El matrimonio de la "casa de los horrores" de Oviedo quiere recurrir la sentencia porque les impide ver a sus hijos

Los padres del caso conocido como la «casa de los horrores» de Oviedo quieren recurrir la sentencia que les condena a dos años y diez meses de cárcel por mantener aislados a sus tres hijos menores en un chalé de Fitoria. No lo hacen tanto por la pena de prisión, de la que ya han cumplido una parte importante en preventiva, sino por la medida que más les duele: la inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda y acogimiento durante tres años y cuatro meses, el mismo tiempo en el que tampoco podrán acercarse a menos de 300 metros de los niños. «Eso no lo podemos soportar. Nunca quisimos hacerles daño a los niños, solo que no enfermasen», le dijo este miércoles la madre de los pequeños desde la cárcel a su abogado, Javier Muñoz.

El matrimonio, formado por un alemán de 54 años y una estadounidense de 49, asumió con alivio relativo que la Audiencia Provincial les absolviera de la acusación más grave, la detención ilegal de sus tres hijos, por la que la Fiscalía pedía más de 25 años de prisión. Pero sus defensas, Javier Muñoz y Helena González, analizan ahora con ellos todas las posibilidades de acudir al Tribunal Superior de Justicia de Asturias, y también todos los riesgos. Reabrir el caso en una instancia superior no garantiza una rebaja y podría terminar perjudicándoles si prosperan los recursos de las otras partes. Aun así, al menos «en caliente», los padres están dispuestos a asumir ese riesgo porque, según trasladan sus letrados, lo que no soportan es la separación física de sus hijos. Aunque ya ha pasado un año –en realidad les quedarían dos y cuatro meses separados– la medida es demasiado dura para ellos.

Los abogados tienen diez días desde la notificación de la sentencia, dictada el pasado lunes, para decidir si presentan recurso. También están pendientes de que les llegue la traducción al inglés encargada a Seprotec, para que ambos condenados puedan estudiar con detalle y en un idioma comprensible para los dos el contenido íntegro del fallo. «Habrá que valorarlo todo muy bien, explicarles todo lo que conlleva y actuar en consecuencia», dice Javier Muñoz.

Una llamada a la semana

De momento, el contacto de los padres con los menores se reduce a una llamada telefónica semanal de unos diez minutos. La sentencia no prohíbe la comunicación entre padres e hijos, apoyándose en los informes médicos y sociales que consideran beneficioso mantener el vínculo paternofilial. Las defensas entienden que, si los tutores de los niños así lo estiman y siempre bajo control profesional, no debería haber problema en que ese contacto pudiera realizarse también por videollamada.

Pero la pelota no está sólo en el tejado de los condenados. La consejería de Derechos Sociales y Bienestar, que actualmente tiene la tutela de los tres niños y está representada en la causa por la Letrada del Menor, tampoco está conforme con la resolución y sigue estudia la posibilidad de recurrir. Lo mismo hace la Fiscalía, que fue la parte que solicitó inicialmente las penas más elevadas por detención ilegal. Ninguna de las dos se ha pronunciado todavía. No se trata, insisten fuentes del caso, de una pataleta, sino de analizar a fondo la sentencia para comprobar si existen posibilidades jurídicas reales de apelación.

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