"Si vuelvo, me matarán": uno de los rostros de la regularización en Girona

La hondureña Yeni Sánchez habla de la regularización extraordinaria como quien habla de la última oportunidad. No lo hace con el lenguaje frío de los decretos ni de los trámites, sino con el cansancio de quien hace tiempo que sobrevive pendiente de un papel que le permita mantener la familia y deshacerse de la sensación de que todo cuelga de un hilo. "Me cambiaría la vida; es la última esperanza después de que me lo hayan denegado todo", asegura. "Si no hubiera sido por la regularización, no nos habría quedado más opción que volver, porque no podíamos quedarnos aquí toda la vida sin papeles y sin poder trabajar; pero también sé que si vuelvo, me matarán".

Su historia empieza muy lejos de Girona, en Tegucigalpa, capital de Honduras, en un barrio donde la delincuencia y la extorsión marcaban la vida cotidiana. La familia regentaba un negocio de alimentación, pero sostenerlo se acabó convirtiendo en una condena. "Si el negocio facturaba 1.000 euros en el mes, teníamos que dar la mitad a una banda criminal, del contrario, amenazaban con matarnos, lo hacían con nosotros pero también con todo el mundo que tenía un negocio", explica. Ella no pudo pagarlos la suma que le pedían, así que "de un día por el otro" sacó su hija de la escuela "por miedo que la secuestraran" y marcharon a vivir tan lejos como pudieron, en el pueblo de su marido. En Girona, tenía una hermana y vio que esta era la única salida para poder "vivir seguros".

Llegó en marzo de 2023, sola (su marido vino medio año después), embarazada de seis meses y con una niña de siete años. Cuando aterrizó en Girona, solicitó la protección internacional al Gobierno, que se la concedió durante un año. Aquel escudo temporal le permitió trabajar de cajera en un supermercado pero, un año después, al pedir la renovación, se la denegaron y "automáticamente" se quedó sin trabajo. "Yo había venido a trabajar, tenía toda la energía para hacerlo, pero pasé de poder trabajar legalmente a estar en situación irregular". Su marido también se quedó fuera del sistema. Aquí, tanto ellos como sus hijos han echado raíces -están aprendiendo catalán y los dos niños están escolarizados en la ciudad- , pero los papeles no han llegado. "Nadie te quiere coger estando en situación administrativa irregular, ni en fábricas ni limpiando casas, hace meses que nos mantiene mi hermana", lamenta.

Es aquí donde la nueva regularización extraordinaria de 500.000 personas extranjeras que viven en España -que entró en vigor el pasado jueves y las solicitudes se podrán presentar hasta el 30 de junio- deja de ser una cifra y empieza a tener rostro. *Yeni Sánchez es uno de los perfiles que se podrá acoger, puesto que había solicitado protección internacional antes del 1 de enero del 2026, uno de los supuestos que recoge la norma. El decreto también abre la puerta a personas que ya estaban en el Estado español antes de esta fecha, que puedan acreditar al menos cinco meses de permanencia ininterrumpida, que no tengan antecedentes penales ni supongan una amenaza para el orden público. Con todo, tienen que cumplir uno de los requisitos previstos: haber trabajado o acreditar su intención de trabajar, convivir con hijos menores o familiares dependientes, o encontrarse en situación de vulnerabilidad. Esta vulnerabilidad, según el texto aprobado, se tendrá que acreditar con un certificado de los servicios sociales competentes o de entidades colaboradoras inscritas al registro. Esta es la séptima regularización que se hace en el Estado español; la última, se formalizó en 2005.

Una medida clave

La responsable del departamento de extranjería de Lleal Tulsà Asesores, Mireia Risco, asegura que el caso de Yeni Sánchez no es una excepción, sino el "reflejo de lo que pasa en muchos hogares", que hace años que viven aquí, con hijos escolarizados y vínculos estables, pero atrapadas en la irregularidad. La medida, explica, "es muy importante porque da respuesta a los problemas de muchas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, que llevan años en España con hijos escolarizados y, en muchos casos, trabajando en situaciones precarias". Por otro lado, también supone una "mejora" como sociedad: "Con sus impuestos pasarán a contribuir a las arcas del Estado, y esto permitirá mejorar sistemas como la sanidad, la educación o las jubilaciones", subraya.

En el despacho ya han recibido centenares de consultas de personas que buscan regularizar su situación administrativa para poder trabajar, pagar impuestos y completar su proceso de arraigo en España. "La mayoría de personas que vienen en el despacho no buscan nada extraordinario; quieren poder trabajar legalmente, estabilizar su vida y contribuir a la sociedad donde ya viven", asegura.

Un proceso "doloroso"

La voz de Yeni Sánchez no suena derrotada, pero sí agotada. "El proceso es doloroso, no poder mantener tu familia provoca una enorme impotencia; vienes aquí a trabajar y para que tus hijos crezcan en un entorno seguro, no vienes a estarte de brazos cruzados sin hacer nada". Cuando habla del futuro, no lo hace en grande. No habla de grandes planes. Habla de cosas básicas: que ella y su marido puedan trabajar, y que sus hijos puedan continuar estudiando. También lo quiere hacer ella. Y es que tiene estudios de contabilidad y cursos de informática, pero el sueño que le late por dentro es otro: estudiar medicina forense.

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