La fiscal reclama hasta 14 años de prisión para una mafia que traficaba con tortugas protegidas

Teléfonos intervenidos por orden judicial y registros. Como si se tratara de un grupo de narcotraficantes, un juzgado de Barcelona ha investigado desde 2019 a una red de tráfico ilegal de tortugas protegidas que eran importadas de países exóticos, como Isla Mauricio y Seychelles. No solo se vendían en España, sino también en toda Europa. Algunos ejemplares pueden alcanzar los 16.000 o 20.000 euros, como la tortuga gigante de Galápagos (Chelonoidis nigra). La Fiscalía de Barcelona reclama para 10 miembros de esa trama penas que oscilan entre 6 y 14 años y medio de prisión, además del pago de una indemnización por los gastos de mantenimiento de los animales intervenidos, según el escrito al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. Se les atribuyen diversos delitos, desde pertenencia a grupo criminal hasta falsedad, contrabando y blanqueo de capitales.

La investigación nació de una operación realizada en 2017 en Madrid contra una organización dedicada al tráfico de especies protegidas. A partir de las conversaciones telefónicas intervenidas, los agentes constataron la existencia en Catalunya de un criador de reptiles que presuntamente participaba en el negocio. Esta persona era conocida en las ferias de tortugas, algunas de ellas celebradas en el extranjero y de ámbito internacional. Ante estos indicios, el Servicio de Medio Ambiente de la Fiscalía de Barcelona consideró necesario pinchar más teléfonos, sobre todo el del criador de reptiles. Para ello, presentó en febrero de 2018 una denuncia ante los juzgados. Se encargó las indagaciones a dos cuerpos diferentes, el Seprona, de la Guardia Civil, y los Agents Rurals de la Generalitat.

La fiscal delegada de Servicio de Medio Ambiente de Barcelona, Laura Ricart, sostiene en su escrito de acusación, de 74 páginas, que los imputados, junto a otras personas no identificadas, integraban un “colectivo criminal”, con “vocación de estabilidad, colaboración entre ellos y permanencia”, cuyo objetivo era traficar con tortugas protegidas, entre ellas ejemplares de tortuga estrellada de Madagascar (Astrochelys radiata) o tortuga gigante de Aldabra (Aldabrachelys gigantea), entre otras muchas especies. Los miembros de la trama actuaban de “forma coordinada”, pero sin una distribución concreta de funciones ni jerarquía. Los acusados establecieron así una “colaboración permanente” para dar salida en el mercado ilegal a estos animales, al margen de los controles de las autoridades. Los imputados estaban dados de alta como criadores.

Ferias de reptiles

La acusación precisa que las tortugas se “obtenían de forma fraudulenta” o se “extraían ilegalmente de la naturaleza” y eran reproducidas sin ningún control en Isla Mauricio y Seychelles, desde donde eran importadas a España bajo la dirección de uno de los investigados. Después eran vendidas por la trama. Los acusados captaban a los clientes a través de anuncios en páginas de internet y redes sociales, aunque también las comercializaban en una tienda de animales y en ferias de reptiles en distintas ciudades europeas.

Esas ventas se consumaban sin que las tortugas tuvieran microchip de identificación ni la documentación necesaria. En otros casos, se falsificaban los papeles y certificados expedidos en distintos países europeos para otras tortugas, o se elaboraban documentos ex profeso. El propósito era “dar apariencia de legalidad a dichas transacciones ilícitas”, subraya la fiscal. Los acusados, incide, trasladaban las tortugas en furgonetas, sin cumplir tampoco los requisitos legales establecidos para el transporte de animales.

En octubre de 2020 se realizaron una quincena de registros en toda España, en comunidades como Madrid, Murcia, Canarias, Galicia y Catalunya. En Catalunya, los agentes detuvieron a cuatro personas y llevaron a cabo registros en tres viviendas de Corbera de Llobregat, Masquefa y Riells i Viabrea, en la Selva. Allí liberaron a 167 tortugas y localizaron caparazones con sus chips identificativos. En todo el Estado se intervinieron 350 animales, incluso cocodrilos vivos, y numerosa documentación. Los investigadores también pudieron interceptar envíos de ejemplares por mensajería.

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