El presidente del Consell Comarcal de la Cerdanya declara por edificar en zona inundable

El presidente del Consell Comarcal de la Cerdanya, Isidre Chia, ha declarado este lunes en relación a una presunta construcción ilegal edificada en una finca situada cerca del núcleo de Queixans, en Fontanals de Cerdanya, y que estaría situada dentro de una área protegida e inundable. Ante la plaza 1 de la sección de instrucción del tribunal de instancia de Puigcerdá, Chia se ha negado a responder a las preguntas del abogado Benet Salellas, representando de la entidad SOS Pirineos, que en su día denunció los hechos. Antes de Chia, han prestado declaración varios técnicos que hicieron informes sobre la edificación, los cuales se han remitido al planteamiento que hicieron llegar a Fiscalía. Salellas es optimista de cara al hecho que se pueda abrir un juicio oral.

El abogado de SOS Pirineos, que ejerce de acusación particular, ha asegurado que el presidente del ente comarcal de la Cerdanya y también alcalde de Bolvir (Cerdanya) ha reconocido ante la jueza que en el momento en que se hicieron las construcciones que ahora se investigan era propietario de esta finca. Además, ha dicho que ha aprovechado buena parte de su declaración para "atacar el buen nombre de la entidad ecologista y la tarea que lleva a cabo en la comarca".

En cuanto a las otras personas que han prestado declaración, Salellas ha explicado que uno era un perito propuesto por la defensa, otra persona era un testigo citado por la jueza y el último era un arquitecto municipal gritado por parte de la acusación. En este sentido, ha detallado que todos ellos se han centrado en "defender su parte del informe en que había elaborado", sin "entrar en el que es la valoración jurídica" pero, según ha añadido, reconociendo de alguna manera "la ilegalidad urbanística que se ha producido".

El letrado ha apuntado que se ha reconocido "que se construyó una piscina y una caseta y que, además, de alguna manera, hubo una autorización residencial de este espacio y que todo esto es una zona inundable". Por lo tanto, cree que el hecho de que todas estas cuestiones no se hayan podido descartar por parte de los técnicos hacen pensar que el caso llegue a un juicio "para aclarar estas responsabilidades". Salellas también ha explicado que la instrucción se encuentra prorrogada y que se podrían practicar más diligencias. Aun así, ha indicado que ya han prestado declaración todos los investigados y que las partes ya han propuesto los informes que veían necesarios.

"Creo que cualquier cosa que tiene que ver con la corrupción y, en este sentido, con los delitos urbanísticos, la sociedad, la comunidad, pide que las responsabilidades se aclaren de forma rápida. Y yo creo que es sano, en este sentido, que podamos fiscalizar el que ha pasado aquí de una manera que sea transparente", ha afirmado el abogado de SOS Pirineos, recordando que la finca en que se investigan las diversas edificaciones que se han hecho está catalogada como suelo rústico. Por Salellas, salir adelante estas obras "sin ninguna licencia ni permiso en un terreno que está especialmente protegido por su valor ecológico y paisajístico es entrar de pleno en un delito contra la ordenación del territorio".

El abogado también ha querido dejar claro que ve "una voluntad por parte de los promotores y de los propietarios de esta finca de no respetar la legalidad urbanística, es decir, construir y ejecutar urbanísticamente sin tener en cuenta cuál es la regulación". Por último, ha destacado que cree "que es importante que la justicia traslade el mensaje que ante la legalidad urbanística somos todos iguales" y que "los cargos políticos o la relación con las instituciones de determinadas personas no pueden consistir en un trato de favor y menos en cuestiones urbanísticas".