Detectan en Girona el uso de tarjetas de aparcamiento reservadas para movilidad reducida de personas muertas

Una de las quejas más curiosas que aparecen en la memoria anual de 2025 de la Defensora de la Ciudadanía de Girona, Marta Alsina, es el uso fraudulento de personas con movilidad reducida, de personas que están muertas. La defensora apunta en el documento que recibió la queja por parte de una ciudadana y con la colaboración de la Asociación de Multicapacidades constató que el uso fraudulento era cierto y que esto "ocasionaba un agravio importante a quien realmente necesitaba hacer uso" de la tarjeta para aparcar en lugares expresamente para personas con movilidad reducida en la ciudad.

En este sentido, Alsina propuso cambiar "el sistema de control respecto a la vigencia y titularidad" de las tarjetas de las personas de movilidad reducida. También que "se establecieran mecanismos adecuados para facilitar la información entre administraciones para que fuera lo máximo de real y actualizada posible".

La misma memoria, que fue presentada este lunes en un pleno extraordinario (aunque la defensora no explicó este caso concreto), también recoge una queja por la disconformidad por la sanción por el uso fraudulento de una tarjeta de persona con movilidad reducida. La defensora explica que este tipo de autorizaciones "generan continuamente problemas tanto por ignorancia, descuido o, a veces, mala fe de las personas que las utilizan, como por la dificultad de controlar realmente el uso que se hace en los casos de titular no conductor, que solo se pueden utilizar cuando el titular va dentro del vehículo".

Dos multas

En este caso, se hizo un uso fraudulento porque la persona que tenía la autorización no estaba en aquel momento en el vehículo. Alsina, en su escrito, deja claro que la Policía Municipal debe "continuar sancionando y denunciando los casos en que la ciudadanía utiliza fraudulentamente y abusa de las autorizaciones, porque no le corresponden o porque exceden el tiempo de estacionamiento". Al mismo tiempo, sin embargo, también remarca que "lo ideal" sería que se "pudieran evitar sanciones a personas que en un momento determinado cometen un error que se puede rectificar al instante".

En este caso, se impusieron dos multas: una de 200 euros por un estacionamiento incorrecto, y otra de 301 euros por el uso fraudulento de la tarjeta de personas con movilidad reducida. Alsina remarca que no hubo "mala intención, ni ningún uso fraudulento, ni ningún ánimo de lucro o comercialización" para hacer este uso fraudulento.

La ordenanza fija multas de 200 euros por estacionar en zonas de uso exclusivo para personas con movilidad reducida sin estar autorizado. El uso fraudulento, en cambio, está regulado por otra ley y comporta una infracción leve y una sanción económica de entre 301 y 6.000 euros. En las últimas cifras, facilitadas por el Ayuntamiento, se detalla que en 2024 se impusieron 921 multas por aparcar en espacios reservados para vehículos de personas con movilidad reducida.

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