La abogacía de Barcelona pide más claridad y un mayor protagonismo en la regularización extraordinaria

La abogacía de Barcelona considera que hubiera sido "positivo para todo el mundo" que el Decreto ley de la regularización extraordinaria hubiera venido acompañado de instrucciones más claras sobre la documentación necesaria para tramitar la medida. Así lo ha reclamado este martes el diputado responsable de la Comisión de Extranjería del Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona (ICAB), Quim Clavaguera, que también ha lamentado que los abogados no estén habilitados para emitir informes de vulnerabilidad como sí pueden hacer sindicatos y entidades sociales. "Estamos más capacitados que nadie para emitirlo", ha defendido Clavaguera.

El responsable de Extranjería del ICAB ha explicado que "hubiera sido muy fácil" aportar una lista con los documentos que se exigen para demostrar una residencia superior a cinco meses en España y desde al menos el pasado 31 de diciembre. El listado no tendría que haber sido parte misma del decreto, simplemente un documento de instrucciones dirigidas tanto a abogados como la ciudadanía que lo dejaran más claro. Hoy por hoy, ha explicado Clavaguera, "el Gobierno deja a criterio de los abogados determinar qué documentos son válidos". "Ante la indefinición, hay compañeros que intentan demostrar todos los días que sus clientes pasaron aquí" y entregan expedientes de cientos de páginas, ha denunciado.

"Ante la indefinición, hay compañeros que intentan demostrar todos los días que sus clientes pasaron aquí", denuncia Clavaguera

En esa lista se hubiera tenido que concretar, por ejemplo, si los justificantes de asistencia al médico, los carnés de biblioteca o los billetes de transporte público son válidos o no para acreditar esa residencia. A juicio de Clavaguera, debería bastar con un certificado de empadronamiento anterior al 31 de diciembre y un pasaporte sin sello de salida de España para poder acreditarlo.

Clavaguera achaca esta falta de claridad a la velocidad con la que se acabó aprobando la norma y el hecho de que, pese a que acabó retrasándose dos semanas más de lo esperado, la fecha límite para entregar la documentación siga siendo el 30 de junio, algo que ha generado cierta "ansiedad", en palabras del jurista. Sin embargo, el abogado confía en que el plazo actual permita a todos los interesados acceder al proceso.

Informe de vulnerabilidad

Durante su intervención en un acto celebrado en el Col·legi de Periodistes de Catalunya, Clavaguera también ha lamentado que los abogados no estén habilitados para emitir los informes de vulnerabilidad que ahora necesitan un grueso de las personas que quieran acceder al proceso. Clavaguera ha alabado dispositivos como el que L'Hospitalet de Llobregat instaló en la Farga para emitir estos informes a todos los interesados.

Sin embargo, ha denunciado que muchas de las entidades sociales o sindicatos que sí que están autorizados a tramitar este documento –que solamente sirve para acceder a esta medida y no da acceso, por ejemplo, a ayudas sociales– en ocasiones cuentan con "una formación mínima" y atienden a muchas personas.

"Muchos compañeros estamos trabajando las madrugadas de los fines de semana para evitar colapsos en la web", ha explicado Clavaguera.

En este sentido, Clavaguera ha asegurado que los abogados están mejor habilitados que estas entidades porque están constreñidos por su código deontológico y cuentan con un seguro de responsabilidad social que protege a sus clientes ante posibles fallos en el procedimiento. El letrado también ha defendido que el hecho de que sus compañeros cobren por asesorar en un proceso que puede resolverse gratuitamente no es "una estafa", como se ha venido denunciando estas últimas semanas.

Más peticiones y problemas técnicos

En cuanto a la plataforma MERCURIO en la que se tramitan todas las solicitudes de la regularización, Clavaguera ha asegurado que hay algunos problemas técnicos, aunque no más de los habituales en el ámbito de Extranjería. "Muchos compañeros estamos trabajando las madrugadas de los fines de semana para evitar colapsos en la web", ha explicado.

Parte de estos incidentes podrían deberse, de hecho, al gran volumen de solicitudes presentadas. Aunque todavía no hay datos definitivos, Clavaguera asegura que no "vería extraño que se presentaran expedientes el doble de personas" de las entre 120.000 y 150.000 de las que se prevén en Catalunya.

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