Arranca este lunes el juicio del caso Innova por irregularidades en la construcción del Hospital de Reus

La trama del caso Innova, que investiga una presunta red de corrupción relacionada con la construcción del nuevo Hospital Sant Joan de Reus, comenzará a juzgarse este lunes en la Audiencia de Tarragona, 14 años después de que estallara el caso.

En la primera jornada se abordarán las cuestiones previas de la pieza principal y de la segunda pieza separada. El exalcalde de Reus, Lluís Miquel Pérez; el exdirector general de Innova, Josep Prat; el exdirector del CatSalut, Carles Manté; y el arquitecto Jorge Batesteza figuran entre los principales acusados.

Junto al resto de procesados ("Ventura", "Torrell", "Gómez" y "Luqui"), se enfrentan a penas de entre siete y diez años de prisión por presuntos delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, falsedad documental y tráfico de influencias.

Tras siete años de instrucción, en marzo de 2019 el juzgado número 3 de Reus envió a juicio la pieza principal del caso y la segunda pieza separada. Desde entonces, varias líneas de investigación fueron archivadas, entre ellas las piezas 3, 5 y 10, además de la relacionada con las prótesis de Traiber. En mayo de 2024, el juicio tuvo que aplazarse por motivos de salud de uno de los acusados.

Este lunes, 11 de mayo, arrancará finalmente el proceso con las cuestiones previas planteadas por la Fiscalía, la acusación particular ejercida por el Ayuntamiento de Reus y la acusación popular de la CUP, además de las defensas de los ocho procesados.

También se sentarán en el banquillo los trabajadores de Innova Natalia Torrell, Ester Ventura y Jose Vicente Gómez, así como el representante de la UTE Euroconsult Catalunya-AXXO Gestión Proyectos, Sergi Luqui. Las dos empresas también están imputadas.

Contratos bajo sospecha

La construcción del nuevo hospital de Reus (actual Hospital Universitari Sant Joan de Reus) fue encargada a Innova, una sociedad mercantil íntegramente municipal creada en 2002 y sometida a la legislación de contratación pública.

Según la Fiscalía, las primeras mesas de contratación relacionadas con el hospital adjudicaron contratos clave a la UTE Euroconsult Catalunya-AXXO Gestión Proyectos, encargada tanto del proyecto y dirección de obras como de las funciones de "project manager".

Los investigadores sostienen que varios de los contratos se concedieron "con una omisión total y absoluta del procedimiento legal establecido".

Más de 720.000 euros facturados sin justificar

La Fiscalía sostiene que el exdirector del CatSalut, Carles Manté, fue contratado por Innova a través de su empresa CCM Estratègies i Salut tras abandonar el organismo público.

Según el escrito acusatorio, entre 2009 y 2011 Manté presentó facturas mensuales de 16.000 euros más IVA pese a no tener contrato vigente con Innova. El ministerio público asegura que llegó a facturar más de 720.000 euros sin aportar informes que justificaran los trabajos realizados.

La acusación considera que se simuló la prestación de servicios mediante documentación creada para aparentar legalidad.

La doble contratación de Jorge Batesteza

El arquitecto Jorge Batesteza fue contratado por Innova pocos días después de dejar su cargo en el CatSalut. Posteriormente, también habría trabajado para la UTE adjudicataria del proyecto hospitalario a través de su empresa BBATS Consulting Projects.

La Fiscalía sostiene que Batesteza cobró simultáneamente de Innova y de la empresa contratista por tareas similares relacionadas con el seguimiento y supervisión de las obras del hospital.

En total, habría facturado cerca de 387.000 euros a Innova, además de gastos de desplazamiento, mientras que solo entregó cuatro informes de los 43 exigidos.

Peticiones de prisión e inhabilitación

La Fiscalía solicita para Lluís Miquel Pérez, Josep Prat, Carles Manté y Jorge Batesteza penas de hasta ocho años de cárcel por los delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental, además de otros dos años adicionales por tráfico de influencias en algunos casos, por lo que podrían llegar a sumar penas de hasta diez años de cárcel.

También reclama largas penas de inhabilitación para cargo público y multas de hasta 200.000 euros.

Para Natalia Torrell y Ester Ventura se piden siete años de prisión, mientras que Jose Vicente Gómez y Sergi Luqui también afrontan penas de cárcel e inhabilitación por su presunta participación en la modificación de contratos y pagos investigados.

Responsabilidad civil

El ministerio público reclama además la devolución de las cantidades supuestamente desviadas. Entre ellas, más de 720.000 euros relacionados con los pagos a Carles Manté y otros 186.400 euros vinculados a contratos considerados irregulares.

La Fiscalía sostiene que todas estas cantidades fueron "indebidamente apropiadas y desviadas del erario público".