Una oenegé denuncia racismo e identificación étnica sistemática en la acción policial en Catalunya

La organización proderechos humanos Irídia ha denunciado racismo y el uso “sistemático” de identificaciones por perfil étnico en las actuaciones policiales en Catalunya tras haber detectado dicha discriminación en casi el 40% de los casos que litigó durante 2025, año en el que más denuncias recibió desde 2019.

Un total de 266 personas se dirigieron a Irídia en 2025 para recibir información y denunciar presuntas vulneraciones de derechos humanos, 94 de las cuales habían sufrido violencia institucional ejercida por agentes de cuerpos policiales, funcionarios de prisiones o agentes de seguridad privada, señala el último Informe de Violencia Institucional presentado este martes por la entidad.

Los abogados de la organización impulsaron durante el año pasado 53 litigios por los que hay actualmente 110 agentes encausados en procedimientos penales, principalmente por delitos de tortura o contra la integridad moral, lesiones, detención ilegal o amenazas, y en 21 de ellos aseguran haber detectado discriminación racista, una “criminalización” que puede impedir la posterior regularización administrativa de las víctimas, advierte la entidad.

“Los agentes policiales usan como criterio el color de piel y las características étnicas para decidir a quién se le hacen identificaciones, controles supuestamente aleatorios que solo paran a personas no blancas. Esto está prohibido y debe parar”, ha denunciado la directora de Irídia, Anaïs Franquesa, sobre una práctica que advierten que va acompañada de denuncias irregulares, abusos de poder e insultos racistas, algunos de ellos producidos en el marco de operativos como el Plan Kanpai.

“Sufrí violencia policial por racismo y esto ha impedido regularizar mi situación y la de mi familia”, ha asegurado la víctima de una detención en Badalona en el marco del dispositivo Kanpai, que motivó la identificación de su cuñado mientras este entraba en su domicilio y que acabó con la detención de ambos, acusados de resistencia y atentado contra la autoridad. “No me quedó otra que hacerme cargo de delitos que no cometí”, ha relatado la víctima, quien tras pasar 25 horas en comisaría y presionada por el abogado de oficio, aceptó una conformidad sin saber que ello implicaba una condena firme.

Violencia en las protestas por Gaza

El Servicio de Atención y Denuncia ante situaciones de Violencia Institucional (SAIDAVI) de Irídia atendió en 2025 a 47 personas, la mayoría hombres (68%) de entre 18 y 49 años, por hechos ocurridos sobre todo en espacios públicos (53,2%), protestas (19,1%), domicilios privados (8,5%), custodia policial (6,3%) y Centros de Internamiento de Extranjeros (6,3%).

Además de la discriminación racista, entre las vulneraciones de derechos destacan la violencia durante las protestas contra el genocidio de Israel en Gaza, donde aseguran que la respuesta policial es “desproporcionada”, y a raíz de las que atendieron a 23 personas heridas por los Mossos d’Esquadra.

También denuncian la “deficiente” atención sanitaria que recibieron personas detenidas, la mayoría de las cuales con presencia policial y muchas esposadas, las dificultades de interponer denuncias ante la negativa de los agentes de recogerlas y el poco margen de defensa que tienen las víctimas en los procedimientos de enjuiciamiento rápido, habitual en personas en situación administrativa irregular.

Incumplimiento investigativo y trabas judiciales

Irídia señala que de los 53 casos que litigó durante 2025, en 28 no se llevó a cabo ninguna investigación policial interna y que en 19 de ellos el Ministerio Fiscal se opuso a la investigación, mientras que en 21 se mantuvo inactivo. La organización denuncia que en 36 de los casos (67,9%) en algún momento se ha archivado la causa, se ha tramitado como delito leve o se ha inadmitido la querella sin practicar todas las diligencias de investigación necesarias, mientras que celebra que en 24 de ellos instancias superiores hayan ordenado al juzgado de instrucción investigar debidamente.

También destaca que como resultado de su trabajo se haya apartado a un agente de los Mossos por agredir a un periodista, se haya condenado a vigilantes de Securitas Seguridad España S.A., Prosegur e Iman por delitos de lesiones o que la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática declarase víctima de torturas durante el franquismo a la activista Blanca Serra, fallecida el pasado 11 de abril.

Mayor control y transparencia

“Sin reformas estructurales, la violencia institucional seguirá existiendo”, ha alertado la coordinadora de litigios de Irídia, Sònia Olivella. La organización, que asegura que “fallan” los mecanismos actuales para prevenir la discriminación, el maltrato y la tortura, ha pedido implementar medidas para prevenir les identificaciones por perfil étnico-racial, como la elaboración de formularios que indiquen el motivo o de las detenciones.

También mejorar la transparencia de los cuerpos policiales y en la tenencia de armas de policías locales y seguridad privada, que advierten que actualmente no está controlada, además de mejorar los mecanismos internos policiales y del ámbito judicial para la prevención y erradicación restrictivas de derechos.