Alianza contra los bulos sobre la regularización de inmigrantes

Mucho antes de que el pasado 16 de abril se abriera el plazo para presentar solicitudes para la regularización de inmigrantes las redes sociales y algunos medios de comunicación ya iban llenos de críticas a la medida. En muchos casos, esos ataques, que siguen reproduciéndose a diario, no pueden enmarcarse en la discrepancia política, sino que son directamente mentiras o tergiversaciones que no sostienen un cotejo con la literalidad del decreto aprobado. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones lleva semanas desmintiendo bulos. Le asisten en la tarea plataformas de verificación, entre otras Efe Verifica y Verificat, y también organizaciones que están en contacto diario con los inmigrantes, como Cáritas. El apoyo de la Iglesia a la regularización ha sido firme y activo desde el principio, por "ética y justicia social". Ven este proceso como "una forma de dar dignidad, visibilidad y derechos a personas en situación irregular", y juzgan "preocupante" la hostilidad que ha desatado en algún sector, que han sufrido en sus propios perfiles de las redes sociales.

Un decálogo de infundios no puede ser exhaustivo, porque la lista es mucho más larga. Pero tanto las instituciones públicas como los organismos privados han detectado que la desinformación tiene una especial incidencia en tres ámbitos: el económico, el de la seguridad y el electoral. Estos son algunos de los principales bulos que circulan, y la explicación de por qué lo son. "Hay un incremento general de la desinformación, que, por otra parte, es un fenómeno tan antiguo como el ser humano. Lo que ha cambiado en las últimas décadas es la generalización del uso de internet y las redes sociales, un entorno muy propicio para la difusión masiva de los engaños", advierte Sergio Hernández, responsable de Efe Verifica.

El efecto llamada

Uno de los clásicos de las regularizaciones de inmigrantes. En esta ocasión llega con el acompañamiento audiovisual propio de la época: se viralizó por ejemplo un vídeo con dos embarcaciones llenas de migrantes llegando a Almería. Pero no era un vídeo actual, sino de hace dos años. En realidad, solo podrán beneficiarse de la regularización las personas que estaban en España antes del 1 de enero de 2026, así que no afecta a los que lleguen después. "Todas las personas que llegaran después de esa fecha no podrán incorporarse al proceso, con lo cual ese argumento es claramente malicioso", afirma Santiago Yerga, director general de Gestión Migratoria del ministerio. "El efecto llamada es un mito que circula con cada regularización. No podemos prever el futuro, pero en las anteriores no ha habido un incremento de las llegadas", dice Ona Sindreu, de Verificat.

El arma electoral

"Pedro Sánchez pretende robar las elecciones de 2027, y de ahí las prisas para la regularización", dijo Santiago Abascal, líder de Vox, en un mitin en Dos Hermanas el pasado martes. Pero en las elecciones generales, y también en las autonómicas, solo pueden participar las personas con nacionalidad española, y regularizar no es nacionalizar. Ese proceso es mucho más largo, y, para empezar, se deben demostrar 10 años de residencia en España. "Este bulo está vinculado a la teoría del gran reemplazo", sostiene Sindreu, según la cual unas oscuras élites estarían orquestando la sustitución de la población blanca por inmigrantes no europeos. Pero los residentes no nacionalizados solo pueden votar en casos muy concretos (con un acuerdo de reciprocidad entre países) en las elecciones municipales, pero también deben demostrar que llevan cinco años residiendo en España, lo cual impedirá la participación de los inmigrantes que se acojan al proceso actual en las municipales del año que viene.

El coladero de delincuentes

¿Por qué la regularización que se está llevando a cabo no puede sobre el papel provocar la llegada de inmigrantes con antecedentes penales? Porque a todo solicitante se le requiere un certificado de antecedentes penales. Pero, además, según el director general de Gestión Migratoria se han extremado los controles para que no haya errores al respecto. "Hay tres filtros. El primero es ese certificado de antecedentes de su país de origen, o del país en el que haya residido en los últimos cinco años, que el interesado debe aportar. El segundo es la consulta que hace la oficina de regularización, y todas las oficinas de extranjería, con el Registro Central de Penados y Rebeldes del Ministerio de Justicia, de manera automática, diaria y constante. El tercero es la valoración de si esa persona puede considerarse una amenaza para el orden público, la salud pública o la seguridad pública, para lo que se recaban informes de seguridad y se consultan bases de datos europeas", explica Yerga. Por todo eso, cree que vincular la regularización con la entrada de personas con "antecedentes penales graves" es "una mendacidad sin nombre".

El drenaje de recursos públicos

"Por regla general, los bulos que tienen más éxito son aquellos que apelan a las emociones y las creencias previas de los ciudadanos", sostiene Sergio Hernández, responsable de Efe Verifica. Quizás por eso, porque la repetición ha asentado ciertos prejuicios, ha hecho fortuna el temor a que una avalancha de inmigrantes colapse los servicios públicos. "Estas personas ya están utilizando los servicios públicos y trabajando, en muchos casos, en la economía informal", recuerda el director general de Gestión Migratoria. Lo que pretendemos es que, cuando adquieran los derechos de la regularización, se les visibilice administrativamente. No van a perjudicar a nadie; van a seguir aportando, con su trabajo, dinero a la Seguridad Social", añade. Un informe de 2023 sostiene que, hasta ese año, la regularización de 600.000 inmigrantes que impulsó en el año 2005 el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero generó un extra de 2.300 millones de euros anuales a la Seguridad Social. "Últimamente también se dice que con el certificado de vulnerabilidad se podrán pedir muchas ayudas, y se pasará por delante de la gente de aquí. Es falso: con ese certificado no se puede pedir, por ejemplo, el ingreso mínimo vital", destaca Sindreu, de Verificat.

Desde Cáritas, llevan tiempo haciendo pedagogía al respecto. El responsable de redes de la organización de la Iglesia, Daniel Illescas, recuerda que han preparado "material para redes sociales y para las parroquias para luchar contra la desinformación". La doctrina de la Iglesia es que "la regularización permitirá que cientos de miles de personas coticen, paguen impuestos y contribuyan formalmente al sostenimiento de los servicios públicos, reforzando el sistema en lugar de delimitarlo". Entre sus ventajas, Illescas destaca las de "reducir la economía sumergida, aumentar la recaudación y favorecer la inclusión, porque las personas migrantes ya contribuyen en el sector agrícola, en los cuidados, la hostelería o los servicios".

Es la primera regularización. Los enemigos políticos del Gobierno de Pedro Sánchez presentan la regularización de inmigrantes como un hecho inédito, vinculado a oscuros intereses de sus impulsores. Pero lo cierto es que no es una herramienta excepcional, y que la han utilizado ejecutivos de todos los colores. Felipe González echó mano de ella dos veces, en 1986 y 1991. José María Aznar convocó tres: en 1996, en 2000 y en 2001. Y Zapatero recurrió a ella en 2005; fue la más masiva. ¿Por qué se emprende ahora esta regularización, que según los cálculos institucionales podría afectar a cerca de medio millón de personas? "Después de un año de entrada en vigor del reglamento de extranjería, la puesta en marcha del proceso de regularización permite acompasar la situación administrativa de las personas que se encuentran en España con los cauces que establece el propio reglamento, para de alguna manera poder cerrar el círculo", responden desde el Ministerio de Inclusión.

El riesgo para la UE

Desde algunas trincheras políticas se ha subrayado que la regularización española llega en un momento en el que muchos países europeos, también de la UE, están endureciendo su política migratoria. Y que servirá para que muchos recién llegados puedan residir en esos países una vez hayan regularizado su situación en España. "El permiso es exclusivamente para residir y trabajar en España. Son personas que viven en nuestro país y que apuestan por tener un proyecto de vida aquí", subrayan desde el ministerio, que también sale al paso del supuesto malestar de otros países: "La Unión Europea reconoce que cada Estado decide sobre las personas que ya están en su territorio. No está prohibido y se ha hecho en otros países. Es un proceso individual, como exige Europa".

Encarece la vivienda

Hace unas semanas, una diputada de Vox en la Asamblea de Madrid leyó una lista de los supuestos adjudicatarios de una vivienda pública con nombres que podrían vincularse a la inmigración. En realidad era una lista de solicitantes, y muchas de esas peticiones fueron denegadas. Además, en los procesos para adquirir un piso de estas características se establece siempre el requisito de haber residido muchos años en el municipio en cuestión. Y, en última instancia, las adjudicaciones siempre están vinculadas a los ingresos económicos. "No encarecen el mercado, son quienes más sufren el acceso a un mercado de la vivienda muy tensionado. El informe de seguimiento del Marco Estratégico señala que el 23% de las personas extranjeras no comunitarias vive en hogares sobreocupados, frente al 6% de los españoles", dicen desde Inclusión.

Provoca un malestar espontáneo

No está nada claro que el incremento de contenido crítico con la regularización sea casual. "En las cuestiones relativas a la regularización, hemos visto cuentas de redes sociales que habían desinformado previamente sobre la inmigración que vuelven a hacerlo después de que se anunciara este proceso", subrayan desde Efe Verifica. "A la que vemos un bulo, al cabo de unas horas lo vemos repetido en muchos canales diferentes", añaden desde Verificat. "Determinados grupos usan estas herramientas para polarizar. Habría que pedir cuentas a todos los sectores que lo hacen", dice el director general de Gestión Migratoria.

Rivalidad por las pensiones

Uno de los bulos que más circulan en los útimos días es el de que los regularizados tendrán acceso inmediato a una pensión no contributiva. Inclusión ha preparado una explicación acerca de por qué eso no es posible: "No hay ningún tipo de pensión no contributiva que se puede percibir sin requisito de años mínimos de residencia". La de jubilación requiere 10 años de residencia; la de invalidez, "cinco años, los dos últimos seguidos justo antes de la fecha de la solicitud", además de "tener una discapacidad o enfermedad crónica en un grado igual o superior al 65%".

Se acabará prolongando el plazo

Frente a quienes aseguran que esta regularización tendrá prórroga, por el recurso ante el Tribunal Supremo y las dificultades logísticas para reunir algunos de los documentos necesarios para el trámite, como el certificado de penales, el ministerio asegura que no será así. "Quedan casi dos meses por delante hasta el día 30 de junio para que las personas beneficiarias presenten su solicitud", recuerdan.

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