Una jueza investiga a tres profesoras de un colegio de Barcelona acusadas de acceder al móvil de un menor sin permiso paterno

Una jueza de Barcelona investiga a tres profesoras del colegio británico St. George de la capital catalana por haber accedido al móvil de un menor de 14 años tras ser presuntamente presionado y sin el consentimiento de sus padres, según la documentación a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. Durante los ocho meses de instrucción de la causa, han declarado en calidad de investigadas las tres docentes, entre ellas quien era directora del centro, así como el alumno y su padre. Ambos declararon el viernes de la semana pasada.

El caso arroja preguntas, cuando menos, pertinentes. ¿Puede un profesor acceder al móvil de un menor sin la presencia de los padres? ¿Puede hacerlo sin el permiso paterno? ¿Puede esta actuación ser constitutiva de un delito de coacciones y de descubrimiento y revelación de secretos? Las respuestas a estas cuestiones están en manos de la jueza, que en agosto del año pasado dictó un auto (notificado en septiembre) en el que admitía la querella al considerar que el relato expuesto en ella “podría ser constitutivo de un delito”.

Las educadoras acusadas declararon ante la jueza que el menor les había entregado voluntariamente la clave para acceder al terminal y que nadie le presionó para facilitar el PIN, versión que rechazan los progenitores del menor. La actual dirección del centro ha asegurado a este diario que los hechos se remontan "a un periodo anterior a la adquisición del colegio por parte de International Schools Partnership (ISP), es decir, "bajo la gestión de los anteriores propietarios". Los hechos ocurrieron en enero de 2024, meses antes del cambio de titularidad. Este diario ha intentado, sin éxito, ponerse en contacto con los anteriores dueños del centro. La abogada de las docentes, por su parte, ha declinado dar su versión sobre el asunto.

La querella presentada por el padre del adolescente expone que, en enero de 2024, su hijo y otros alumnos del St. George publicaron en un chat de WhatsApp que compartían imágenes editadas de un profesor. Cuando el docente tuvo conocimiento de la existencia de ese vídeo, pidió al menor, “de modo divertido, afable y amigable, sin reprimenda ni reproches”, según la demanda, que procediera a borrarlo del chat, algo que este se dispuso a hacer “con carácter inmediato”. Para ello, el alumno se dirigió a la oficina de coordinadores, donde se hallaba depositado su terminal, y pidió a dos de las profesoras investigadas que se lo entregaran.

Un vía crucis

Ahí empezó, según la querella firmada por el abogado Josep Faluja, el "vía crucis" del muchacho, que acabó precisando asistencia médica a causa de una crisis de ansiedad. Cuando el menor explicó a las profesoras el motivo por el cual debía entregarles el móvil, estas decidieron que tenían que ver el vídeo antes de que fuera borrado. Al mostrar el alumno su recelo a facilitarles la clave de acceso al terminal, precisa la querella, y “siguiendo instrucciones directas de la directora del centro” [la tercera investigada], las docentes “desplegaron un alud de amenazas y advertencias” hacia el adolescente, como la intervención de la policía y la fiscalía, así como la expulsión del colegio, que finalmente se llevó a cabo junto con la de otros alumnos.

Ante ese alud de posibles consecuencias negativas que le trasladaban las profesoras –y dada su “inexperiencia y especial vulnerabilidad debido a su edad”–, el menor creyó "en su totalidad" las anunciadas repercusiones que se producirían si no facilitaba la clave del móvil. Al constatar las docentes que el adolescente estaba sufriendo un ataque de ansiedad, le permitieron salir durante un breve espacio de tiempo del despacho en el que se encontraban. Después de una hora de reunión y de “soportar la presión” de las educadoras, según la acusación, y ante la posible presencia de la policía para desbloquear el móvil, como le habían trasladado, el menor accedió a dar la clave para que entraran en el dispositivo y “tomaran conocimiento de sus secretos e intimidad”, precisa la querella.

Según el padre del adolescente, las profesoras no solo entraron en el móvil, sino que hicieron fotografías del contenido de los chats que el menor mantenía incluso con su madre, su padre, amigos y abuelos, conversaciones que forman parte de su esfera personal. La información fue extraída, incide la familia, “aleatoriamente” del terminal. Las imágenes fueron mostradas a otros padres de alumnos y, por lo tanto, difundidas. Una de las profesoras declaró ante la jueza, sin embargo, que solo revisó el chat creado por los estudiantes. El comportamiento de las investigadas, según la querella, es impropio “de educadoras, en cuanto atenta contra la intimidad” del menor. “Se aprovecharon de su posición de poder” sobre él, se añade en el texto.

Reunión con otros alumnos

Tras ese primer encuentro, las profesoras llevaron al menor a otro despacho en el que habían reunido a otros miembros de ese chat, a quienes también mencionaron una eventual intervención policial. El padre y la madre del adolescente, mientras tanto, ajenos a esta situación, estuvieron llamando a su hijo en repetidas ocasiones al comprobar que no salía del centro a la hora habitual. Nadie les respondió. Ni siquiera las profesoras que, según la familia, en ese momento estaban mirando la pantalla del móvil del alumno.

Lo lógico y “ajustado al sentido común”, expone la querella, es que el centro o las docentes hubieran informado de lo que sucedía a los padres y hubieran procurado su presencia para contar con su “autorización, aprobación y consentimiento” antes de acceder al contenido del móvil de su hijo. Pero no lo hicieron. Al final, una de las educadoras investigadas le devolvió el terminal y dijo al menor que respondiera él a las llamadas. El menor fue expulsado del centro y, según su familia, vio “truncadas sus expectativas académicas de futuro”. Además, necesitó tratamiento psicológico.

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