La Iglesia estudia aprobar un decreto general de sanciones a los clérigos acusados de pederastia

El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha querido explicar este lunes, en la inauguración de la 129 Asamblea Plenaria de la institución, por qué la jerarquía eclesial ha firmado un acuerdo con el Gobierno para reparar a las víctimas de la pederastia: "La Iglesia ha querido dar un paso más. Somos conscientes de que, más allá del número, los abusos realizados por personas consagradas a Dios son de una enorme gravedad, rompen una confianza sagrada y hieren la fe de los pequeños. Es un escándalo gravísimo ante el que es preciso cualquier exceso en el reconocimiento de una obligación espiritual y moral, aunque los delitos hayan prescrito o el victimario haya fallecido".

En su discurso, ha recordado que la Iglesia puso en marcha, hace dos años, su propio plan de reparación a las víctimas -del que muchas desconfían-, y ha anunciado que los obispos someterán a "discusión y posible aprobación" durante la plenaria de un decreto general de sanciones a clérigos causantes de delitos, aparte de los posibles procedimientos penales. Argüello no ha dado más pistas sobre este futuro decreto pero sí ha querido recordar al Gobierno que el acuerdo firmado el pasado enero "recoge el compromiso de reparar a víctimas de otros ámbitos", no sólo religiosos.

A este respecto, ha subrayado que el Defensor del Pueblo, que es la institución que hará la propuesta de indemnización en el plan estatal, ha sugerido que también se debería reparar a las "víctimas de centros de menores" y que para la desgravación fiscal de las indemnizaciones "será preciso que la condición de víctima sea declarada por una autoridad pública". "Nos preocupa la insistencia del Gobierno en no reconocer las reparaciones ya realizadas [por la Iglesia] e insistir que todo comienza ahora, así como en reducir toda la reparación a indemnización económica", ha subrayado.

El plan estatal

"La Iglesia ha escuchado y acogido a las víctimas, a puesto en marcha caminos de reparación, de justicia restaurativa y ha indemnizado, en muchos casos, sin necesidad de que ningún gobierno se lo haya impuesto. Con todo, reconocemos que hemos de seguir mejorando y creciendo", ha concluido.

Cabe recordar que el Gobierno ha impulsado un plan de reparación independiente porque muchas víctimas desconfían de la Iglesia y de encontrar en esta institución, que durante años ha minimizado y negado los abusos, la reparación que reclaman. Por eso, en virtud del acuerdo rubricado en enero, el ministerio de Justicia abrió la semana pasada la oficina donde se recibirán las solicitudes de las víctimas y el Defensor del Pueblo ha creado la unidad que evaluará las reclamaciones y emitirá una propuesta de reparación. El plan, por tanto, ha dado ya sus primeros pasos.

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