Migración
Aministía Internacional denuncia que España no protegió a los menores migrantes de Canarias
Un informe de la organización denuncia la pasividad del Gobierno central con los chicos, pese a que en los centros canarios, dado el hacinamiento, se "menoscababan" sus derechos

Imagen de archivo de una voluntaria de Cruz Roja junto a dos menores llegados en cayuco a El Hierro. / Gelmert Finol / EFE
Alexandra Socorro
España no protegió adecuadamente a los menores migrantes que, en su mayoría, llegaron en embarcaciones precarias a las costas de Canarias. Así lo denuncia Amnistía Internacional en su informe El estado de los derechos humanos en el mundo, un documento que analiza de forma detallada distintos ámbitos como la libertad de expresión, las desapariciones forzadas, la violencia sexual o los derechos de niñas y mujeres, en 144 países. En el caso de España, y dada su estrecha relación con la migración, el estudio dedica un apartado específico a la gestión migratoria, con especial atención a Canarias, principal puerta de entrada a Europa para quienes arriesgan su vida en la ruta atlántica, considerada la más letal y peligrosa del mundo.
La postura de Amnistía Internacional es, en este sentido, contundente: "Las condiciones de hacinamiento de los centros de recepción de las Islas Canarias menoscababan los derechos de los menores migrantes no acompañados". La organización también profundiza en el análisis de los traslados de menores hacia la Península, cuya ejecución ha generado un intenso debate político entre administraciones y que, un año después de acordarse, continúa abierto.
"El Gobierno central planteó la reubicación obligatoria de estos niños y niñas por todo el país, pero la mayoría de las comunidades autónomas rechazaron la propuesta. En julio, el Parlamento votó en contra de reformar la Ley de Extranjería para permitir el traslado obligatorio de menores migrantes no acompañados a otras comunidades autónomas a fin de garantizar su bienestar. En septiembre, la fiscal superior de Canarias anunció una investigación tras denuncias de malos tratos a menores migrantes no acompañados en los centros de recepción de las Islas", recuerda Amnistía Internacional.
Una mirada hacia Senegal
En este sentido, el informe también pone el foco en los puntos de partida de los cayucos y pateras que llegan a Canarias. Senegal —país en el que se detiene especialmente el análisis— ha sido históricamente uno de los principales puntos calientes. "Más de 959 personas migrantes que partieron de la costa senegalesa murieron en el mar entre enero y mayo, según la ONG española Caminando Fronteras. Las salidas continuaron en los meses siguientes; muchas personas migrantes murieron en el mar y muchas fueron interceptadas por la fuerza naval senegalesa. La mayoría partía de puertos pesqueros que se habían empobrecido como consecuencia de la crisis del sector de la pesca en Senegal", subraya Amnistía Internacional.
En cuanto a los ataques a los derechos de las personas refugiadas y migrantes, destaca que, en marzo del año pasado, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía resolvió que la devolución a Marruecos de migrantes interceptados en el mar en torno al enclave de Ceuta, sin garantías ni el debido proceso, era ilegal. "La delegada del Gobierno en Ceuta dijo que la sentencia no era firme. En Canarias y Ceuta, los derechos de los menores refugiados y migrantes no acompañados estaban amenazados".
Los menores solicitantes de asilo
También destaca Amnistía Internacional la decisión del Tribunal Supremo, en marzo de 2025, de ordenar al Gobierno central adoptar medidas para mejorar las condiciones de acogida de más de 1.000 niños y niñas solicitantes de asilo. "El incumplimiento conllevaría multas o incluso actuaciones penales contra las autoridades responsables. Al final del año, solo 408 menores habían sido trasladados a centros de acogida estatales". Este asunto, de hecho, ha sido uno de los principales puntos de fricción entre el Estado y el Gobierno de Canarias. La disputa entre Administraciones terminó por trasladarse al ámbito judicial y fue el Tribunal Supremo, a través de tres autos, el que obligó al Ejecutivo central a acoger a los menores solicitantes de asilo que se encontraban en el Canarias.
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