Las denuncias por odio en Catalunya aumentan el 12% en dos años: una de cada tres son del colectivo LGTBI

Los Mossos d'Esquadra detuvieron semanas atrás a una mujer de 28 años por colocar adhesivos y hacer pintadas xenófobas contra la comunidad musulmana en un parque infantil de Roquetes (Baix Ebre). Tras una investigación, la policía pudo identificarla y arrestarla, y llevó a cabo un registro en su domicilio. Allí encontraron numerosos elementos que vinculan a la sospechosa con la ideología nacionalsocialista y con la organización ultra Núcleo Nacional.

Se trata de uno de los casos más recientes de los agentes de la Comisaría General de Información de los Mossos que se dedican a combatir los delitos de odio y discriminación, tanto los cometidos por organizaciones como por personas individuales. En los últimos años, los investigadores han alertado del incremento de la criminalidad en este ámbito, lo que afecta, subrayan, a "valores importantes como la convivencia, el respeto y la cohesión social".

856 casos

Según datos de los Mossos d'Esquadra a los que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, el año pasado se denunciaron 856 casos de odio y discriminación ante la policía catalana, un 12,5% más que en 2023, cuando se registraron 761. En 2024 las denuncias cursadas ascendieron a 813.

El delito más denunciado es el vinculado a la LGTBIfobia: el año pasado concentró el 35% de los casos (37,5% en 2024). En segundo lugar, despunta la discriminación por motivo de origen nacional o racial (32,4% en 2025, el mismo porcentaje que en 2024); orientación política (12,4% en 2025 y 8,9% en 2024); islamofobia (7% en 2025 y 8,9% 2024); aporofobia –rechazo a la persona pobre– (1,4% en 2025 y 2% en 2024) y por cuestiones religiosas (2,3% en 2025 y 1,5% en 2024).

Menores de edad

Los Mossos registraron el año pasado 1.055 víctimas por delitos de odio y discriminación, de las que 611 son hombres. Sobre los denunciantes, 29 eran mayores de 65 años (el 2,75% del total), al tiempo que hubo 180 víctimas menores de edad (17%).

Respecto a los autores, la cifra de detenidos, investigados e identificados sigue la tónica de incremento respecto de los últimos años, aunque no de forma tan pronunciada como en 2022. Fuentes policiales remarcan que cada vez se denuncia más, ya que las víctimas se sienten más arropadas por el sistema para dar el paso y también identifican mejor los comportamientos discriminatorios. De esta forma, en 2025 los Mossos registraron 783 detenidos e investigados, de los que 580 son hombres. En 2024 la cifra fue de 720, frente a los 730 de 2023 y los 609 de 2022.

Los delitos más denunciados son contra el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas, lesiones y amenazas. Pese a que la virtualidad favorece los mensajes de odio y discriminación, no se ha notado un incremento significativo de estas denuncias en los últimos años, según fuentes policiales. En este sentido, del total de casos denunciados en 2024, 737 se cometieron en un entorno presencial (90,66%), mientras que 76 hechos tuvieron lugar en el entorno de internet o redes sociales. En 2023 hubo 711 denuncias por delitos presenciales y 50 virtuales.

Atención a la aporofobia

Uno de los delitos que se mantiene y que más preocupa a los agentes es el de aporofobia, ya que afecta a los más vulnerables y atenta contra "derechos fundamentales como la igualdad, la dignidad y la seguridad", según los Mossos. Precisamente, a finales de abril la policía detuvo por discriminación en Sant Cugat del Vallès a un joven de 24 años por agredir a una persona sin hogar.

La víctima, de 58 años, se encontraba en el exterior de un supermercado de la localidad de Rubí cuando el sospechoso le propinó un fuerte puñetazo en la cara y le increpó, antes de huir. Varios clientes del supermercado socorrieron al agredido, que fue trasladado al hospital en ambulancia. La policía identificó al sospechoso tras meses de investigación y consiguió detenerlo. Ahora la causa se sigue en la Sección 7 del Tribunal de Instancia de Rubí.

Según los Mossos, "las agresiones a personas sin hogar constituyen un hecho penalmente punible por su gravedad y repercusión", ya que su situación "de indigencia las hace más vulnerables frente al resto y frente a la sociedad". Por este motivo, los agentes recuerdan que la legislación "protege de forma especial a las personas sin hogar de todos aquellos delitos que atenten contra el ejercicio de sus derechos fundamentales y sus libertades", además de perseguir discursos y actos, "aislados y no aislados", que "menosprecien y atenten contra cualquier afectado por el hecho de tener la condición de persona sin techo".

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