Los dos institutos de L'Hospitalet que integrarán agentes de Mossos de paisano protestan contra la medida: "Se he actuado de espaldas a la comunidad educativa"

Decenas de personas han protestado este lunes a primera hora de la mañana frente a los dos institutos de máxima complejidad de L’Hospitalet, el Eugeni d’Ors y el Margarida Xirgu, escogidos por el Govern para "integrar" -hablan de "agentes integrados a los centros"- mossos de paisano en el marco de una prueba piloto con otros 11 centros para "mejorar la convivencia". Un plan que nace rodeado de polémica y de desinformación -ni la conselleria de Educació ni la de Interior han explicado todavía públicamente los detalles del mismo- tras meses de movilización docente para pedir, entre otras cosas, más recursos -maestros, orientadores, psicólogos...- en las escuelas para gestionar la creciente complejidad de las aulas.

El día en que previsiblemente debe empezar a implementarse, los trabajadores de los dos centros han denunciado que la medida es "un insulto" que se ha adoptado "de espaldas a la comunidad educativa" y con una "falta total de información".

"Ninguna justificación"

"No le encontramos ninguna justificación. Evidentemente, tenemos problemas, pero tenemos una convivencia sana", ha asegurado a ACN Pepa Vidal, profesora del Margarida Xirgu. Por su parte, los alumnos han denunciado que la medida es “un ataque racista y estigmatizador”.

Fuentes del Departament d'Educació i Formació Professional confirman a este diario que los agentes empezarán a desplegarse esta semana -no este lunes en todos los centros a la vez, porque hay mossos que tienen asignado más de un centro- y defiende que "todos los centros participantes se han adherido al programa voluntariamente".

Además de en L'Hospitalet, el plan piloto se llevará a cabo a partir de esta semana en las zonas Educativas de Vic, Alta Ribagorça-Val d’Aran y Tàrrega; y en dos centros de El Prat de Llobregat y Sabadell, en en el marco de una prueba piloto más amplia, que implica un nuevo modelo de "gobernanza" basado en zonas educativas "con la idea que las distintas administraciones trabajen juntas para poder resolver los problemas teniendo en cuenta las necesidades de cada territorio y contexto, muy distintas", explicaba el Govern en una nota de prensa publicada a principios de marzo (en la que no se citaba en ningún momento la presencia de mossos de paisano en las escuelas como parte del plan).

Rechazo generalizado

Además de la aFFAc -la federación de asociaciones de familias- y de todos los sindicatos educativos -desde los que reivindican más disciplina hasta los que piden más maestros de educación especial-, se han mostrado también indignados con la medida los trabajadores de centros como mayor "complejidad" de todo el país [la conselleria apunta que el proyecto nace "del incremento de la complejidad en torno a los centros educativos" y de la necesidad de reforzar el bienestar del alumnado y de toda la comunidad educativa, "una demanda fuertemente reclamada desde el mundo docente"].

Todos coinciden en denunciar el recorte de educadores sociales y en no entender que mientras se prescinden de profesionales "imprescindibles" para mejorar la convivencia se apueste por dejar esa función en manos de agentes de la policía.

Consideran "inaceptable" que haya presupuesto para incorporar fuerzas del orden a las escuelas e institutos y, en cambio, no lo haya para mantener los equipos sociales, formados por técnicas de integración social y educadoras sociales, tal como vienen reivindicando desde el año pasado.

"Control social"

Además, creen que la medida del Departament, teniendo en cuenta el alumnado de algunos de los centros donde se ha desplegado, tiene la voluntad de reforzar la cultura punitiva y aplicar más control social, sobre todo a la población de origen migrante.

Los docentes movilizados insisten en que la conflictividad social que vive el alumnado "no se arregla poniendo policías, sino solucionando los problemas sociales y garantizando la igualdad de oportunidades".

En la misma línea, desde la Associació de Mestres Rosa Sensat subrayan que la conflictividad es, a menudo, "la expresión de un malestar profundo derivado de la precariedad, la exclusión social y las crecientes desigualdades económicas". "Cuando los adolescentes sienten que el sistema los ignora o los criminaliza, y que la igualdad de oportunidades es un concepto vacío, su malestar se traduce en un desafío a la autoridad. La convivencia y la democracia no se pueden imponer; se deben construir", apunta la asociación en un comunicado.

Desde la Fundació Equitat·org calculan que los centros educativos catalanes han pasado de 415 integradores y educadores a 300

El Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya (Ceesc) ha mostrado también su "desacuerdo" y ha pedido la retirada de la prueba piloto. En un comunicado este lunes, considera que en los espacios educativos "no se tendría que recoger la incorporación de cuerpos policiales" y opina que los profesionales de la educación social son los que tienen otorgadas funciones de prevención de conflictos, mediación y acompañamiento al alumnado. Asegura que esta decisión se ha tomado sin que el Ceesc haya estado informado ni consultado previamente cuando "en los centros educativos los educadores sociales desarrollan unos trabajos para mejorar la convivencia y el clima del centro"; y pide el reconocimiento e incorporación efectiva del educador social en los centros.

Lo mismo opinan desde la Fundació Equitat·org, que calculan que los centros educativos catalanes han pasado de 415 integradores y educadores a 300.

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