La bajada de ratios en colegios e institutos costará más de 28.000 millones en una década en España, según Esade

Tener menos alumnos por clase es uno de los grandes caballos de batalla de los profesores, que llevan desde la época de los recortes de 2012 reclamando la medida con el objetivo de mejorar el aprendizaje. Tras años de reivindicaciones, el Gobierno acaba de aprobar una iniciativa legislativa para rebajar las ratios: de 25 alumnos a 22 en primaria y de 30 a 25 en la ESO. Además, el alumnado con necesidades educativas especiales contará como dos. La norma ha desembarcado ya en el Congreso de los Diputados, donde será tramitada para su aprobación definitiva. EsadeEcPol, sin embargo, enfría las bondades de la legislación.

El centro de políticas económicas estima que la futura norma, que se aplicará en centros públicos y concertados de toda España, obligaría a habilitar unas 69.000 aulas y a incorporar el equivalente a 103.000 docentes a jornada completa (no todos serán nuevas contrataciones porque una parte serían profesores ya en activo). Según sus cálculos, en la próxima década (2027-2036), el coste presupuestario neto medio sería de 2.818 millones al año, con un acumulado de 28.184 millones. Solo en 2031, cuando la ley esté plenamente implementada tanto en primaria como en la ESO, el coste real alcanzará los 6.549 millones de euros.

Los investigadores apuestan por que la reforma legislativa solo se aplique en centros de alta complejidad y por medidas como clases específicas en horario escolar para grupos muy reducidos

EsadeEcPol asegura que es una reforma muy cara y con pocos efectos en el aprendizaje. Sus investigadores apuestan por aplicarla no con carácter universal, sino solo en los colegios e institutos de alta complejidad, donde mayoritariamente el alumnado tiene condiciones socioeconómicas desfavorables. Publicada este martes y firmada por Lucas Gortazar, director adjunto de EsadeEcPol, y José Montalbán Castilla, profesor de Economía en la Universidad de Estocolmo, la investigación reclama generalizar otro tipo de iniciativas con más impacto en el aprendizaje, como las tutorías intensivas. También plantea otras propuestas alternativas "eficaces", como los complementos salariales a los docentes de centros de alta complejidad.

"El esfuerzo inversor de esta ley es muy elevado, y las consecuencias en el aprendizaje, escasas"

— Lucas Gortazar, EsadeEcPol

"El esfuerzo inversor de esta ley es muy elevado y las consecuencias en el aprendizaje, escasas", defiende Gortazar, que critica la ausencia de datos en la memoria económica que acompaña al texto legislativo e invita al Gobierno a afrontar el debate.

El informe de EsadeEcPol reconoce que la reducción generalizada de ratios conlleva efectos en el clima de aula y en el bienestar docente. Una reducción de cinco alumnos por clase podría reducir las conductas disruptivas en unos 4 puntos porcentuales, mejorar el bienestar docente en un 5% y elevar la satisfacción familiar en un 2,5%. Estos resultados, insisten los autores, son “modestos” para el volumen de inversión que requiere la medida.

En marzo, el centro de políticas económicas ya publicó un estudio que aseguraba que tener menos alumnos por clase y, por lo tanto, contratar más docentes es una medida muy costosa, con efectos pequeños o nulos en el aprendizaje. El informe no gozó de las simpatías del profesorado. Hasta la ministra de Educación y FP, Milagros Tolón, defendió la bajada de ratios como una medida que beneficia a los alumnos. “No es lo mismo estar en un aula masificada que en otra donde se pueda atender dignamente a todo el alumnado”, aseguró.

"Los centros con mayor porcentaje de alumnos de nivel socioeconómico más alto concentrarán el 31% del gasto de la administración, frente al 22% de los más desfavorecidos"

— EsadeEcPol

Andalucía, Catalunya y Madrid

Los investigadores de EsadeEcPol destacan en su nuevo estudio que Andalucía, Catalunya y Madrid concentrarán el 63% del coste estatal de la medida. “Los centros con mayor porcentaje de alumnos de nivel socioeconómico más alto concentrarán el 31% del gasto de la administración, frente al 22% de los de menor nivel socioeconómico. Esto se debe a que las aulas que rebasan el nuevo tope están más concentradas en zonas urbanas con mayor demanda y, por tanto, con perfiles socioeconómicos más altos”, asegura Gortazar.

La recomendación de EsadeEcPol no es abandonar por completo la bajada de ratios, sino aplicarla en centros de alta complejidad y mayor riesgo educativo, “donde la evidencia sugiere que puede tener más sentido”. También propone destinar parte del dinero a otras políticas con evidencia comprobada, como las llamadas tutorías intensivas o iniciativas como Proa +, programa de orientación, avance y enriquecimiento educativo con tutores y tutoras que trabajan en grupos pequeños, de no más de seis estudiantes, durante el horario escolar. “Está demostrado que, si se realizan clases de media hora todos los días durante tres meses seguidos, esos alumnos con lagunas se ponen al nivel del resto de sus compañeros”, explicaba en una reciente entrevista con este diario Ismael Sanz, investigador de Funcas.

MIR educativo

Otras propuestas que sugieren Gortazar y Montalbán son los complementos salariales para docentes en centros complejos y el MIR educativo. Asentado en los países anglosajones, el MIR educativo –que consiste en trasladar a los profesores el sistema de formación y especialización de los médicos– no es ninguna novedad. Se lleva hablando de él desde 2018, cuando Íñigo Méndez de Vigo (PP) estaba al frente del Ministerio de Educación, pero sigue sin hacerse realidad en España. Catalunya sí ha emprendido un proyecto piloto, bautizado como 'Sensei. Programa de residencia inicial docente'.

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