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Figuras clave

El Govern aparta a los dos directivos inhabilitados de la ACA y prepara una reorganización interna

La conselleria se anticipa y sustituye a los responsables condenados por una adjudicación a dedo en 2007 y 2008

El jefe de abastecimiento es el único cargo para el que ya existe relevo

El Supremo confirma la condena de dos años de prisión para exdirectivos del ACA por unos contratos a dedo

La portavoz del Govern, Sílvia Paneque.

La portavoz del Govern, Sílvia Paneque. / David Zorrakino - Europa Press / Europa Press

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Guillem Costa

Guillem Costa

Barcelona
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El Govern ha apartado de sus funciones directivas a dos directivos de la ACA (Agència Catalana de l’Aigua) afectados por una condena de inhabilitación especial vinculada a la adjudicación irregular de contratos durante los años 2007 y 2008. Ambos continuarán prestando servicios en la ACA, pero como técnicos de base, sin responsabilidades de contratación, licitación, gestión presupuestaria ni personal a su cargo, según fuentes de la conselleria comandada por Sílvia Paneque.

La decisión obliga ahora a la agencia a afrontar una reorganización interna para cubrir las áreas de dirección que han quedado vacantes. La reestructuración afecta especialmente al área de Abastecimiento, que dirigía Jordi Molist, y al área de Gestión del Medio, encabezada hasta hace poco por Antoni Munné.

Al frente de abastecimiento ya ha sido nombrada Elisabet Mas, que formaba parte de la plantilla de la ACA, pero la otra plaza vacante todavía no se ha cubierto y se encuentra ya en fase de licitación.

Fuentes del Govern explican que las personas afectadas por la inhabilitación ya no ocupan su cargo desde el mes de enero y que actualmente prestan servicios como "técnicos de base". La ACA sostiene, además, que estas personas no realizan trabajos relacionados con sus anteriores puestos de dirección y que su aportación se limita al ámbito técnico.

Más cambios

La agencia enmarca estos cambios en una reorganización más amplia de su estructura, con la que pretende responder tanto las inhabilitaciones como otras bajas de cargos directivos ya producidas o previstas para los próximos meses.

El objetivo es reforzar la estructura futura de la ACA, también en el ámbito territorial, para cumplir con la hoja de ruta destinada a garantizar el abastecimiento de agua y avanzar en la transición hídrica. El Govern defiende que los cambios deben tener "la menor afectación posible" en el funcionamiento ordinario de la agencia y en la prestación de los servicios vinculados al ciclo del agua.

La situación de provisionalidad en la ACA se había prolongado durante meses, mientras aumentaba la presión para que el Govern adoptara una decisión sobre los cargos afectados por la inhabilitación, aunque, pese a la sentencia firme que adelantó EL PERIÓDICO, la agencia aún no había recibido la orden judicial para sustituir a los directivos inhabilitados.

Contratos de 20 años atrás

Los hechos que dieron lugar a la condena se remontan a varios contratos adjudicados a dedo en los años 2007 y 2008, relacionados con la redacción del plan de gestión de las cuencas internas y el programa de medidas para el periodo 2009-2015, correspondiente al primer ciclo de planificación hidrológica.

El caso tenía en el centro de la investigación a Joan Lluís Quer, que fue gerente de la ACA entre 2000 y 2004 y posteriormente máximo representante de la empresa adjudicataria. La Audiencia de Barcelona condenó también a otros cargos vinculados a la agencia y al proceso de adjudicación, entre ellos Manuel Hernández, Josep Bou, Gabriel Borràs y Antoni Munné. Borràs, responsable del área de planificación en aquella época, ya había dejado sus funciones en una reestructuración anterior y actualmente es técnico en la Genralitat.

La sentencia consideró probado que se facilitó información confidencial y privilegiada que resultó determinante para que una unión temporal de empresas vinculada a Quer obtuviera la adjudicación del programa de medidas de la primera planificación hidrológica de las cuencas internas, por un importe máximo de cuatro millones de euros.

El Tribunal Supremo confirmó el 15 de octubre de 2025 la inhabilitación especial impuesta a los afectados, tras resolver los recursos de casación presentados contra la sentencia dictada por la Audiencia de Barcelona en junio de 2022. Fuentes de la Conselleria remarcan que se trata de una inhabilitación especial, no total, y que la resolución descarta los delitos de malversación y enriquecimiento.

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