Movilización docente
La patronal del ocio educativo pide no instrumentalizar los viajes escolares en el conflicto catalán
Casi 800 escuelas e institutos públicos catalanes se suman a la campaña para dejar de hacer salidas y colonias escolares el próximo curso

Dos niños juegan en un campamento deportivo, el pasado verano. / Jose Luis Roca

En plena movilización docente en Catalunya para suspender las salidas y colonias del próximo curso hasta que Educació implemente “mejoras reales, estructurales y efectivas en el sistema educativo público”, las empresas de ocio educativo y tiempo libre han alzado para la voz para defender los campamentos escolares como “un servicio educativo esencial que debería estar al margen de reivindicaciones ajenas al sector”.
Fuentes de Aneacamp (Asociación Nacional de Empresas de Actividades y Campamentos, que reúne a más de 120 entidades de toda España) aseguran que apoyan el diálogo de los profesionales de la enseñanza con el Govern, pero insisten en que las salidas no son una actividad lúdica de la que se pueda prescindir. “Estamos convencidos de que el currículo educativo de un alumno no se debe limitar al aula. La educación no formal genera un impacto profundamente positivo en el desarrollo físico, emocional, social e intelectual en todas las etapas educativas”, reconocen.
De momento, el enfrentamiento de los docentes con el Govern no apunta maneras de solucionarse a corto plazo y las familias están más que preocupadas por la posible suspensión de las salidas el próximo curso. La portavoz del Govern, Sílvia Paneque, aseguraba hace unos días que el Departament no puede obligar a los docentes a ir de colonias. También alegó que la Generalitat había hecho “lo que tenía que hacer”: aprobar el pago de 50 euros por noche, que los sindicatos consideran absolutamente insuficientes. Los docentes, mientras, se lamentan un problema estructural y alegan que ningún otro colectivo asume una responsabilidad de 24 horas sin un marco legal.
Desde el Govern insisten en que el 'Acuerdo de país' firmado con UGT y CCOO "da respuesta a la mayoría de las demandas del profesorado" y que lo tienen que hacer es desplegarlo. Así que, a día de hoy, la situación no tiene visos de solucionarse. La primera huelga general educativa del trimestre está prevista para el martes 12 de mayo. Si nada cambia la segunda será el 27 de mayo y la última el 5 de junio, a cuatro días de la selectividad.
Beneficios
Con el conflicto así de abierto, la patronal recuerda la importancia de las colonias. El contacto directo con la naturaleza, el desarrollo de competencias que no se tocan en el aula, la educación en valores y la convivencia respetuosa son algunos de los beneficios de las excursiones, explica Aneacam en un comunicado. También destacan la autonomía y crecimiento personal, el compañerismo y el trabajo en equipo, el desarrollo de habilidades sociales, el refuerzo de la curiosidad, la imaginación y la creatividad y la conciencia ambiental.
“El mantenimiento de estos viajes es clave para garantizar una educación completa, moderna y de calidad”, asegura la asociación tras dejar claro que respeta las reivindicaciones de los docentes (se han sumado ya casi 800 centros públicos), pero “sin instrumentalización”. Los viajes escolares -concluyen- no debe ser utilizado como “medida de presión en conflictos laborales ajenos a nuestra actividad profesional”.
La cancelación de los viajes escolares con pernoctación pone “en grave riesgo la estabilidad de las empresas, la viabilidad de las instalaciones y los equipos profesionales dedicados exclusivamente a la comunidad educativa y que garantizan su correcto funcionamiento, la logística y la seguridad de estas actividades” . ANEACAMP hace un llamamiento a la responsabilidad compartida para evitar escenarios que dañen la sostenibilidad de un tejido empresarial que genera empleo y cohesión social.
La patronal del ocio educativo insta a las administraciones, los colegios y los sindicatos a buscar “soluciones equilibradas que protejan el calendario de viajes escolares”. Y concluyen con un llamamiento a separar “las legítimas mejoras en las condiciones del profesorado” de la continuidad de “un servicio esencial que las familias demandan y que el alumnado necesita para su formación integral”.
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