El Govern sella un acuerdo con patronales y sindicatos para mejorar el salario de 120.000 profesionales del sector social

El Govern y los principales sindicatos y patronales del sector social de Catalunya han sellado un acuerdo para alcanzar la equiparación salarial de los trabajadores en un plazo de cuatro años. Así lo ha anunciado este miércoles el president de la Generalitat, Salvador Illa, durante una visita al centro de atención primaria (CAP) Vic Sud. El acuerdo prevé que el ejecutivo catalán destine 150 millones de euros anuales hasta 2030 para que, a partir de esa fecha, los trabajadores del sector cobren lo mismo independientemente de si son funcionarios o trabajan para alguna de las muchas entidades que la Generalitat subcontrata para gestionar, por ejemplo, residencias de ancianos, recursos para personas sin hogar o salas de atención a las personas drogodependientes. "No será en un año, pero hemos adquirido el compromiso; y es un nuevo paso en el camino" de dignificar el sector, ha celebrado el president.

El nuevo modelo de financiación mejora las partidas a organizaciones proveedoras de servicios en función de las mejoras salariales que introduzcan

Además de estos 600 millones de euros que el Departament de Drets Socials prevé invertir en los próximos años, el llamado Acuerdo de Bases prevé una reforma íntegra del sistema de financiación que beneficie a aquellas entidades que mejoren las condiciones laborales de sus empleados. Para ello, el nuevo convenio establece un sistema por el cual la Generalitat ofrecerá más ayudas a aquellas entidades que garanticen mejores salarios para sus empleados.

Un sector precarizado, desigual y dividido

Este nuevo acuerdo venía tomando forma desde hace prácticamente un año y, sobre todo, desde el pasado mes de noviembre, cuando un informe encargado por la Generalitat cifró en algo más de 563 millones de euros anuales el coste de hacer frente a la equiparación salarial y apuntó a la necesidad de una reforma profunda del sistema de tarifas. No es de extrañar si se tiene en cuenta que, en un sector clave como es el social –se enfrenta al reto, por ejemplo, de atender a las personas mayores en un contexto de envejecimiento generalizado de la sociedad–, el sueldo medio es de 18.402 euros anuales. De hecho, el 46% de los poco más de 120.000 trabajadores del Tercer Sector cobran menos de 19.600 euros al año.

Además, la negociación colectiva tampoco es sencilla en el sector. La gran diversidad de actividades que abarca ha hecho que existan en la actualidad 17 convenios diferentes. La Generalitat quiere aprovechar el acuerdo alcanzado para lanzar un Acuerdo Marco Regulador que siente unas bases comunes para todos estos convenios.

Reforma de las tarifas

Estas bases comunes para los convenios serían un blindaje adicional para que la reforma del sistema tarifario que han acordado la Generalitat, todas las patronales y los sindicatos CCOO y UGT –mayoritarios en el sector– tenga éxito. Las tarifas son los pagos que realiza la Generalitat a las empresas o entidades del sector social que gestionan alguno de sus servicios, que varían en función del número de plazas que se gestionan. Hasta ahora, los incrementos en estas tarifas sociales se han realizado de manera lineal y, de hecho, hasta hace tres años los aumentos eran tan bajos que el sector perdió poder adquisitivo al crecer por debajo del ritmo del IPC.

A partir de este 2026, tras la firma del convenio, estas empresas podrán calcular y acreditar su 'indicador salarial', una cifra basada en sus salarios medios actuales y en un compromiso de aumento de sueldos que tendrá que venir firmado por la empresa y los sindicatos. En función de este 'indicador salarial', el departament de Drets Socials establece tres tramos de incremento de tarifas. Así, si este "indicador" queda por debajo de los 19.600 euros –el 60% del sueldo medio en Catalunya–, la Generalitat solo aumentará las tarifas con el IPC.

Atención a personas mayores

A partir de este primer umbral, todo varía en función del ámbito de servicios del que se hable. Así, por ejemplo, en las entidades que gestionan residencias de ancianos, un 'indicador salarial' de entre 19.600 y 21.000 euros implica un aumento de las tarifas del 6,38%. Por encima de 21.000, la tarifa sube hasta el 8,34%. La atención a personas mayores no solo concentra a la inmensa mayoría de los trabajadores del sector social, sino que se trata del ámbito en el que más brecha salarial existe entre trabajadores públicos y subcontratados, un 42%.

En el resto de sectores, los umbrales son algo más altos, ya que las brechas son algo más reducidas y, en general, los sueldos ya son un tanto más elevados que los de las residencias de ancianos. Así, las empresas que se encarguen de atender a personas con discapacidad cambiarán de tarifa a partir de los 'indicadores salariales' de 24.400; los de atención a la infancia a los 28.700 euros y los de salud mental y drogodependencias a los 29.500 euros.

El acuerdo alcanzado también dispone comisiones de seguimiento, con participación de Administración, patronales y sindicatos para asegurarse de que los 'indicadores salariales' facilitados por las entidades se cumplen.

Caràcter retroactivo

Las empresas que quieran acogerse este mismo año a la oportunidad y presenten en las próximas semanas su nuevo compromiso de incremento salarial reciban sus nuevas tarifas ya revisadas con carácter retroactivo hasta el próximo mes de enero.

La idea es que con el paso de los años, y a medida que los sueldos de los trabajadores vayan aumentando, también lo hagan estos umbrales para acceder a las tarifas más generosas. Los cálculos del Govern también apuntan que, en el supuesto de que las entidades destinen todo el incremento tarifario a los sueldos–pueden utilizarse para otros gastos–, el 100% de las residencias completamente públicas alcanzarían la equiparación salarial de aquí a cuatro años. Más lejos quedarían de ese objetivo las residencias con algun porcentaje de plazas privadas, aunque el compromiso del Govern es que todo el sector esté equiparado para el 2030.

Satisfacción entre las patronales

La Confederació, una de las patronales signatarias del acuerdo, ha visto con buenos ojos la reforma del modelo de financiación del sector. "Firmar el acuerdo es un acto de responsabilidad política, y representa la voluntad compartida por todas las partes de dar una respuesta definitiva a este agravio con las profesionales del sector", ha destacado el presidente de la patronal, Jordi Roman. Eso sí, el presidente de la Confederació ha afirmado que, "para hacer realmente efectiva la equiparación salarial, se deberá seguir negociando con el Govern para que incorpore compromisos de otros departamentos y Administraciones públicas que no estan presentes en el acuerdo".

Por su parte, la presidenta de la Associació Catalana de Recursos Assitencials (ACRA), otra de las consignatarias, ha aplaudido la "gran apuesta" del Govern y ha hecho un llamamiento a aprovechar la reforma para tener a un "bien cuidado" al personal que cuida de otras personas.

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