha defendido la importancia de la norma y la ha calificado de "ley pionera". "Esta legislación abre una etapa definitiva para eliminar el amianto, que sigue presente en Catalunya pese a estar prohibido desde hace años", ha asegurado en un discurso en el que también ha mencionado el trabajo realizado por el anterior Govern, comandado por Pere Aragonès.
La normativa, además del régimen sancionador contundente, que tal vez es lo más llamativo, también incorpora el reconocimiento de las víctimas del amianto y establece obligaciones para administraciones, compañías y propietarios particulares, que deberán localizar, gestionar y retirar el amianto de sus instalaciones. Las multas llegarán cuando se incumplan las órdenes de retirada y el asbesto permanezca en los edificios. En caso de que estas sanciones se impongan, el dinero recaudado se destinará al nuevo Fondo para la Erradicación del Amianto de Catalunya, que precisamente servirá para financiar actuaciones de retirada.

La consellera Sílvia Paneque durante su intervención en el Parlament. / SERGI RAMOS
Ambición
Varios grupos parlamentarios han advertido de que la efectividad de la norma dependerá de que el reglamento se apruebe con recursos suficientes, calendarios claros y mecanismos estables para blindar las inversiones.
Junts, de hecho, ha pedido "una aplicación rápida" y el PP ha avisado de que "sin presupuesto", todo puede quedar en "papel mojado". En paralelo, el PSC, ERC y los Comuns han aplaudido el texto, mientras que la CUP ha reclamado "ambición" a la hora de desarrollarla.
Esta petición coincide con el posicionamiento de entidades como el colectivo de los jubilados de Macosa-Alstom, afectados por este material, y la comisión contra el amianto de la FAVB (Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona). Después de tantos años avanzando a paso lento para disponer de esta ley, ambas exigen "celeridad, contundencia y seriedad" a la hora de poner en marcha todo el proceso (asumen que será largo y complejo) que debe culminar en la erradicación de todo el amianto.
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