Pedro Sánchez anuncia un plan de 9.000 millones de euros para rehabilitar viviendas y promover el transporte sostenible

Europa se ha propuesto recortar un 55% sus emisiones para 2030. Para ello, los países miembros deberán desplegar en este periodo un paquete de medidas para acelerar la descarbonización de sus economías. Según ha anunciado este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, España quiere emprender este camino con la mirada puesta en los trabajadores, los hogares más vulnerables, las pymes y todos aquellos grupos sociales que, hoy por hoy, destacan como los más afectados por los impactos climáticos y, a su vez, por el alza en el precio de los combustibles y la electricidad. Frente a ello, el Gobierno ha propuesto desplegar un "plan social para el clima" dotado con hasta 9.000 millones de euros hasta 2032 para acelerar la rehabilitación de hogares vulnerables y para promover la movilidad sostenible. "El coste de la transición ecológica no puede llegar a quienes menos tienen. La revolución verde debe ser una oportunidad para todos", ha defendido Sánchez.

La iniciativa, presentada este lunes en Madrid, surge de un proceso europeo por el que se establece que cada país debe remitir a Bruselas un plan específico sobre cómo planea, por un lado, acelerar su reducción de emisiones y, por el otro, a ayudar a todos aquellos colectivos vulnerables a las posibles subidas de precios derivadas de este proceso. Es ahí donde Sánchez ha defendido la apuesta del Gobierno para desplegar un plan que permita avanzar en la "revolución verde" a la vez que se protege a las clases medias.

4.700 millones para rehabilitar viviendas

Según lo anunciado este lunes, la intención del programa es desplegar hasta 4.700 millones de euros para medidas enfocadas a la rehabilitación de viviendas y barrios enteros, con el objetivo de que se consuma menos energía, se recorten emisiones y, sobre todo, se reduzcan las facturas, actuando sobre la desigualdad energética en hogares más vulnerables. El plan también incluye impulsar nuevas viviendas sociales, con estándares energéticos más elevados, y apoyar a comunidades energéticas y de autoconsumo colectivo para democratizar la energía.

El plan, que entra ahora en fase de consulta pública y que espera oficializarse antes de que termine el año, incluye el apoyo a comunidades energéticas y de autoconsumo colectivo

El proyecto también aspira a desplegar hasta 4.300 millones de euros para "modernizar y descarbonizar la movilidad" en España. En este ámbito se espera la puesta en marcha de un Abono Único Social que "permitirá la práctica gratuidad del transporte público urbano, metropolitano e interurbano para millones de ciudadanos". También se impulsarán medidas para reforzar la movilidad rural de la mano de las comunidades autónomas; desplegar ayudas a autónomos, microempresas y pymes para renovar sus vehículos y adaptarse a una movilidad más limpia y más barata, y acelerar la electrificación del transporte comercial y del transporte aéreo. "Defender la transición ecológica hoy no es solo una cuestión de justicia social, medioambiental, sino también de autonomía estratégica: ser más soberanos económicamente nos hace más libres", ha defendido Sánchez durante su intervención.

"Defender la transición ecológica no es solo una cuestión de justicia social y medioambiental, sino también de autonomía estratégica, ser más soberanos económicamente, porque eso nos hace más libres"

Pedro Sánchez

— Presidente del Gobierno

Según explican los impulsores de esta iniciativa, la prioridad de este programa es atender a "hogares vulnerables, especialmente aquellos en situación de pobreza energética o con rentas bajas y medias-bajas que no disponen de recursos para rehabilitar sus viviendas" y a "usuarios de transporte vulnerables, afectados por la falta de alternativas viables al vehículo privado de combustión, así como a las microempresas de menos de 10 empleados y menos de dos millones de facturación anual con una elevada dependencia de combustibles fósiles en sus flotas". "La definición de los beneficiarios se ha realizado con criterios de rigor técnico y sensibilidad social", afirman desde el Gobierno en referencia a esta cuestión.

La propuesta entra en fase de consulta pública y previsiblemente estará cerrada "antes de que termine el año" para después pasar a manos de Bruselas

El primer "plan social para el clima" de España se ha construido a partir del debate y la consulta con entidades, académicos y agrupaciones de la sociedad civil. A partir de ahora, este borrador se someterá a una fase de consulta pública que se mantendrá abierta hasta el 29 de junio y más adelante, tras estudiar las aportaciones recibidas, se iniciará una segunda ronda de debate para incorporar las propuestas derivadas de este proceso. El Gobierno afirma que el documento final debería estar listo para finales de este año. Ahí será el momento de remitirlo a Bruselas, que es quien finalmente deberá estudiar su aprobación ya que, en la práctica, es la Comisión Europea quien financiará el grueso de este plan. España, por su parte, se ha comprometido a aportar hasta un 25% de los fondos necesarios para articular todas estas iniciativas.

Medidas estratégicas

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha definido este plan como un "instrumento fundamental" en "tiempos complejos" y con "desafíos interconectados". Sobre todo, para acompañar a "los hogares más vulnerables" frente a los impactos de una crisis en auge como es el cambio climático o de situaciones geopolíticas especialmente complejas como, por ejemplo, la crisis energética derivada de la guerra de Irán y el cierre del estrecho de Ormuz. "Urge incorporar la variable climática en todas las decisiones que tomemos. Todo ello, utilizando siempre la brújula del mejor conocimiento científico disponible", ha defendido Aagesen, quien también ha apelado a la necesidad de impulsar una "revolución verde" que no deje a nadie atrás.

"Urge incorporar la variable climática en todas las decisiones que tomemos. Todo ello, utilizando siempre la brújula del mejor conocimiento científico disponible"

Sara Aagesen

— Vicepresidenta tercera y Ministra para la Transición ecológica

El evento ha contado también con la participación del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, así como de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno de España, Isabel Rodríguez. Durante su intervención, Puente ha defendido la movilidad como un "derecho fundamental" y una "medida de cohesión social y territorial" que permite garantizar, por ejemplo, el acceso a la sanidad, a la educación y hasta la vivienda incluso para personas que residen lejos de su trabajo. Rodríguez, por su parte, ha hablado de la importancia de las medidas de rehabilitación como "oportunidad" no solo para mejorar los hogares de la gente, sino también para ampliar el parque de vivienda en España.

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