La batalla entre bodegueros de Ribera del Duero y productores de porcino: "Quieren echarnos del territorio"

Una batalla silenciosa lleva librándose los últimos años en Castilla y León, incluso, en última instancia, con litigios en los tribunales. A un lado, la Denominación de Origen (DO) de Ribera del Duero, cuyas bodegas cerraron 2025 cerca de su año récord, con casi 92,5 millones de botellas vendidas. Al otro lado, las 4.323 granjas porcinas, con 3,8 millones de cabezas y cuya producción supera los 1.300 millones de euros anuales. Desde el Consejo Regulador del Ribera se pide una mayor regulación de las instalaciones por la afectación que tienen sobre los viñedos y el enoturismo, mientras que el sector porcino solicita reglas "iguales" para todos y advierte de que tiene mucho margen de crecimiento.

Bodegueros de Burgos contra productos cárnicos. Ese es el marco del enfrentamiento que se ha avivado las últimas semanas después de que la explotación porcina de San Juan del Monte haya recibido luz verde para aumentar sus cabezas de 1.999 a 5.116 y de que en Gumiel de Mercado, una de las capitales de la DO, la Junta de Castilla y León haya reactivado el expediente para una instalación de 6.000 cerdos.

"Nosotros no estamos en contra de la ganadería porque cumple su labor en la cadena agroalimentaria, pero queremos que se ordene mejor el territorio", precisa a EL PERIÓDICO Fernando Rodríguez, director general de las Bodegas Pradorey y uno de los portavoces del Consejo Regulador de Ribera del Duero, donde alertan de que la contaminación de los purines al suelo freático puede dañar sus cultivos a medio y largo plazo, más allá del mal olor que provocan, ya que "tiene un impacto muy relevante" sobre una parte importante de su negocio: el enoturismo.

Para los bodegueros, la aprobación en 2020 del decreto 4/2018 que simplificaba los trámites en la regulación ambiental fue "un fallo regulatorio" de la Junta, ya que permitió que se instalaran granjas de cerdos por debajo de 2.000 cabezas solo presentando una memoria ambiental en vez de la hasta entonces obligatoria declaración de impacto ambiental. "Una vez instalada la granja, es más fácil pasar de 2.000 a 6.000", advierte Rodríguez sobre este "vacío de control".

Desde el sector piden que "haya unas reglas del juego claras", ya que, si bien una granja de cerdos tiene que instalarse al menos a un kilómetro de un núcleo urbano, no existen limitaciones con respecto a una bodega y a los propios viñedos, cuando, insisten, sí que debería.

"Hay un impacto reputacional. Cuando uno piensa en las grandes regiones del vino en el mundo –Burdeos, Borgoña o La Toscana–, no son lo que son solo por los vinos, sino porque hay una idea clara de lo que son, una armonía con el proyecto vinícola, una visión trascendente del territorio. La marca Ribera del Duero es muy tangible y no se puede deslocalizar", añade Rodríguez. Además, el portavoz solicita que se recupere la declaración de impacto ambiental –"creemos que lo que ocurre en Castilla y León es una anomalía"– y se realice una evaluación acumulativa de impactos, en referencia a los "malos olores", para que pueda haber "una compatibilidad" de industrias.

Un sector "muy regulado"

Desde la Federación de Asociaciones de Productores de Ganado Porcino de Castilla y León (Feporcyl) responden que los bodegueros "quieren monopolizar el territorio". "Y eso no lo vamos a admitir", afirman, en referencia a que se oponen de plano a que se establezcan distancias entre granjas y viñedos. "Ya estuvimos hablando con ellos y estamos dispuestos a hablar siempre, porque es verdad que a los dos nos interesa, por la bioseguridad, que las bodegas estén lejos de las granjas, pero de distancias mínimas a viñedos no vamos a hablar", afirma a este periódico su presidente, Miguel Ángel Ortiz, que recuerda que el sector del porcino "es el más regulado del mundo".

Ortiz destaca que su actividad genera economía y trabajo en las zonas más desfavorecidas, ya que el 80% de las granjas están en pueblos de menos de 5.000 habitantes, y subraya que los purines como abono orgánico son "excelentes". Asimismo, admite que la licencia ambiental tiene una tramitación "más corta, pero no por ello menos garantista", y en ese sentido añade que el decreto era muy restrictivo con su industria, estableciendo limitaciones por distancia y la instalación de dobles balsas de purines.

"El sector porcino aporta el triple que el sector vinícola tanto en empleo como en PIB", añade el presidente de los productores de cerdo, que advierte de que todavía tienen mucha "capacidad de crecimiento". También señala que las instalaciones no se pueden poner en cualquier sitio, ya que deben tener buenos accesos para los camiones, además de luz y agua. "Toda esta guerra es perjudicial para los dos sectores, todos somos necesarios, y debe haber normas en las que estemos todos cómodos, no puede ser que haya normas para echarnos del territorio".

"Hay que ser exigente y flexible"

Pedro Gómez, alcalde de Gumiel de Mercado, donde hay instaladas cinco granjas, trata de encontrar un punto de entendimiento entre ambos y considera que hay que ser igualmente "flexible y exigente" con las instalaciones porcinas, que ya se someten a "unos controles muy exigentes por parte de la Unión Europea".

"Si se está haciendo mal con los purines y se tiran sin control, el que puede acabar perdiendo es el empresario. Esto ha pasado en muchas ocasiones, que se vierten de forma indiscriminada", advierte el alcalde, que añade que la demanda de purines por parte de las plantas de biogás está "minimizando" el problema de los olores y la posible contaminación.

Según él, las claves son una ordenanza estricta y "minuciosa" para el control de purines y sanciones importantes para quienes incumplen las normas. "Todo es compatible y asumible si hay normativas", asegura Gómez, quien recuerda que también existe "el derecho a tener un aire que no huela por encima de ciertos umbrales" y eso pasa por que no haya vertidos de purines incontrolados.

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