La familia de la niña atacada por un jabalí en Cadaqués reclama unos 70.000 euros y avisa de que irá al contencioso por el silencio municipal

La familia de la niña herida por un jabalí en Cadaqués en agosto de 2022 se plantea llevar al Ayuntamiento de Cadaqués a los tribunales si el consistorio no responde a la reclamación presentada a raíz del ataque. La menor, que entonces tenía 10 años, sufrió una herida importante en la pierna después de que un jabalí bajara hasta la Platja Gran y la embistiera en una zona llena de niños. Casi cuatro años después de los hechos, la familia asegura que la niña arrastra secuelas físicas y psicológicas y reclama una indemnización de unos 70.000 euros.

Según explica el abogado de la familia, Xavier Coca Verdaguer, el caso todavía no ha llegado al juzgado, pero podría hacerlo en las próximas semanas. "Si no hay una respuesta ya, antes del verano presentaremos el contencioso" sostiene.

Los hechos se remontan al 2 de agosto de 2022, hacia las nueve de la noche, cuando un jabalí bajó hasta la playa situada junto al Casino de Cadaqués y frente al bar Boia. En la arena había varios niños jugando. Según publicó entonces Diari de Girona, los menores se asustaron al ver al animal y corrieron hacia sus familias y el paseo. Una de las niñas cayó al suelo y el animal la atacó. Según la versión de la familia, la menor no solo resultó herida mientras huía del animal, sino que habría intentado proteger a otro niño, de 6 años, que estaba en la playa y que estaba a punto de ser embestido por el jabalí. El animal la golpeó con el colmillo en la parte superior de la pierna, la arrastró y le provocó dos heridas profundas. La familia sostiene que la lesión quedó a pocos milímetros de la arteria femoral.

El abogado de la familia asegura que la menor ha necesitado tratamiento por la herida y también psicológico. "La niña ha quedado traumatizada", afirma Coca, que remarca que se trata de una familia vinculada a Cadaqués y que, durante años, la menor ha tenido dificultades para volver al municipio."Han sido años para poder volver a subir a Cadaqués", explica. El letrado también asegura que la niña padece secuelas de estrés postraumático y que conserva una cicatriz que, con el crecimiento, se ha hecho más visible. "Ahora ya es adolescente y la cicatriz se ha estirado, se ha hecho más grande. La niña lo lleva por dentro", afirma.

La reclamación, según Coca, se sitúa alrededor de los 70.000 euros. El abogado defiende que es una cantidad "razonable" teniendo en cuenta el tiempo de tratamiento, las secuelas psicológicas y la cicatriz que arrastra la menor. "Es una niña que ha estado prácticamente dos años de tratamiento, con unas secuelas de por vida a nivel psicológico y marcada de por vida con unas cicatrices hipertróficas que se le extienden por el muslo prácticamente de arriba abajo", expone.

Evitar la vía administrativa

El letrado explica que, inicialmente, a los pocos meses de los hechos, la familia envió una comunicación al Ayuntamiento pidiendo que les facilitaran únicamente los datos de la compañía aseguradora municipal, con la voluntad de intentar canalizar el caso por la vía civil directa y evitar el procedimiento administrativo. Según Coca, sin embargo, el consistorio abrió igualmente un expediente de oficio. La familia optó entonces por no comparecer en aquel primer expediente para no cerrarse la vía civil mientras esperaba la curación de su hija, y el Ayuntamiento lo archivó provisionalmente.

Posteriormente, una vez la menor terminó el tratamiento y se pudo cuantificar la reclamación, la familia se dirigió a la compañía aseguradora.

Según el abogado, la aseguradora remitió la reclamación al Ayuntamiento y el consistorio reabrió el expediente, dándoles diez días para pronunciarse. Fue en ese momento, explica Coca, cuando la familia optó por presentar formalmente la reclamación por la vía administrativa.

"Ellos están obligados a dar una respuesta: o archivar de manera definitiva o seguir adelante con el expediente administrativo. Pero optan por el silencio", afirma el abogado. Coca asegura que, dada la actitud del consistorio, presentaron una nueva reclamación administrativa "desde cero", antes de que pasara un año de la curación de la niña, pero que tampoco han recibido respuesta. "No nos han notificado ni la apertura del nuevo expediente", lamenta.

El letrado critica lo que considera un «laberinto» administrativo para las víctimas. "Es la impotencia del ciudadano ante la no asunción formal de culpa por parte del Ayuntamiento", asegura. Según Coca, las acciones de la familia han ido más allá de los meros escritos formales dentro del procedimiento; se han hecho escritos, correos y llamadas para intentar obtener una respuesta y desbloquear lo que al principio daba a entender que había sido una asunción de culpa por parte del consistorio. "Siempre dicen que contestarán, pero solo tenemos el silencio por respuesta", afirma. También sostiene que el Ayuntamiento, a través de la alcaldesa, mostró interés en el caso durante los primeros meses, cuando el caso tuvo repercusión pública. "El Ayuntamiento mostró interés mientras el tema estuvo en los medios de comunicación, recibieron varias llamadas personales de la propia alcaldesa interesándose por el estado de la menor, pero una vez hecha la reclamación, no hay respuesta", denuncia.

Presencia de jabalíes

El ataque fue el colofón de meses de quejas de los vecinos sobre la presencia de jabalíes en el núcleo urbano de Cadaqués. De hecho, ya antes del incidente varios vecinos habían alertado de que estos animales bajaban a menudo al pueblo, se acercaban a zonas de playa e incluso rebuscaban mochilas en busca de comida. Al día siguiente de los hechos, los Agents Rurals y el Ayuntamiento acordaron capturas con cajas trampa y teleanestesia para evitar que los animales siguieran bajando al centro. También se anunció que la Policía Local velaría por el cumplimiento de la ordenanza que prohíbe alimentarlos.

En aquel momento, la alcaldesa de Cadaqués, Pia Serinyana, admitió que el municipio tenía un "problema grave" con los jabalíes que bajaban al núcleo urbano, sobre todo en verano, cuando encontraban menos agua y comida en la montaña. Tanto el consistorio como los Agents Rurals insistieron entonces en la necesidad de no dar comida a los animales, porque son fauna salvaje y pueden reaccionar de manera imprevisible si se habitúan a la presencia humana.

Ahora, casi cuatro años después, la familia reclama una respuesta al Ayuntamiento: "la inacción del consistorio fue la culpable del daño ocasionado a esta menor en el verano de 2022. Que no sea una nueva inacción del mismo Ayuntamiento la que obligue a recurrir a los tribunales para pedir justicia" y avisa de que, si no llega, recurrirá a la vía judicial.

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