Menores tutelados
El 82% de los recursos destinados al sistema de protección a menores se destinan a residencias y solo un 9% a familias acogedoras
La financiación va en sentido contrario al acuerdo alcanzado entre el Gobierno y las comunidades para que en 2030 el 70% de los niños tutelados estén viviendo en hogares
Los expertos piden más supervisión para evitar otra crisis en el sistema catalán de protección de menores
Una adolescente en un centro de acogida de menores tutelados, en Badalona.
Por qué confiar en El Periódico El Gobierno y las comunidades autónomas han firmado un acuerdo que tiene como objetivo que en 2030 el 70% de los niños del sistema de protección estén acogidos en familia, frente al 51% que, en la actualidad, permanecen en hogares. Esta meta requiere de un apoyo decidido de las administraciones a este modelo de protección pero, sin embargo, la financiación destinada a los menores tutelados va en sentido contrario. Un estudio de la Plataforma de Infancia, presentado este miércoles, revela que el 82% de los fondos públicos van destinados a residencias para menores y solo un 9% al acogimiento familiar y apenas un 4,4% a prevención.
“Esta distribución evidencia una inercia a confiar el cuidado de niñas, niños y adolescentes a centros residenciales, lo que dificulta el avance hacia modelos más familiares y comunitarios”, ha señalado Leire Olmeda, experta en datos del área de desinstitucionalización de la Plataforma de Infancia. "La financiación sigue orientándose en sentido contrario al acuerdo firmado entre el Gobierno y las comunidades", ha concluido.
Y la situación es aún más acuciada en el caso de los menores migrantes no acompañados, donde el 99,1% de la inversión se destina a que vivan en centros y residencias. “Los datos muestran que, en la práctica, la infancia migrante no acompañada es atendida casi exclusivamente en recursos residenciales. Esto supone que, según el origen, las niñas, niños y adolescentes no acceden en igualdad de condiciones a otras alternativas del sistema de protección, lo que apunta a una forma de discriminación institucional que debe corregirse”, ha señalado a su vez Sara Toledano, responsable de desinstitucionalización de la Plataforma de Infancia.
Información poco accesible
El estudio, titulado '¿Cómo influye la financiación en el sistema de protección a la infancia y adolescencia en España? El reto de la desinstitucionalización', ha sido elaborado a través del análisis de contratos y subvenciones del sistema de protección a la infancia de 2024 y 2025. En total, se han contabilizado al menos 516,4 millones de euros comprometidos en esos 2 años para financiar el sistema que atiende de niñas, niños y adolescentes tutelados por las administraciones, dado que sus padres no pueden ocuparse de ellos o han perdido la guardia y custodia.
Para ello, Political Watch, en colaboración con la Plataforma de Infancia, ha tenido que recoger y tratar datos de múltiples plataformas públicas, "lo que refleja un problema de base: la información es pública pero no es lo suficientemente accesible ni está 100% centralizada. Cuando esto ocurre, se limita las capacidades de evaluación de las políticas públicas y su impacto en la vida de niñas, niños y adolescentes. Mejorar la transparencia es clave para garantizar una rendición de cuentas efectiva”, ha señalado Pablo Martín, director de tecnología de Political Watch.
El análisis ha detectado, además, un uso elevado de procedimientos de urgencia y emergencia en la contratación pública, que alcanza los 155,9 millones de euros. A esto se suma que el 57,3% de los contratos analizados cuenta con una única oferta, un dato que supera ampliamente la media estatal y europea y que "supone riesgos para la libre concurrencia y la calidad de las licitaciones de servicios de protección de la infancia y la adolescencia", según la entidad.
Las propuestas
"Los datos muestran diferencias importantes entre territorios y entre formas de gestión de los recursos, lo que genera desigualdades en el acceso y en la calidad de la atención. Si el objetivo es reforzar el acogimiento familiar y reducir la institucionalización de niñas, niños y adolescentes, es necesario alinear de forma coherente la inversión pública con ese objetivo político”, ha añadido Toledado.
Frente a ello, Plataforma de Infancia propone varias soluciones, entre ellas reducir el uso de procedimientos de urgencia y emergencia, para reforzar la estabilidad en los contratos de servicios esenciales. Asimismo, reclama reorientar de forma progresiva el modelo de financiación, fortaleciendo el acogimiento familiar y las políticas de prevención.
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