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Reforma legislativa para toda España

El Gobierno da el visto bueno a la ley que reduce las ratios en colegios e institutos y acorta la jornada lectiva de los docentes

El Consejo de Ministros aprueba la norma, que ahora tendrá que ser tramitada en el Congreso de los Diputados para su ratificación y entrada en vigor

La norma comenzará a implantarse progresivamente a aprtir del curso 2027-2028 y alcanzará su plena aplicación en 2031-2032

Alumnos de primaria, entrando en el colegio.

Alumnos de primaria, entrando en el colegio. / E. P.

Olga Pereda

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Madrid
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La reducción oficial de ratios (alumnos por aula) y una jornada lectiva de menos horas para el profesorado están más cerca de ser una realidad en colegios e institutos de toda España. El Consejo de Ministros ha dado el visto bueno definitivo a la futura ley de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria. El texto desembarcará ahora en el Congreso de los Diputados y el Senado para su aprobación definitiva.

"Es una apuesta por dar más tiempo al profesorado para preparar mejor sus clases, atender a su alumnado y desarrollar su trabajo en condiciones dignas"

— Milagros Tolón, ministra de Educación y FP

Cuando la ley entre en vigor, las clases de educación primaria tendrán 22 alumnos como máximo (frente a los 25 actuales). En ESO y bachillerato, el tope será de 25 (frente a los 30 actuales). Computará como dos plazas cada estudiante con necesidades educativas especiales, pero solo los que tienen discapacidad física, intelectual o sensorial o trastornos severos, como autismo.

La norma también decreta un máximo de 18 horas lectivas semanales en ESO y bachillerato y 23 en infantil, primaria y educación especial. De manera excepcional, y por necesidades de organización, podrá alcanzarse un máximo de 20 horas, compensadas con dos horas complementarias.

Ese tiempo -que ya se aplica en la mayoría de autonomías- se refiere exclusivamente al de la docencia en el aula dado que el horario real de maestros y profesores es más amplio (37,5 horas) e incluye más actividades. Catalunya no es la única autonomía que los cumple, también Euskadi, Aragón, Baleares, Canarias, Comunitat Valenciana, Extremadura, Murcia, Navarra y La Rioja. Otras, como Madrid, los incumplen.

El Gobierno trabaja en otras mejoras para la profesión docente: desde el ingreso en la profesión hasta la formación permanente y la reducción de carga burocrática gracias a herramientas de la inteligencia artificial

El objetivo del Gobierno es "corregir las desigualdades detectadas entre autonomías y mejorar las condiciones de trabajo del profesorado, así como conseguir una atención más individualizada". "Dijimos que esta iba a ser la legislatura del profesorado y lo estamos cumpliendo", ha explica la ministra de Educación y FP, Milagros Tolón, tras la reunión del gabinete de Pedro Sánchez. "Si mejoramos las condiciones de nuestros docentes [unos 800.000 en toda España] mejoramos la educación de nuestro país, y eso significa mejorar las oportunidades de nuestros niños, niñas y jóvenes", ha añadido. Tolón ha explicado que el Gobierno trabaja también otras mejoras para la profesión docente: desde el ingreso en la profesión hasta la formación permanente y la reducción de carga burocrática gracias a herramientas de la inteligencia artificial.

La ministra ha destacado que el hecho de que cada docente tenga menos estudiantes que atender, o que comparta la atención a esos alumnos con otro colega, "mejorará la calidad de la docencia". "Es una apuesta por dar más tiempo al profesorado para preparar mejor sus clases, atender a su alumnado y desarrollar su trabajo en condiciones dignas", ha concluido Tolón tras dejar claro que la norma revierte los recortes en educación efectuados en 2012.

El calendario de aplicación prevé que la nueva jornada lectiva y la consideración doble del alumnado con necesidades educativas especiales entren en vigor en el curso 2026/2027. Esa, al menos, es la teoría. En la práctica, no hay tiempo material para aprobar la ley en el Congreso de los Diputados y aplicarla este curso, que termina en junio. Así que habrá que esperar al curso que viene. Según CCOO, el alumnado con necesidades educativas asciende a 1.088.000 en toda España. De esos, 250.000 tienen algún grado de discapacidad o trastorno severo. Estos sí computarían como dos en el recuento de las ratios, pero no los otros 838.000 restantes, que, básicamente son niños y niñas con una situación de desventaja educativa derivadas de su precaria situación socioeconómica o sociocultural.

Mientras, la reducción general de ratios comenzará a implantarse progresivamente. En el curso 2027-2028 lo hará en infantil y primaria; en 2028-2029 en ESO; y en 2029-2030 llegará a bachillerato. Su plena aplicación será en el curso 2031-2032.

Reivindicación docente

La bajada de las ratios es una de las principales reivindicaciones de los docentes, que llevan años asegurando que no pueden hacer bien su trabajo, entre otras cosas, porque las aulas son cada vez más complejas y el profesorado tienen que hacer frente a la diversidad, un principio básico de la educación inclusiva. Los profesionales de la educación consideran que bajar ratios no es cuestión de comodidad sino de calidad educativa.

“Bajar el número de alumnos por aula nos permite a las maestras conocer mejor a los niños y niñas, detectar dificultades, personalizar el aprendizaje y crear vínculos más sólidos. Esto genera un mejor clima de aula y ofrece la oportunidad de atender mejor la diversidad y el bienestar emocional de los menores, aspectos que a menudo no se reflejan inmediatamente en los estudios cuantitativos. Hace años que lo reclamamos porque en el aula vemos que con menos alumnos podemos atender mejor la diversidad real que tenemos hoy en los centros”, explicaba recientemente la maestra Noemí Font en una entrevista con este diario.

Font contestaba así al informe publicado en marzo por EsadeEcPol que ponía en cuestión la eficacia de la bajada de ratios. En opinión de los técnicos de Esade, reducir el número de alumnos por clase es una medida no eficaz para mejorar la calidad educativa. Es, aseguran, muy costosa (supone contratar más profesores y tener más aulas) y sus efectos en el aprendizaje son "pequeños o nulos".

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