Lesionado, sin operar y con la pensión recortada: la denuncia de un trabajador que solo quiere "volver a vivir"

En el salón de su casa, en Cáceres, Francisco Javier Jiménez mide cada movimiento. Levantarse del sofá no es un gesto automático: es una maniobra lenta, calculada, apoyada en dos muletas que ya forman parte de su cuerpo. Tiene 48 años, más de tres décadas cotizadas y una vida laboral que se detuvo en seco tras un accidente que, oficialmente, nunca fue accidente. “Yo lo único que quiero es poder hacer vida normal otra vez”, dice.

A su lado, su mujer, María José Morquecho, sostiene el relato con una mezcla de cansancio y determinación. Lleva más de dos años peleando contra informes, resoluciones y silencios administrativos. “A mi marido le han hecho una injusticia muy grande”, resume.

La historia comienza el 4 de diciembre de 2023, en Valencia. Francisco trabajaba en labores forestales, limpiando montes y carreteras, abriendo cortafuegos entre ramas y piedras. En mitad de la jornada, mientras cargaba restos de pino, su pie quedó atrapado. “Metí la pierna entre dos piedras y sentí que la rodilla me corrió. Caí al suelo”, recuerda.

Era viernes. Aguantó el fin de semana como pudo. El lunes, de madrugada, cuando sonó el despertador para volver al trabajo, entendió que algo no iba bien. “No podía levantarme. Tenía la rodilla muy inflamada”.

Hizo lo que cualquier trabajador haría: avisó a su empresa. Envió fotos y explicó lo ocurrido. La respuesta fue clara: debía acudir primero al centro de salud. Después, ya verían. Ese paso marcaría todo lo que vino después.

El detalle que lo cambia todo

En la consulta, una médica —asignada por ser trabajador desplazado— registró la lesión como enfermedad común y no como accidente laboral. Y he aquí el quid de la cuestión. “Ese fue el error”, insiste Francisco. “Y por ese error estoy así”.

Puede parecer una diferencia técnica, casi burocrática. Pero en el sistema español no lo es. Esa etiqueta determina quién asume el caso, qué prestaciones corresponden y, en última instancia, cuánto dinero percibe el trabajador. También condiciona los procesos judiciales.

La familia intentó revertir la situación. Presentaron pruebas, vídeos, fotografías del momento del accidente, informes posteriores. Nada fue suficiente. “Todos los papeles parten del primero. Y el primero está mal”, explica María José. El caso llegó a juicio pero lo perdieron.

Dos años para una operación

En paralelo, la atención médica avanzaba con una lentitud desesperante. Francisco pasó cerca de dos años esperando una operación. Los dos meniscos de la rodilla rotos, y el ligamento cruzado dañado. Durante ese tiempo, la lesión no se detuvo: avanzó.

Además, cuando finalmente fue intervenido no se abordaron todas las lesiones detectadas. “El traumatólogo sabía que tenía el menisco interno, el externo y los ligamentos cruzados dañados. Pero solo lo operaron de una cosa”, relata su esposa. Según cuentan, en el informe ponía que solo había que operarlo de un menisco, y el médico se guio por el informe pese a ver la realidad. Si querían tratar esos daños, 'a la cola' de nuevo. "¿Tenemos que esperar otros dos años?".

El resultado fue inmediato. A los pocos meses, durante la rehabilitación, la rodilla terminó de ceder. “Se le rompió lo demás”, dice. La otra rodilla también se ha visto afectada al tener que soportar más peso y, además, alguna que otra caída en casa.

Por eso, hoy el diagnóstico es más complejo: meniscos dañados, ligamentos rotos en ambas piernas y un desgaste del fémur que, según les han indicado, alcanza el 80%. La solución médica pasa por una prótesis, pero tampoco es una opción inmediata. “Dicen que es demasiado joven. Que hasta los cincuenta y tantos o sesenta no”, explica María José. Mientras tanto, el tiempo sigue corriendo.

El conflicto sanitario se transformó pronto en un problema económico. Al no reconocerse el origen laboral, Francisco fue jubilado por enfermedad común y su prestación se redujo prácticamente a la mitad. “De unos 1.200 euros ha pasado a unos 600”, explica María José.

Sin salir de casa

Con ese ingreso y una situación médica sin resolver, la vida cotidiana se ha encogido. Francisco apenas sale de casa y el miedo a que las rodillas se bloqueen lo acompaña en cada intento. Ya le ha ocurrido varias veces. La última vez que salió a la calle fue en la Pasión Viviente que precede a la Semana Santa de Cáceres. El 26 de marzo. Y no fue bien.

“Se le bloqueó el cuerpo. Tuvimos que ir a urgencias y estuvo allí hasta la madrugada”, recuerda su mujer. “Pero ningún traumatólogo lo vio”. A Francisco le dio un presíncope, y recuerda cómo le faltaba el aire y, sobre todo, tenía el cuerpo rígido.

El impacto emocional es evidente. “Está muy mal. No quiere salir. Esto le ha hundido”, dice ella. Su propio marido es el primero en reconocer que está atravesando una dura depresión. Aun así, la familia no ha dejado de insistir. Han presentado reclamaciones en distintos organismos, han conseguido informes adicionales —incluido uno que sí menciona el origen laboral— y han vuelto a recurrir judicialmente. Su abogado ha presentado nuevas alegaciones y ya esperan respuesta.

También esperan una cita con traumatología solicitada en enero. Sin embargo, la última información que han recibido no invita al optimismo: las listas de espera, según indican que les han dicho, siguen ancladas en pacientes de 2023.

En casa, el tiempo se mide de otra forma. No por meses ni por años, sino por dolores, informes y llamadas que no llegan. “Solo queremos que lo operen y que se reconozca lo que pasó”, dice María José. Fuera, la vida sigue. Dentro, la suya continúa en pausa, sostenida por dos muletas y una desesperación que parece no tener fin.