Olot da de baja del padrón a 1.300 personas en un año por cometer fraude y para "ajustar los servicios municipales" a la población
Desde el Ayuntamiento, que gobierna Junts en coalición con ERC, señalan que seguirán trabajando en ello y lamentan que la ley obliga a "empadronar a okupas"

Fachada del Ayuntamiento de Olot. / Gerard Vilà / ACN
El Ayuntamiento de Olot ha dado de baja del padrón municipal a 1.300 personas por cometer fraude en el primer año de funcionamiento de la oficina que se encarga de inspeccionar aquellas viviendas “sospechosas”. Desde el consistorio explican que las dos formas más habituales de intentar “engañar” a la administración municipal son, por un lado, empadronarse en Olot para disfrutar de algunos servicios y ayudas municipales y, por otro, “hacer negocio”. En este caso, la Policía Local trabaja en colaboración con los Mossos y la Policía Nacional para detectar a personas que cobran por empadronar a inmigrantes en su casa. El Ayuntamiento explica que han encontrado casos de hasta ocho personas en el mismo domicilio, sin que ninguna viviera allí. El consistorio avisa de que “seguirá presionando”.
Un año después de poner en marcha la Oficina del Padrón, el Ayuntamiento de Olot hace una lectura “muy positiva”. El alcalde, Agustí Arbós, explica que en este tiempo han realizado hasta 700 inspecciones, que les han permitido detectar 1.300 casos en los que se ha comprobado que había algún tipo de irregularidad. De este modo, explica Arbós, se ha podido dar de baja del padrón a todas estas personas “que estaban cometiendo fraude y, por tanto, desequilibrando los recursos públicos del consistorio”.
En este sentido, el alcalde señala que han detectado dos formas de cometer este fraude. Una hace referencia a aquellas personas que se empadronaban en una vivienda de la ciudad, pero vivían en otra y solo mantenían el padrón para acceder a algunos de los derechos que este otorga. Otra fórmula hace referencia a las personas que “hacen negocio” con el padrón. En estos casos, se trata de personas que empadronan a otras —mayoritariamente inmigrantes— en su casa a cambio de dinero, aunque después no vivan allí.
En este segundo caso, Arbós explica que la Policía Local de Olot ha trabajado estrechamente con la Policía Nacional, que es quien tiene las competencias en materia de inmigración, para encontrar tanto a la persona que se empadrona como a quien hace negocio, con el objetivo de denunciarlo.
“Lo que queríamos era ordenar y poner al día esta situación, porque teníamos sospechas de que había fraude en el padrón, que es la puerta de acceso a los servicios públicos de la ciudad. Por tanto, si hay fraude, quiere decir que hay gente que accede a servicios que no le corresponden y gente que debería beneficiarse de ellos y que no puede hacerlo”, argumenta Arbós.
El alcalde señala que seguirán trabajando en la misma línea para “dimensionar los recursos al número de habitantes que realmente viven en Olot”.
Además, el alcalde también ha revelado una picaresca que habían detectado puntualmente relacionada con el padrón. En este caso, se trataba de personas que se daban de baja del padrón cuando había convocatorias relacionadas con vivienda pública por parte de la Generalitat. De este modo, los ingresos familiares que figuraban bajaban y eso podía favorecer a la familia. Ahora bien, Arbós señala que se detectó enseguida y explica que “eso ya pasa”.
Descontento con la ley del padrón
El alcalde de Olot, sin embargo, se ha mostrado especialmente descontento con algunos aspectos que contempla la ley del padrón, como la obligatoriedad de empadronar a okupas. “No puede ser que tengamos que empadronar a okupas, pero la ley nos obliga a ello. Por tanto, seguiremos la ley, pero lo haremos para todo el mundo y eso quiere decir que a quienes cometen fraude tenemos que pillarlos y deben pagarlo”, remarca.
Finalmente, Arbós celebra que otros municipios sigan la misma línea de Olot porque “hay que ordenar una situación que genera mucha tensión”. El alcalde califica de “insostenibles” los crecimientos poblacionales que viven los pueblos y ciudades de Cataluña y pide regularlo.
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