Catalunya, Madrid, Andalucía y Valencia son las comunidades que más inmigrantes regularizarán

Hasta 751.200 personas tratarán de acceder al proceso de regularización extraordinaria que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros, pero solo unas 503.000 personas acabarán accediendo a la medida. Así lo estima la Fundación Ciudadanía Global, una de las entidades impulsoras de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) cuyo espíritu ha acabado recogiendo el Gobierno en el Real Decreto que, en las próximas horas, debe incluirse en el Boletín Oficial del Estado. La fundación calcula, así, que cerca del 67% de las solicitudes que se presentarán entre este jueves 16 de abril y el próximo 30 de junio serán aceptadas.

Catalunya será, previsiblemente, la comunidad autónoma en la que más inmigrantes acaben accediendo a la medida. Según se desprende de los cálculos de Ciudadanía Global, que aseguran que serán 200.000 las personas que soliciten estabilizar su situación administrativa en Catalunya, y 135.000 las que lo acabarán logrando.

La seguirá, ya a cierta distancia, la Comunidad de Madrid, donde Ciudadanía Global calcula que 135.000 personas intentarán acogerse a la séptima regularización extraordinaria desde la restauración de la democracia, y que unas 90.000 se harán con el permiso de un año de trabajo y residencia que ofrece el Gobierno.

En tercer lugar, se encuentran Andalucía y la Comunidad Valenciana. En ambas autonomías, la Fundación estima que 90.000 personas tratarán de acceder a la regularización y que lo acabarán consiguiendo unas 60.000. En total, estas cuatro comunidades –las más pobladas de España, y las que presentan un mayor número de población extranjera y de actividad económica– concentrarán cerca del 70% de las solicitudes de regularización aprobadas.

Ya a mucha distancia, se encuentran Murcia, donde se espera que se aprueben 25.000 regularizaciones; el País Vasco (20.000), Canarias y Baleares (17.500), Castilla - La Mancha (16.000), Aragón (14.500), Galicia (12.000) o Castilla y León (11.000). Las comunidades en las que se espera un menor número de personas regularizadas, más allá de las ciudades autónomas de Ceuta (650) y Melilla (1.500), son Extremadura (3.000), Cantabria (3.500), La Rioja (4.000), Asturias (4.500) y Navarra (7.500).

Estimaciones y cálculos

Los cálculos, según apuntan fuentes de la Fundación Ciudadanía Global, provienen del Instituto Nacional Estadística (INE) y de estudios de la Fundación por Causa que ponían cifras a un fenómeno tan difícilmente cuantificable como son las personas que viven en situación irregular en un territorio determinado. Con estos datos, y teniendo en cuenta que el flujo aproximado de personas que entran en situación irregular cada año en España se sitúa en torno a las 250.000 personas, la fundación realiza una estimación de cuántas personas podrían acogerse a la medida y sostiene que aproximadamente un tercio de las solicitudes de la regularización acabará rechazada, tal como ha apuntado también el Gobierno este martes.

Las mismas voces señalan que, pese a que se trata de estimaciones, las cifras coinciden con los pronósticos que han ido lanzando tanto el Gobierno como en las comunidades autónomas. Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, de hecho, señalaban este martes en declaraciones recogidas por EL PERIÓDICO que se prevén unas 750.000 solicitudes, las mismas que calcula la Fundación Ciudadanía Global.

También se aproximan las cifras que aporta la fundación a los números que ha ido arrojando la Generalitat de Catalunya, estos últimos meses. La conselleria de Drets Socials apuntaba ya en febrero que se beneficiarían de la medida entre 120.000 y 150.000 residentes en Catalunya, unas cifras que recordó este mismo martes la consellera portavoz, Sílvia Paneque.

Menos que con Zapatero

Las estimaciones de la Fundación Ciudadanía Global, eso sí, quedan lejos de las predicciones más ambiciosas de algunas entidades como Regularización Ya, que han llegado a pronosticar que la medida podría beneficiar hasta 800.000 personas. De hecho, las cifras arrojadas por la entidad social pronostican que en este proceso extraordinario se acabará regularizando a menos inmigrantes que con la última medida similar, impulsada durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Por aquel entonces, en 2005, se solucionó la situación administrativa de 576.506 personas, 73.000 más que las que se prevé que lo hagan en los próximos meses.

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