Catalunya aprueba la ley que reconoce el papel de las entidades sociales y potencia su relación con las administraciones

El Parlament ha aprobado este miércoles la nueva Ley del Tercer Sector Social de Catalunya. Se trata de una norma que reconoce el trabajo y el servicio público que realizan las entidades sociales y que, por primera vez, dota de un marco legal a las más de 3.000 organizaciones de este tipo que hay en Catalunya. El texto también establece la creación del Consell de Diàleg Civil, un espacio estable de interlocución entre las entidades y el Govern para trabajar en la creación de las políticas públicas que afectan a los derechos y la acción social. "La ley nos permitirá tener unas herramientas de gobernanza más fuertes para construir juntos un verdadero sistema de protección social", ha resumido la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, tras la votación.

El texto aprobado ha salido adelante con los votos favorables del PSC, Junts, ERC y los Comuns; el voto en contra de Aliança Catalana, y las abstenciones de Vox, PP y CUP. La diputada de los populares, Montserrat Berenguer, ha argumentado que el texto aprobado no prevé los mecanismos de control suficientes para evitar las malas prácticas en algunas de estas entidades. "Tenemos que apartar las manzanas podridas para que no se cuestione a las otras entidades que lo hacen bien", ha lanzado. Por su parte, la diputada de los anticapitalistas, Pilar Castillejo, ha defendido que no se oponía al grueso de la ley, pero que debe ser el propio sector público y no las entidades quien garantice los derechos sociales de la población.

Reclamación histórica

La normativa es una histórica reclamación del sector que empezó a tomar forma en mayo de 2022, cuando se registró por primera vez en el Parlament. El texto decayó en 2024 con la disolución de la Cámara tras la convocatoria de elecciones de Pere Aragonès y volvió a la Cámara catalana en marzo de 2025. "No ha sido fácil, pero creo que hemos hecho un buen texto", ha celebrado el diputado de ERC, Carles Campuzano, que era conseller de Drets Socials cuando la normativa empezó su recorrido por el Parlament y ha sido el ponente de la proposición de ley, que ha tenido que superar 271 enmiendas.

El presidente de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social, Xavier Trabado, ha celebrado la aprobación desde el Parlament. "Lo que hace la ley es formalizar y reconocer el trabajo de las entidades sociales que ayudan a más de dos millones de personas en Catalunya", ha recordado Trabado, que ve con buenos ojos el Consell de Diàleg Civil, que tiene que permitir un mayor de poder de decisión de las entidades sobre las políticas públicas.

También se ha felicitado por la aprobación de la norma Jordi Roman, presidente de La Confederació, la patronal del sector. "Haya quien haya en el Govern, estará obligado a verse con nosotros", ha explicado también tras la votación del Parlament.

Tanto Trabado como la mayoría de diputados que han intervenido en el debate de la norma en la Cámara catalana han querido dedicar la norma al expresidente de la Taula del Tercer Sector, Enric Morist, y al expresidente de Fundesplai, Pepe Gassó, fallecidos el año pasado. Al homenaje se ha sumado también el presidente del Parlament, Josep Rull, que, tras la votación, ha mencionado sus nombres para que constaran en el acta de sesiones de la Cámara.

La financiación, el mayor reto

Una de las asignaturas pendientes que seguirán en el aire pese a la aprobación de esta ley es la financiación de estas entidades. El texto avalado este miércoles por el Parlament incorpora herramientas para fomentar "el impulso y la promoción" de las organizaciones del sector, pero no prevé ningún mecanismo claro para garantizar su solvencia económica.

En este sentido, hay dos leyes que siguen en trámite en el Parlament –la de instrumentos de provisión del Sistema Público de Servicios Sociales y la de Economía Social– que acabarán de determinar cómo se financian las entidades. La nueva Ley del Tercer Sector Social aprobada este miércoles, eso sí, da algunas pistas sobre cómo serán las futuras normas. En concreto, apunta que la fórmula preferente de colaboración entre la Administración y el tercer sector debe ser la concertación, y no las convocatorias de subvenciones que se han llevado a cabo hasta ahora.

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