Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Desafío institucional por la gestión del barco infectado

¿Cuáles son las tres incógnitas no resueltas que elevaron la tensión entre Canarias y el Estado por la evacuación del MV Hondius?

La falta de test PCR, la incertidumbre sobre el tiempo de estancia en Tenerife y la descoordinación en la evacuación aérea fueron los principales argumentos del Gobierno de Clavijo para rechazar el fondeo

Imágenes del desembarco de pasajeros del buque 'MV Hondius'

Imágenes del desembarco de pasajeros del buque 'MV Hondius' / G. C. / Andrés Gutiérrez

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Salvador Lachica

Santa Cruz de Tenerife
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La noche del sábado 9 de mayo la tensión entre el Estado y Canarias estalló con virulencia y motivó que la Comunidad Autónoma no avalara el fondeo –que este lunes pasó a ser atraque– del crucero MV Hondius afectado por un brote de hantavirus.

Más allá de la "anécdota" de las ratas con la que el Ejecutivo regional cree que los ministerios implicados han querido "ridiculizar" al presidente Fernando Clavijo, el Gabinete autonómico insiste en que la decisión se adoptó sobre la base de tres incógnitas que aún a día de hoy no ha resuelto el Estado: cuál era la situación real de los pacientes dentro del barco, que el fondeo durara el tiempo "mínimo e indispensable" y que la evacuación aérea se diseñara también con esa misma lógica de mínima permanencia en Tenerife.

Tres incertidumbres que se unen a la inicial del pasado 5 de mayo: no existe informe oficial de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para justificar el traslado del crucero a Tenerife cuando, en principio, se había decidido que la evacuación se hiciera en Cabo Verde. Por todo ello, el portavoz del Gobierno, Alfonso Cabello, no descartó, "aunque ahora no es el momento", recurrir la decisión estatal de imponer el fondeo sin la autorización de las autoridades canarias.

Y es que Canarias defiende que la disputa con el Estado es por un "problema de gestión y de falta de información" y va más allá de la emergencia sanitaria. Es un debate sobre el papel de Canarias en las decisiones del Estado que afectan al Archipiélago y la necesaria "lealtad institucional" que, para el Ejecutivo canario, brilló por su ausencia en la última semana.

1.- Sin test de PCR

"Ni siquiera les hicieron test de PCR a los viajeros para ver si, aún estando asintomáticos, estaban contagiados", reiteró este lunes Cabello. Este fue el principal argumento del Ejecutivo de Clavijo para no autorizar el fondeo del buque, pues "los hechos nos han dado la razón y hay tres pasajeros que han dado positivo al llegar a sus países de origen", remachó el portavoz gubernamental.

Desde el Gobierno autonómico se insiste en que el Servicio Canario de la Salud (SCS) no dispone de datos clínicos detallados sobre los pasajeros afectados, como historial médico, síntomas específicos o resultados analíticos. Esta carencia dificultaba la planificación asistencial y la capacidad de respuesta en los centros hospitalarios del Archipiélago en caso de que hubiera sido necesario.

"No se le han hecho los test antígenos y los PCR antes de que bajen los pasajeros y desembarcaron pasajeros infectados con el virus, al menos tres que ya sepamos, que es lo que nosotros queríamos evitar", argumentó el presidente Clavijo en varias intervenciones televisivas en las últimas 48 horas. Si Canarias no recibía “la información adecuada”, su Gobierno no permitiría el atraque del barco, defendió antes de la decisión adoptada en la noche del sábado.

En la misma línea se pronunció Cabello, quien denunció que Canarias se enteró siempre de los cambios en el operativo "a través de los medios de comunicación y nunca a través de canal oficial".

Este es, por tanto, el punto más delicado de la controversia institucional: la ausencia de pruebas diagnósticas generalizadas antes del desembarco. Canarias sostiene que los pasajeros continuaron bajando durante el domingo sin que se les realizara el test, cuando se sabe que dos días antes de que se presenten los síntomas, el virus es contagioso, y en algunos casos hasta cinco.

El Gobierno central, por su parte, defiende que el operativo se ajustó a criterios técnicos y sanitarios. Sin embargo, el Ejecutivo canario insiste en que nunca recibió la documentación necesaria para respaldar la decisión y mantiene que el desembarco se produjo sin las garantías de seguridad sanitaria que reclamó desde el primer momento.

2.- Tiempo mínimo indispensable

El desembarco del MV Hondius en Tenerife no fue solo una operación sanitaria. Fue también un dispositivo político medido al minuto, vigilado desde varias administraciones y marcado por una consigna que el Gobierno de Canarias repitió desde el primer momento: que los pasajeros tocaran tierra en las Islas el menor tiempo posible. Una directriz que en la noche del sábado saltó por los aires, después de que los ministros desplazados al puerto de Granadilla confirmaran que la evacuación no se circunscribiría al domingo y que se extendería hasta este lunes.

La frase que resume la posición del Ejecutivo autonómico la pronunció Clavijo cuando reclamó el 7 de mayo que "el tiempo que toquen tierra en Canarias sea el mínimo y con todas las garantías de protección". No era una observación técnica más. Era el núcleo del mensaje político del Gobierno autonómico: Canarias aceptaba colaborar, pero no quería convertirse en sala de espera de una emergencia sanitaria decidida fuera del Archipiélago.

El plan defendido por el Gobierno regional pasaba por reducir al máximo cualquier contacto con tierra. El barco no debía atracar, sino fondear. Los pasajeros no debían desembarcar hasta que los aviones estuvieran preparados. Y el traslado debía hacerse del mar al muelle y del muelle directamente al aeropuerto.

Aquella exigencia convirtió el operativo en una carrera contra el reloj y, al mismo tiempo, en una demostración de desconfianza institucional. El presidente canario sostuvo que "lo más importante" era "coordinar lo que es el traslado de esos pasajeros del barco al muelle y del muelle directamente al aeropuerto". En otras palabras: ni espera, ni dispersión, ni margen para improvisaciones.

La misma idea fue reforzada por Cabello en sus dos comparecencias del viernes previo a la llegada del crucero, con una descripción casi de guión cinematográfico del dispositivo: "Ni siquiera se van a detener en el control de pasaportes. El control se realizaría en el propio puerto; de ahí, guagua encapsulada, escolta, entrada al aeropuerto, pista, avión y despegue". La frase dibujaba un tránsito sellado, sin contacto con la población tinerfeña, sin paradas y sin margen para el error.

De hecho, Cabello también fue muy gráfico al asegurar que "la única ventana de oportunidad para proceder a la evacuación y traslado a los aviones será desde que amanezca la primera luz del sol el domingo hasta que cambien las condiciones meteorológicas el lunes, pues no habría de nuevo condiciones óptimas hasta finales de mayo".

Canarias prestaba puerto, coordinación y recursos, pero exigía que la presencia del pasaje en Tenerife fuera fugaz. El Estado no cumplió sus compromisos verbales –nunca incluidos en informes oficiales–, lo que elevó el malestar del presidente Clavijo en la polémica noche del sábado.

3.- Evacuación aérea

"Todos los pasajeros podrían haber sido evacuados el domingo sin esperar a este lunes. ¿Por qué el avión de Países Bajos partió con 150 plazas libres y el lunes tuvo que volver para recoger a los australianos? No tenemos respuesta". Estas declaraciones del portavoz Cabello resumen el tercer punto del malestar del Ejecutivo de Clavijo sobre el operativo de evacuación y por qué no autorizó que el crucero fondeara, lo que obligó al Estado a "imponer" la decisión. Para el Gobierno de Canarias los aviones debían estar preparados antes de que los pasajeros tocaran Tenerife. Sin aeronaves en pista, no debía haber desembarco. Sin repatriación inmediata, no debía haber operativo.

Esa fue la línea roja que el Ejecutivo autonómico intentó fijar desde el primer momento ante el Gobierno de España. El presidente Clavijo lo resumió con una frase que convirtió la evacuación aérea en el eje de toda la operación: "No van a salir del buque hasta que el avión no haya aterrizado para garantizar que ese tránsito se haga en el menor tiempo posible".

Todos los argumentos del Ejecutivo canario confirmaron que el punto más delicado sería la coordinación aérea y esta falló, a juicio del gabinete autonómico, pues ni todos los países implicados ni el Estado garantizaron que las aeronaves estuvieran disponibles para culminar la evacuación antes del anochecer del 10 de mayo.

Así lo confirmó en su momento también el vicepresidente del Gobierno, Manuel Domínguez: "Lo que está claro es que cuando el primer viajero desembarque, ya tiene que haber un avión en tierra para recibirlo".

"Todo deberá producirse en un único movimiento", insistió Cabello el viernes. Y ese "único movimiento" no fue garantizado por el Estado el sábado.

Ese "único movimiento" se convirtió en la fórmula política y operativa del Ejecutivo regional y convirtió en papel mojado la exigencia de Canarias de que si el destino final de los pasajeros era la cuarentena en sus países, la prioridad debía ser la evacuación aérea directa, no prolongar la escala en el Archipiélago hasta este lunes, como a final sucedió.

Para Canarias, los aviones no eran un detalle más del operativo. Eran la garantía de que la solidaridad no se transformara en riesgo. Un aval de seguridad que el Estado no cumplió.

Suscríbete para seguir leyendo