Mònica Martínez Bravo, consellera de Drets Socials: "Los inmigrantes usan muchos menos recursos públicos que el resto de la población"

Mònica Martínez Bravo (Barcelona, 1982) es doctora en Economía por el Massachussets Institute of Technology (MIT), donde recaló gracias a una beca tras licenciarse en la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Hija de inmigrantes de Burgos y criada en el barrio de la Prosperitat, saltó al mundo político cuando Salvador Illa la nombró consellera de Drets Socials. Antes, había trabajado en el despliegue del Ingreso Mínimo Vital (IMV) a nivel estatal. Tras cerca de dos años de mandato, en los que ha tenido que hacer frente a crisis en el sistema de protección de menores o en el acceso a las prestaciones sociales, repasa con EL PERIÓDICO los retos pendientes, entre ellos, el proceso de regularización de migrantes.

-Dijeron que acompañarían a los colectivos más vulnerables para acceder a la regularización de migrantes. ¿Cómo lo están haciendo?

-Nos hemos reunido con las principales entidades del ámbito social que trabajan en esta regularización y nos han explicado cómo trabajan en diferentes estrategias. Muchas de ellas ya dan servicio a colectivos especialmente vulnerables como mujeres víctimas de violencia de género o personas en situación de sinhogarismo. Nosotros hemos puesto financiación a su disposición. Hemos dado algo más de medio millón de euros.

"La regularización se ha hecho como se ha podido"

-¿Les cogió por sorpresa el cambio de parecer respecto al informe de vulnerabilidad?

-La regularización se ha hecho como se ha podido. Es cierto que algunos detalles no se han podido cerrar hasta justo antes de iniciar el proceso y esto ha provocado que el informe de vulnerabilidad sea más relevante de lo que inicialmente planteamos. Dicho esto, creo que ha habido una reacción positiva de la mayor parte de ayuntamientos. Cada vez hay menos colas y ahora entramos en la fase de asegurarnos de que tenemos suficientes espacios y recursos para hacer la tramitación.

-¿Cómo lo harán?

-Es una cuestión que hablamos muy estrechamente con el Gobierno. Trasladamos en una reunión a la secretaria de Estado de Migraciones un listado de municipios donde creemos necesario abrir más oficinas de Correos y a partir de esta gestión se ha abierto una en Vic y se abrirá otras tres más los próximos días.

"Se ha abierto una nueva oficina para tramitar la regularización en Vic y abriremos tres más"

-El presidente de PIMEC pidió precaución con los certificados de vulnerabilidad porque podían desincentivar el acceso al mercado laboral de los migrantes regularizados al dar a entender que daban acceso a subsidios sociales como el IMV... ¿Es así?

-No estoy segura de que esto sea exactamente así... Quizá, en algún momento puntual, este informe puede ayudar, pero tengo mis dudas. Un informe de vulnerabilidad no te da acceso automático a las ayudas.

-¿Qué opinión le valen esos discursos que relacionan inmigración con el acceso masivo a ayudas sociales?

-Hay que mirar la evidencia. Las personas de origen extranjero usan muchos menos recursos públicos que el resto de la población. Mayoritariamente son gente joven, que trabaja y que contribuyen mucho más de lo que suponen como uso de recursos públicos. Toda esta estrategia de poner el foco en los servicios públicos que necesitan me parece muy injusta y totalmente sesgada. Estas narrativas de 'prioridad nacional' lo que buscan es crear personas de primera y de segunda y son un caballo de Troya para reducir la confianza en el Estado del bienestar.

-Se habla mucho ahora de esta 'prioridad nacional'...

-Es un discurso totalmente condenable. He sido contundente en el Parlament y lo reitero: la prioridad nacional es apartheid. Lo que hacen la inmensa mayoría de personas migradas que regularizan su situación es trabajar cotizando en la Seguridad Social, pagando sus impuestos y contribuyendo con mucho más de lo que reciben. Yo creo que es de justicia decir que no puede haber personas que contribuyan a las que se les vete del Estado del bienestar. No es el modelo de sociedad que queremos en Catalunya.

"La prioridad nacional es apartheid"

-¿El catalán se tendrá en cuenta para renovar los permisos de la regularización?

-La Generalitat propuso una enmienda que fue aceptada por el Gobierno para reforzar el rol del catalán en la prórroga de la regularización. Creemos que es importante que estas personas tengan el compromiso y las herramientas para conocer la lengua. Por eso el conseller de Política Lingüística está impulsando una línea innovadora para reforzar el aprendizaje más primario del idioma.

-Ha gestionado la conversión de la DGAIA en la DGPPIA. ¿Qué ha cambiado más allá del nombre?

-Teníamos claro que era fundamental un cambio del sistema de protección a la infancia durante este mandato. Por eso, desde el minuto cero, cambiamos el liderazgo de esta dirección, pero eso no fue suficiente. Cambiamos la estructura de la dirección general para tener una gestion óptima y supervisar todos los ámbitos. Hemos lanzado 10 medidas para reforzar el modelo de desamparo y reforzar los derechos de las familias cuando se enfrentan a estos procesos y en los presupuestos previmos 111 millones de euros más. Estamos abordando esta transformación por tierra, mar y aire. No será de la noche al día, pero la reforma va a muy buen ritmo.

"Estamos abordando la transformación de la DGPPIA por tierra, mar y aire. No será de la noche al día, pero la reforma va a muy buen ritmo"

-Condonaron los pagos indebidos a los jóvenes vulnerables extutelados. ¿Tienen planteado amplíar esta condonación?

-Somos la única comunidad autónoma que ha hecho tres condonaciones de deudas de pagos indebidos y, a la vez, impulsábamos un modelo para que los pagos no se produzcan. La transformación de la Administración es esto, priorizar las personas y, si hemos pagado un poco de más porque nos hemos dado cuenta tarde, no pedirle que, además, lo tenga que devolver.

-¿Cómo se encuentra el bebé presuntamente maltratado por sus padres que está bajo custodia de la DGPPIA?

-Nos consta que evoluciona favorablemente con una familia acogedora que tenía experiencia con bebés muy pequeños. Es un caso dantesco, estamos consternados y nos hemos personado como Govern para poder seguirlo de cerca en el ámbito judicial.

-¿Revisarán los protocolos?

-Siempre que hay un caso de esta gravedad revisamos los protocolos, y lo continuaremos haciendo. De hecho, en el cambio de la DGPPIA hemos creado una unidad específica para tener profesionales con el espacio mental para poder revisar qué ha fallado y cómo podemos mejorarlo.

-En los centros de DGPPIA siguen habiendo unos 115 menores de dos años. ¿Cómo se revierte esta situación?

-Durante esta legislatura se han reducido un poco el número de menores de seis años en los centros. Estamos acompañando a las familias acogedoras para incentivar que más familias den el paso. A medida que vayamos mejorando estos apoyos, esperamos que más familias se animen a hacer esta tarea, que tanto transforma la vida de estos niños y niñas.

-Recientemente se ha aprobado una ampliación de la conocida 'ley Rhodes' para proteger a los menores en el ámbito judicial. Hay algunas dudas sobre su encaje en la actual legislación catalana.

-Lo estamos analizando, pero creemos que las formulaciones y cambios van en la buena dirección. Confíamos en que haya un encaje de algún tipo, pero aún lo tenemos que estudiar.

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