Seis de cada diez casos de violencia institucional machista que afecta a los niños señalan al sector judicial

Jan tenía 8 años cuando le explicó a su madre, Rosa, que su pareja, un hombre que la maltrataba física y psicológicamente, lo había agredido sexualmente. Cuando se atrevieron a dar el paso e interpusieron una denuncia, madre e hijo relatan que nada fue como se habían esperado y que, lejos de sentirse bajo el amparo del sistema de protección, se quedaron en la más absoluta de las intemperies. "Pusieron en duda nuestro testimonio y te cuestionas si has hecho bien, si te deberías haber callado. ¿Qué opciones tienes? Es evidente que un niño no puede hacer justicia por su cuenta", dice Jan, de ahora 22 años, de aquel horror que acabó con la huida del padrastro a otro país.

El caso de Jan forma parte del informe presentado este lunes por el Observatorio de Violencias Institucionales Machistas (OVIM), cofinanciado por la Generalitat, el Ministerio de Igualdad y la Unión Europa. El estudio analiza 139 casos registrados en su canal de denuncia colectiva, de los que 44 sitúan a niñas, niños y adolescentes como víctimas centrales de los relatos. En este sentido, la investigación señala que, en seis de cada diez de estos casos, las víctimas apuntan al sector judicial como principal responsable de la violencia institucional machista.

Visitas, custodias y protección

No se trata de hechos aislados. De hecho, el informe identifica "patrones en la actuación judicial que contribuyen a la desprotección de los menores", como la imposición de regímenes de visitas o custodias que mantienen el vínculo con el progenitor denunciado por violencia machista o la demora o falta de adopción de medidas de protección eficaces.

El estudio también señala "la ausencia o inadecuada valoración del riesgo al que están expuestos" –extremo que en el abordaje de la violencia de género también inquieta al Ministerio de Igualdad–; el hecho de no tener en cuenta su voluntad en las decisiones judiciales, y la tendencia a separarlos —o amenazar con hacerlo— de sus madres, privándolos de su principal vínculo de protección.

“Cuando denuncié los abusos sexuales que había sufrido mi hija tuvimos un juicio rápido. No la quisieron escuchar, ni llegaron los informes, así que no nos concedieron la orden de alejamiento. Mi hija tiene 15 años y ha presentado varios intentos de suicidio porque no quiere estar con su padre ni la quieren escuchar”, explica una de las mujeres que ha compartido su historia en el canal del observatorio.

Incumplimientos reiterados

En contra de lo que marca la normativa internacional (Convención sobre los Derechos del Niño y Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer) y la estatal (la ley de violencia de género y la de protección a la infancia), los datos muestran incumplimientos reiterados de las obligaciones del Estado, como la garantía de no repetición (81,4%) o el incumplimiento de la prevención de las violencias machistas (80,2%). Esto comporta una vulneración de derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes, como el derecho a la protección en el seno de la familia (91,9%).

Además, en el 87% de los casos de niñas, niños y adolescentes se incumple la obligación de reparación, mientras que en el 81% tampoco se garantiza la no repetición. “Las violencias institucionales machistas llegan de manera directa a niñas, niños y adolescentes, que resultan afectados por omisiones y prácticas institucionales que vulneran sus derechos. No son daños colaterales: son sujetos de derecho ante los que el Estado debe actuar con diligencia debida reforzada, lo que significa, entre otras obligaciones, garantizarles una vida libre de violencias machistas, una tutela judicial efectiva e imparcial, la reparación integral, evitar la revictimización y la igualdad y la no discriminación”, recuerdan portavoces del OVIM.

Más allá de los menores

La centralidad del ámbito judicial no se limita a los casos que afectan a menores. En el conjunto de las denuncias analizadas, el sistema judicial vuelve a situarse como el principal foco de reproducción de la violencia institucional machista, con un 60,7% de los casos (8,7 puntos más que en 2024).

Además, el 58% de los casos que apuntan al sector judicial señalan el racismo o el origen como factores discriminatorios que motivan la violencia institucional machista vivida. “Me casé con un español que me maltrataba. Mis vecinos denunciaron a la policía. Cuando acudí al juzgado, la jueza me pedía constantemente que me callara. Yo tenía un brazo roto y aun así se me responsabilizó de lo que había pasado. Me retiraron la custodia de mi hija y se la dieron a la familia paterna. Hace dos años que no la puedo ver”, explica una mujer camerunesa.

Marcos "pseudocientíficos"

En este sentido, retirar custodias a madres denunciantes utilizando marcos "pseudocientíficos" como el síndrome de alienación parental (cuando supuestamente la madre manipula a los hijos), fallar en la asistencia jurídica gratuita o normalizar institucionalmente la falta de imparcialidad en juzgados de violencia machista son algunos de los patrones identificados por el observatorio.

En este sentido, el observatorio exige que se garantice la aplicación efectiva de la normativa, así como el reconocimiento institucional y jurídico de las violencias institucionales. Así, la entidad reclama la creación de mecanismos de supervisión y rendición de cuentas que permitan prevenir, identificar y sancionar estas prácticas, incorporando la participación de la sociedad civil. “Es urgente impulsar políticas públicas que integren de forma transversal la perspectiva de género, la perspectiva de infancias y adolescencias, y la perspectiva interseccional, junto con el desarrollo de formación especializada y obligatoria para todos los operadores implicados”, concluyen las portavoces.

Suscríbete para seguir leyendo