Catalunya pide endurecer las penas a narcos ante el aumento de armas de fuego: 843 requisadas en un año

Un tiroteo junto un bar del barrio de la Torrassa de L'Hospitalet de Llobregat la madrugada del lunes ha sido el último incidente en Catalunya relacionado con armas de fuego. Desde hace años los Mossos d'Esquadra vienen detectando que personas vinculadas a organizaciones de narcotraficantes van adquiriendo pistolas, escopetas y hasta subfusiles, consideradas como armas de guerra, tanto para defenderse de posibles ataques de bandas rivales como para asaltar a otros grupos.

La mayor parte de los tiroteos en Catalunya están relacionados con el narcotráfico, principalmente la producción y distribución de marihuana. Los grupos criminales también usan estas armas en ejecuciones o intentos de asesinato o para amedrentar a miembros rivales con disparos al aire y contra fachadas.

La consellera Parlon considera que el endurecimiento de las penas ayudaría a combatir el tráfico de droga

Ante el riesgo para la ciudadanía que supone el uso en la calle de estas armas, el Departament d'Interior, que dirige Núria Parlon, ha solicitado al Gobierno que se endurezca el Código Penal para castigar con penas de cárcel más elevadas los delitos cometidos por miembros de grupos criminales vinculados al tráfico de drogas que estén en posesión de armas de fuego.

Actualmente, el delito de tenencia ilícita de armas se castiga con una condena entre uno y tres años de cárcel, que puede ser un poco superior en el caso de aquellos que tengan armas de guerra.

La consellera Parlon considera que el endurecimiento de las penas ayudaría a combatir el tráfico de droga, muy presente en Catalunya una de las zonas de Europa en las que se cultiva y se transporta más marihuana y donde numerosas bandas nacionales e internacionales que se refuerzan con armas de fuego. Hay incluso grupos que cambian droga por pistolas, como el que desarticularon los Mossos hace unos meses en zonas del Baix Llobregat.

Presión policial

La conselleria está reforzando los equipos de investigación de Mossos con el objetivo de acabar con el crimen organizado y planea también especializar a más agentes en la lucha contra el narcotráfico, además de dotarles con más recursos.

La policía catalana mantiene activo un plan para reforzar el patrullaje en zonas en las que producen tiroteos mientras los investigadores indagan sobre los que participan en ellos.

En 2025 los Mossos requisaron 843 armas en Catalunya, incluyendo también las simuladas en otro objeto, las de avancarga (como rifles antiguos) y las detonadoras. Se trata de casi un 9% más que las 774 escopetas, pistolas y otras armas confiscadas por los agentes el año anterior. En 2023 fueron 922 y en 2022, 793.

Casi un 60% de las armas de fuego que se comisaron el año pasado eran largas, como fusiles, escopetas o carabinas, y el resto pistolas. En 2024, los agentes contabilizaron 69 tiroteos en Catalunya, un 23% más que el año anterior. Sin embargo, 40 de ellos (56,5%) fueron disparos al aire para intimidar o atemorizar a otros grupos rivales y no provocaron heridos.

Tiroteo en L'Hospitalet

Precisamente, una advertencia parece ser la principal hipótesis del tiroteo registrado en el bar Josué de L'Hospitalet de Llobregat durante la madrugada del pasado lunes. Los Mossos d'Esquadra investigan este suceso que estaría relacionado con una pugna entre organizaciones criminales por el tráfico de droga en los barrios limítrofes entre Barcelona y L'Hospitalet, según ha podido saber este diario.

El tiroteo en L'Hospitalet estaría relacionado en una pugna entre bandas por el tráfico de droga

La policía no ha encontrado a los presuntos autores del tiroteo, pese a que han identificado a personas que había dentro del bar. No se han producido detenidos. Los agentes han tomado declaración a varios testigos y han visionado imágenes de las cámaras de seguridad de la zona.

El bar Josué ha sido foco de polémica en ocasiones anteriores. El Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat explicó el año pasado que, desde el 1 de septiembre de 2024 y hasta el 3 de marzo de 2025, la policía hospitalense recibió "múltiples quejas vecinales por ruidos e incumplimientos en el funcionamiento de este bar". Así, tras varias intervenciones, se impuso a los responsables una sanción económica superior a los 5.000 euros, así como el cierre del local durante cuatro meses —del 8 de marzo al 7 de julio de 2025—.

El Gobierno local redoblobó ya hace un año la presión en locales conflictivos de la ciudad, muchos de los cuales actuan como bares musicales, discotecas o 'afters' sin tener licencia. Entre otras cuestiones, el consistorio y la policía buscan poner fin a las molestias vecinales, así como detectar o mitigar otros delitos o irregularidades que tengan lugar en estos espacios.

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