Colas kilométricas en consulados y ayuntamientos el primer día de la regulación masiva de migrantes en la Comunitat Valenciana

Se veía venir. Miles de migrantes se han concentrado hoy a las puertas de los distintos consulados de las tres capitales y en centenares de ayuntamientos para reclamar la documentación necesaria con tal de acogerse a la regulación masiva aprobada por el consejo de ministros este pasado martes y que hoy entre en vigor.

La apertura del plazo para tramitar la solicitud se iniciaba este jueves y se extenderá durante los próximos dos meses y medio. En la Comunitat Valenciana, se calcula que más de 100.000 migrantes en situación irregular podrán acogerse a este proceso extraordinario. Aunque el Consell ya ha anunciado su intención de recurrir la medida al considerarla "electoralista", sindicatos como CC OO, UGT y la CEV siguen incidiendo en que se trata de una "decisión positiva".

Aunque desde que se anunció la regularización se fueron desvelando los documentos necesarios para poder tramitar la solicitud, como certificados de empadronamiento, informes de asuntos sociales para acreditar la residencia en España durante al menos 5 meses en el momento de presentarla, el certificado de penales y demás certificados, lo cierto es que son muchos los migrantes que no han podido obtenerla a tiempo, especialmente la relacionada con las oficinas de padrón, asuntos sociales y otros documentos que depende de sus países de origen, con mayor tiempo de expedición y los problemas de caducidad que conllevan.

Desde el movimiento Regularización YA afirman que este proceso es una cuestión de justicia, pero también de cohesión social y salud económica. Sin embargo, conocen el sistema y saben que está saturado. Alertan de que las oficinas de Extranjería de València y Alicante ya están saturadas, y que una regularización masiva sin un refuerzo de personal podría frustrar las expectativas de las miles de personas.

Asociaciones y ONG para tramitar expedientes

Ante esta situación, el ministerio ha decidido habilitar como "entidades colaboradoras" a asociaciones que trabajan con el colectivo vulnerable para que puedan presentar los expedientes en la plataforma habilitada para la administración y para los abogados de extranjería. Eso sí, sin pago alguno lo que ha generado "que muchas entidades no se hayan presentado porque al final es mucho trabajo pero es una oportunidad que no podemos perder".

Medidas extraordinarias en los ayuntamientos

Son varios los municipios que han reformado el personal en servicios sociales para atender las solicitudes. Xàtiva, por ejemplo, ha habilitado un punto social en la LudoTecla de Borja de la calle Botigues, en horario de 9 a 14 horas de lunes a viernes, con el fin de poder atender a las personas que desde hoy soliciten el trámite de regularización administrativa extraordinaria de personas migrantes que ya residen en España.

El proceso de regularización migratoria impulsado por el Gobierno español en 2026 es una medida extraordinaria dirigida a personas extranjeras que ya residen en el país en situación irregular. El objetivo principal es ofrecerles seguridad jurídica y facilitar su integración social y laboral, permitiéndoles obtener una autorización de residencia y trabajo. Esta regularización se dirige, sobre todo, a aquellas personas que puedan acreditar que vivían en España antes del 31 de diciembre de 2025 y que han permanecido en el territorio al menos cinco meses de manera continuada. Además, es imprescindible no tener antecedentes penales, un requisito clave para poder acceder al proceso.

En cuanto al procedimiento, las personas interesadas deben presentar una solicitud aportando documentación que demuestre su estancia en el país y el cumplimiento de los requisitos establecidos. El proceso puede realizarse de manera telemática o presencial e incluye la revisión individualizada de cada caso por parte de la administración. Si la solicitud es aceptada, se otorga un permiso temporal de residencia y trabajo, que permite salir de la situación de irregularidad y acceder a derechos básicos. En conjunto, se trata de una iniciativa que pretende regularizar a estas personas y adaptar la realidad administrativa a una situación social ya existente.

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