«Vemos mucha movilidad forzada, con personas empadronadas en un lugar pero viviendo en otro por falta de alternativas»

El nuevo proceso de regularización administrativa extraordinaria se ha presentado como una oportunidad para regularizar a miles de personas en situación irregular. Sin embargo, diversas voces jurídicas alertan de carencias importantes en su implementación: falta de información institucional, saturación de los servicios y una dependencia creciente del tercer sector. La jurista Laia Costa de SOMS Garrotxa analiza los principales problemas detectados en las primeras fases del proceso y advierte de que la falta de planificación puede derivar en desigualdades y exclusiones.

El proceso ya era conocido desde hacía meses. ¿Ha fallado la respuesta institucional?

Las administraciones han reaccionado muy tarde. Esto ha dejado un vacío informativo que ha generado confusión, rumores y miedo. En este contexto han aparecido personas sin acreditación clara que se han aprovechado de la incertidumbre, y en muchos casos se están cobrando cantidades muy elevadas por gestiones que deberían ser gratuitas. También se han presentado expedientes que no se ajustan correctamente a los requisitos, precisamente por esta falta de información y de acompañamiento institucional. Además, hay una falta evidente de coordinación entre administraciones. Desde que se anunció el proceso han pasado meses sin ninguna campaña pública clara, y esto ha hecho que gran parte del peso recaiga sobre entidades del tercer sector, que están asumiendo tareas que deberían ser públicas y a menudo sin suficientes recursos.

Aun así, ¿es un momento histórico?

Sí, estamos ante una oportunidad histórica porque es uno de los pocos procesos de regularización amplios en muchos años, y además no depende necesariamente de un contrato de trabajo como en otras ocasiones. Esto lo hace especialmente relevante porque puede beneficiar a muchas personas que ya viven y trabajan aquí pero no han podido regularizarse. El problema es que esta oportunidad no se está acompañando con los recursos necesarios. No vemos servicios sociales suficientemente activados ni una estrategia clara de apoyo. Debería ser un momento para consolidar derechos y reconocer trayectorias de vida y trabajo ya existentes, especialmente en sectores como los cuidados, la restauración, la industria cárnica o la agricultura, donde muchas personas trabajan en condiciones precarias.

¿Qué papel está jugando el empadronamiento en este proceso?

El padrón no es formalmente un requisito imprescindible, pero en la práctica tiene mucho peso como prueba de permanencia. Y aquí hay problemas: El tema del padrón ha sido utilizado políticamente en muchos municipios en el último año: se ha dado de baja a muchas personas y se ha reducido la posibilidad del empadronamiento sin domicilio fijo. También vemos mucha movilidad forzada, con personas empadronadas en un lugar pero viviendo en otro por falta de alternativas. Esto genera irregularidades que no son responsabilidad individual, sino consecuencia de un sistema que no facilita el acceso normalizado a derechos básicos. El padrón debería ser un instrumento técnico, pero en algunos casos se está utilizando de manera desigual y esto acaba afectando directamente a las posibilidades de regularización.

¿Cuál es el principal problema global del proceso?

El principal problema es la falta de planificación institucional. Hay un desajuste entre la magnitud del proceso y los recursos disponibles. Esto genera cuellos de botella en trámites clave como los antecedentes penales, los informes de vulnerabilidad o las citas administrativas. Las entidades sociales están asumiendo una parte muy importante del proceso, pero no pueden sustituir a la administración. Si no hay un refuerzo institucional real, el riesgo es claro: más denegaciones, bloqueos administrativos y exclusión de personas que, en teoría, cumplen los requisitos.

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