Acuerdo entre Interior y Educación
Policías en colegios e institutos: así funcionan los modelos que ya existen en España antes del plan de los Mossos
El Gobierno de España impulsó hace ya más de 20 años la presencia policial en los alrededores de los centros educativos y actualmente nueve comunidades tienen iniciativas similares a la catalana
¿Cómo funciona el programa piloto de Mossos en escuelas e institutos catalanes? Todas las claves
Imagen de los agentes tutores, en un instituto de Madrid. / Ayuntamiento de Madrid
Por qué confiar en El Periódico El programa piloto impulsado por el Govern para enviar Mossos d’Esquadra de paisano a escuelas e institutos no es un caso único. De la mano de los ministerios de Interior y Educación, el Gobierno de España impulsó hace ya más de 20 años la presencia policial en los alrededores de los centros educativos. Actualmente, nueve comunidades -Galicia, Navarra, Andalucía, Comunitat Valenciana, Madrid, Baleares, Murcia, Castilla-La Mancha y Castilla y León- tienen iniciativas similares a la catalana. Cada una tiene sus propias especificidades aunque la de los Mossos implica, según fuentes del Govern, “dar un paso más allá” respecto a la figura del agente-tutor. A continuación, repasamos las líneas del plan director español y los casos específicos de Madrid, Baleares y Galicia.
“Los centros educativos constituyen el lugar idóneo para que los niños, niñas y adolescentes reciban una formación que incluya no sólo la adquisición de conocimientos y valores democráticos, sino también la adopción de aptitudes y hábitos de seguridad personal y ciudadana, favoreciendo conductas que promuevan la convivencia en estos entornos y la resolución pacífica de conflictos”. Con esta declaración de intenciones, el Gobierno socialista de Zapatero alumbró en 2006 un acuerdo entre los ministerios de Interior y Educación para la mejora de la seguridad en las escuelas.
Un año después, la Secretaría de Estado de Seguridad puso en marcha el plan director para la convivencia y la mejora de la seguridad escolar. El objetivo era “responder de manera coordinada y eficaz a las cuestiones relacionadas con la seguridad de menores y jóvenes en el centro educativo y su entorno, fortaleciendo la cooperación policial con las autoridades educativas”. Es decir, que la comunidad escolar conociera mejor a los cuerpos policiales y confiara más en ellos. También potenciaba las charlas informativas por parte de los agentes.
El plan director dio sus primeros pasos haciendo hincapié en los problemas derivados del consumo y tráfico de drogas, el acoso escolar o la seguridad vial. Con el paso del tiempo, el protocolo tuvo actualizaciones en 2009, 2022 y 2013 para ampliar la competencia de los agentes en conflictos al ámbito de la discriminación por razón de sexo y la violencia machista.
En 2023, el Gobierno impulsó otro plan director para “potenciar las actuaciones preventivas frente a los riesgos a los que se ven sometidos los niños, niñas y adolescentes en el entorno digital, promoviendo la formación en competencias digitales”. Uno de los objetivos es “incrementar la vigilancia policial en las inmediaciones de los centros educativos para prevenir y combatir el tráfico, consumo y tenencia de drogas, así como todo tipo de conductas violentas”. La normativa también potencia las sesiones informativas de los agentes sobre acoso escolar, violencia machista, acoso digital y abusos sexuales e insta a los agentes a estar en continuo contacto con la dirección escolar, las asociaciones de familias y el coordinador de bienestar del colegio o instituto.
En 2002 nació en Madrid el servicio de agentes tutores, especializado en la protección de menores y en la vigilancia de los centros educativos. Entonces eran poco más de una treintena y hoy son más de 200, informa Víctor Rodríguez. “Empezamos por darnos a conocer en colegios e institutos. Al principio chocaba mucho eso de la policía en las escuelas, pero hoy nos hemos convertido en una herramienta fundamental de contacto en el día a día", explica Alfonso, que lleva más de 30 años en la policía municipal.
Representantes de la cara más amable de la policía, su trabajo se centra fundamentalmente en la prevención, aunque también realizan funciones de vigilancia en entornos escolares y de ocio. Tienen contacto directo con las direcciones escolares y acuden ante una situación de conflicto. Realizan, cada año, más de 20.000 intervenciones. La mayoría, vigilancias en centros escolares, seguimientos derivados de otras actuaciones de la policía y charlas informativas. También remiten a la Fiscalía expedientes e informes en materia de protección de menores.
La memoria del programa policía tutor de Baleares correspondiente al curso 2024-2025 incluye 5.786 actuaciones, un 5% menos que en el anterior: 2.482 en el ámbito escolar, 3.029 con menores fuera del ámbito escolar y 275 en relación con las nuevas tecnologías, informa Myriam B. Moneo.
Los agentes se están encontrando con un problema mayúsculo con el vapeo, incluso en menores de 10 años. El aumento de este consumo entre los escolares del archipiélago está llegando hasta tal punto que los agentes han detectado que trafican con ellos. Los compran por internet y se los revenden entre ellos. “Urge una normativa más estricta contra el vapeo con un abordaje a nivel estatal”, advierte el coordinador del programa policía tutor, Rafel Covas. El curso pasado, 102 policías tutores impartieron más de 2.000 talleres preventivos en los que participaron unos 52.000 alumnos y 544 padres y madres. Las temáticas se centraron en el acoso entre iguales, el uso de las nuevas tecnologías y las drogas. El programa ha sido bien acogido por los centros, que le han puesto un sobresaliente de nota (4,5 sobre 5). Baleares, de hecho, acaba de presentar su programa a Canarias, que ya mostrado interés en que los ayuntamientos lo implanten.
En Galicia, el refuerzo policial alrededor de colegios e institutos lo coordina el Gobierno español, no la Xunta directamente, a través del plan director para la convivencia y mejora de la seguridad en los centros educativos y sus entornos, informa Irene Bascoy. La Xunta participa como administración educativa, pero la vigilancia policial corresponde a Policía Nacional o Guardia Civil, según la demarcación. El plan está coordinado en Galicia por la Delegación del Gobierno, a través de la inspección educativa. Entre sus actuaciones figuran talleres en los centros, pero también vigilancias policiales en los alrededores y otras medidas para mejorar la seguridad y la convivencia. Solo entran en el recinto para impartir charlas. En los casos de trapicheo de drogas, peleas, grupos juveniles violentos, acoso o violencia contra la comunidad educativa, el cauce ordinario es el plan director. Las charlas de los agentes abordan expresamente drogas y alcohol, acoso escolar, adicciones, delitos de odio, prevención de delitos sexuales y otros riesgos.
Además, las escuelas pueden pedir algo más que charlas. La propia Delegación del Gobierno indica que, si un colegio o instituto necesita “aumento de la vigilancia en el entorno”, puede contactar con su agente de referencia. Es decir: si hay sospecha de venta de drogas en las inmediaciones, conflictos recurrentes a la entrada o salida, peleas o presencia de grupos violentos, el centro puede solicitar esa intervención policial.
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