Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Drets Socials

Catalunya no volverá a contratar a entidades para gestionar las prestaciones a los extutelados

La consellera Martínez Bravo anuncia que, a partir del 31 de diciembre, el acompañamiento socieducativo a este colectivo se hará "con personal propio"

La consellera de Drets Socials, Mónica Martínez Bravo, en el Parlament.

La consellera de Drets Socials, Mónica Martínez Bravo, en el Parlament. / David Zorrakino - Europa Press / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, ha anunciado que el 31 de diciembre no se hará una nueva licitación de la gestión de prestaciones en programas de extutelados. Lo ha anunciado este lunes durante la comisión de investigación sobre la actividad de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA). Ha indicado que, de este modo, “deja de tener sentido” el trabajo que llevaba a cabo la UTE Resilis Mercè Fontanilles. La titular de Drets Socials ha explicado que la ayuda se calculará de forma “semiautomática, con datos administrativos”, y que las tareas de seguimiento socioeconómico “dejan de ser necesarias”. El acompañamiento socioeducativo a los jóvenes extutelados se hará “con personal propio”.

La consellera ha justificado la no continuidad de las dos entidades porque, a partir de ahora, se harán “cruces mensuales” de datos. Es decir, en todas las prestaciones vigentes en el ámbito de la protección a la infancia se comprobará con “la vida laboral de los beneficiarios, las bases de cotización, el padrón, el catastro e información de salud”. “Cuando se detecta que un joven empieza a trabajar, se le ajusta la prestación”, ha añadido.

Más tecnología, orden y calidad

Según Martínez Bravo, “por primera vez en la historia” habrá datos mensuales de la Tesorería General de la Seguridad Social, donde figuran las bases de cotización de los jóvenes.

Se trata de una modificación de la administración que incorpora “más tecnología” y pone “orden y calidad”. Martínez Bravo sostiene que permitirá una “mejor gestión de los recursos públicos” y un “uso más diligente, dando las prestaciones que a cada cual le corresponden”.