Cáritas alerta de que 110.000 gerundenses pasan a ser pobres tras pagar el alquiler

Cáritas alerta de que en la provincia de Girona hay unas 110.000 personas que pasan a ser pobres una vez han pagado el alquiler de su vivienda. La entidad advierte también de que muchos de estos afectados no logran salir de la exclusión social y, de hecho, un 50% de los usuarios que Cáritas atiende en la demarcación son los llamados “trabajadores pobres”, que a menudo tienen empleos inestables.

Desde la entidad lamentan que el acceso a la vivienda se haya convertido “en un problema” y no en un derecho y, por ello, reclaman “mejores políticas públicas” para ayudar a las personas que se encuentran en esta situación.

El límite que se establece para el umbral de pobreza es de 780 euros para pasar todo el mes, después de haber pagado el alquiler y los suministros, para una familia de dos adultos y dos niños. Por debajo de esta cantidad se considera una situación de pobreza, y esto es lo que les ocurre a muchas familias gerundenses, que una vez han abonado el alquiler “tienen que elegir entre comprar alimentos, pagar la medicación o las actividades de sus hijos”.

Cronificación del trabajo precario

“Estamos hablando de que muchas familias dedican entre el 60% y el 70% a la vivienda y a la luz, el agua y el gas. Esto puede hacer que una familia de dos adultos y dos menores deba de pasar con 600 euros el resto del mes. Esto es una tarea titánica y casi imposible”, dice el director de la Fundación Foessa, Raúl Flores.

Una circunstancia que en la demarcación ha hecho que muchas de estas familias tengan que acudir a Cáritas a buscar alimentos y, de hecho, ya representan a la mitad de las personas que atiende la entidad. Esto, explica el responsable de Análisis Social de Cáritas en Girona, Caye Gómez, significa que se ha “cronificado el trabajador pobre” en la demarcación.

En este sentido, Flores señala que muchos de los trabajos que realizan estas personas están vinculados a la estacionalidad y tienen una “fuerte inestabilidad”. Así, se explica que unas 32.000 personas en la demarcación de Girona vivan en hogares donde el ingreso principal proviene de un “salario inestable”.

“Si estas personas trabajan ocho meses al año, pero tienen que pagar el alquiler doce meses al año, es muy complicado que puedan salir adelante”, ha remarcado Flores, en la presentación del informe Foessa en la Casa de Cultura de Girona.

No poderse permitir tratamientos médicos

Una de las consecuencias de esta pobreza son las dificultades que tienen muchas personas para poder afrontar un tratamiento médico o, simplemente, se ven obligadas a abandonarlo porque no pueden costearlo. En total, en la demarcación de Girona hay unas 48.000 personas en esta situación.

Además, muchos se encuentran con que tampoco pueden asumir gastos imprevistos como que se estropee la lavadora o el coche. “Muchas de estas familias se encuentran con que un pequeño problema acaba suponiendo un gran golpe para la economía doméstica”, señala Caye Gómez.

Mujer e inmigrante

Desde hace tiempo se viene detectando en la provincia de Girona que muchas de estas familias son monoparentales, en su mayoría encabezadas por mujeres. Además, si la usuaria es inmigrante, la situación se vuelve aún más difícil, si bien desde Cáritas remarcan que la pobreza afecta mayoritariamente a personas con nacionalidad española.

Eso sí, de la población inmigrante que debe acudir a la entidad en busca de ayuda, tres de cada cuatro son personas que se encuentran en situación irregular en el Estado, “con trabajos precarios y sueldos que no se equiparan al salario mínimo”.

Dos millones en Catalunya

La situación de Girona es también comparable al conjunto de Catalunya, donde la vivienda es hoy el principal factor de desigualdad y exclusión social. Según el informe de Foessa, 568.000 hogares, en los que viven casi 2 millones de personas, sufren precariedad a la hora de pagar el alquiler.

Entre las distintas formas de dificultades relacionadas con la vivienda, destaca especialmente que el 13,3% de la población cae en la pobreza extrema después de pagar los gastos, y que el 12,6% vive en hacinamiento grave, es decir, en viviendas donde viven más personas de las que correspondería.