Una asociación de trabajadores de la DGPPIA denuncia la "normalización de la violencia" en los centros de menores

La Associació de Professionals del Sector per a la Millora del Sistema de Protecció de la Infància i l'Adolescència a Catalunya (Ampicat) ha denunciado este lunes que las agresiones a los trabajadores de los centros de menores de la DGPPIA –la antigua DGAIA– se han "normalizado" y que una inmensa mayoría de estas residencias (el 93%) no cuentan con un registro de las incidencias ni con un protocolo de actuación o prevención.

Así lo han expresado en el tercer boletín de esta entidad, que se creó el pasado mes de febrero, que estima que cada año se producen entre 1.400 y 3.000 agresiones físicas al personal educativo de los 206 centros que existen en Catalunya. "Ante la ausencia de datos oficiales, Ampicat se ve obligada a realizar estimaciones orientativas que, aun siendo aproximadas, apuntan a una magnitud del problema difícilmente asumible por el sistema", reza el comunicado.

Según la entidad, gran parte de los trabajadores de estos centros deben lidiar habitualmente con adolescentes que pueden presentar trastornos graves de conducta, problemas de salud mental o consumo de sustancias en un clima que favorece las agresiones físicas. De hecho, según recoge el boletín de Ampicat, la violencia física es casi tan común como la verbal. Esto incluye desde golpes, patadas o empujones a los intentos de fuga y los intentos de fuga de algunos de los menores internos.

Diferencia público - privada

La entidad denuncia también que tan solo 14 de estas residencias dependen directamente de la Generalitat, mientras que los otros 192 (el 93%) están externalizadas. Esta diferencia es importante porque el "Protocolo de prevención y actuación frente a situaciones de violencia en los centros de protección de la infancia y la adolescencia" que aprobó la antigua DGAIA en 2017 solo aplica para los centros totalmente públicos. Así, la inmensa mayoría de los centros no cuentan con un sistema para hacer frente a las agresiones.

La diferencia entre los centros de gestión pública y privada no se centra únicamente en los protocolos de actuación. Según cifras adelantadas este lunes por la SER y confirmadas por EL PERIÓDICO, la diferencia salarial entre los trabajadores de los Centres Residencials d'Acció Edcuativa (CRAE) públicos y el de los concertados o subcontratados puede ser del 40%. Hace pocas semanas, el Govern firmó un convenio con los sindicatos y patronales del tercer sector para alcanzar en cuatro años la equiparación salarial. La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, asegura que el sueldo de los trabajadores del sector social aumentará al menos un 23%.

Presiones y condiciones

Los trabajadores, según apunta la asociación, también se enfrentan a prácticas deshonestas por parte de algunas de las empresas que gestionan los centros. En concreto, aseguran que reciben "presiones" para no denunciar las agresiones a los Mossos o a los técnicos responsables de la DGPPIA para que "no suba la media mensual de incidentes".

Las condiciones de estos trabajadores, según apuntan las cifras recabadas por la SER, también están tensionadas con ratios de hasta nueve menores por cada trabajador, turnos de hasta 24 horas seguidas y un sueldo que oscila entre los 20.000 y los 25.000 euros anuales. Ampicat señala que la situación en las residencias, especialmente en las de gestión externa, está provocando bajas laborales, abandono del sector y una pérdida constante de referentes educativos para los niños, niñas y adolescentes tutelados.

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