Regularización de migrantes en España: claves, requisitos y plazos del proceso

El Gobierno da luz verde este martes a la regularización de migrantes que permitirá a más de medio millón de personas obtener permiso de trabajo y residencia en España. Tras un leve retraso en la aprobación de la medida –será oficial a partir de este miércoles 15 de abril, si bien la promesa del Gobierno era a "principios de abril"–, arrancará en las próximas horas.

El Consejo de Ministros dará el pistoletazo de salida y previsiblemente la letra pequeña saldrá publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del miércoles, lo que despejará las dudas sobre los pormenores del proceso de solicitud. Estas son las principales claves del proceso y todos los detalles que han trascendido hasta ahora.

¿Quién puede acogerse a la regularización?

El Gobierno calcula que más de medio millón de personas podrán acogerse a la regularización extraordinaria que comenzará este próximo 16 de abril, si bien casas de estudio como Funcas proyectan que casi un millón de migrantes estarían ahora mismo en situación irregular y cumpliendo todos o parte de los requisitos para postular al proceso. España inicia así la que será la séptima regularización extraordinaria de la restauración de la democracia y a la misma se podrán acoger aquellas personas que lleven más de cinco meses en España en el momento de cursar la solicitud.

Aquellas personas que se acojan al proceso podrán obtener un permiso de residencia y de trabajo temporal que les permitirá, entre otros, acceder a un contrato de trabajo. Muchas de las personas que postularán a dichos permisos ya están trabajando, aunque en la economía sumergida y el nuevo status les permitirá o bien regularizar ese empleo –siempre que el empleador esté por la labor– o buscar otro trabajo ya con plenos derechos.

Plazos: ¿Cuándo empieza y termina el proceso?

El proceso de regularización saldrá publicado en el BOE el miércoles 15 de abril, empezará el jueves 16 de abril y terminará el martes 30 de junio. Será dos meses y medio que tendrán los potenciales interesados para cursar sus solicitudes y lo podrán hacer tanto presencial como telemáticamente, a través de una web que se publicará tanto en el portal digital del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones como en el de Política Territorial y Memoria Democrática.

Este portal específico estará abierto a partir del próximo jueves 16 de abril. Ese mismo día se podrá empezar a solicitar citas previas para ir a una oficina, ser asesorado por el personal público y entregar el papeleo de forma presencial. Según ha detallado la ministra Elma Saiz, se habilitarán en todo el territorio nacional oficinas de Correos y de la Tesorería General de la Seguridad Social, que empezarán a recibir documentación a partir del próximo lunes 20 de abril. El último día para presentar las solicitudes será el martes 30 de junio.

Las personas interesadas pueden presentar los documentos por sí mismas, asesoradas por un abogado o bien a través de las entidades sociales. Desde el pasado 2 de marzo, unas 200 organizaciones del Tercer Sector y algunos sindicatos se han apuntado al Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería, y podrán tramitar directamente las solicitudes de las personas inmigrantes a las que suelen asesorar y acompañar.

¿Qué documentación deberán presentar?

El principal requisito para postular a la regularización es llevar más de cinco meses en España en el momento de presentar la solicitud. También deberán acreditar que antes del 31 de diciembre ya estaban en España y para hacerlo deberán aportar algún documento "válido en derecho" –tanto el padrón como algún bono de transporte, facturas de suministros, etc–. Además de la residencia, deberán acreditar también que durante ese tiempo han tenido alguna relación laboral, aunque sea informal, que están en situación de vulnerabilidad acreditada y permanecerán en España en una unidad familiar.

Las personas interesadas también deberán acreditar que no tienen antecedentes penales en los últimos cinco años, ni en España ni en ningún otro país en el que hayan residido. El Ejecutivo ha resuelto dar un mes de margen desde el momento en el que se presente la solicitud para conseguir un certificado de un tercer país y ha decidido que, en caso de no poder aportarlo en ese plazo, será el propio Gobierno el que solicite a través de vías diplomáticas el documento. Este proceso podrá demorarse un máximo de tres meses. Si en este plazo el Ejecutivo no consigue el certificado de antecedentes penales, la persona interesada tendrá otros 15 días para buscarlo por sí misma. Solo entonces, si no es capaz de acreditarlo, quedará fuera del proceso de regularización, según el borrador al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

¿Quién queda excluido?

No podrán acceder a la regularización extraordinaria aquellas personas que o bien no cumplan los requisitos o bien no puedan acreditarlos en tiempo y forma. Más allá de ello, existen colectivos particulares excluidos directamente de esta vía y que deberán acceder a otros formatos para quedarse a trabajar legalmente en España. Tal y como ha explicado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en una entrevista en la 'cadena SER', quedan fuera de la medida las personas apátridas –es decir, que no tienen nacionalidad reconocida–, una decisión que deja fuera a miles de personas saharauis que viven desde hace años en España.

También funcionarán por un canal independiente las personas que están acogidas o que han solicitado medidas de protección internacional como el asilo. Se incluye aquí a los refugiados de guerra ucranianos, cuyo circuito para obtener permisos similares a los que ofrece la regularización todavía no se conocen.

¿Qué derechos ganan?

El documento que aprobará el BOE contempla que las personas que postulen a la regularización obtendrán un permiso temporal de trabajo desde el momento en el que la Administración les comunique que su solicitud ha sido recibida y está en trámite. Esto les permite el acceso pleno a derechos como la Seguridad Social, la sanidad o la educación, aunque los deja fuera de derechos reservados a los ciudadanos españoles como el voto. A partir de ahí se les abre un plazo de un año de situación regular -si no les acaban rechazando la solicitud- para arreglar su situación de manera estable mediante los cauces ordinarios de las oficinas de extranjería.

Aquellas personas que ya tengan actualmente un empleo, pero este sea ‘en B’, no verán automáticamente regularizado esa relación. El empresario o empleador deberá hacerles un contrato desde cero y en caso de que lo rechacen, los migrantes tendrán más garantías a la hora de denunciarlo ante la Inspección de Trabajo.

¿Quién está a favor y quién está en contra?

El Real Decreto que aprobará este martes el Consejo de Ministros, y que fue acordado con Podemos, no ha necesitado aval parlamentario, pero ha recogido el espíritu de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada en el Congreso con algo más de 600.000 firmas. La habían promulgado más de 900 organizaciones de la sociedad civil: de patronales a sindicatos, pasando por la Iglesia y por plataformas como Regularización Ya.

En el plano político, la medida cuenta con el rechazo explícito de PP y Vox. El partido liderado por Alberto Núñez Feijóo anunció este lunes que presentaría una oposición “jurídica, política y parlamentaria” a una medida que tilda de “barbaridad”. De hecho, la líder del partido y presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aseguró hace unos días que recurriría la regularización en el Tribunal Supremo ante un supuesto “colapso” de los servicios públicos.

Pese a mostrarse a favor de llevar a cabo la regularización, el sindicato CCOO ha anunciado una huelga indefinida en las oficinas de Extranjería a partir del próximo lunes 20 de abril, cuando se abre el plazo para presentar la documentación de manera presencial. El sindicato alega que falta personal para poder atender todas las solicitudes habituales de regularización, con lo que el nuevo proceso supondría una carga de trabajo aún más difícil de asumir.

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