Carpetazo a la querella
Un juez descarta investigar los pagos indebidos de la DGAIA destapados por la Sindicatura
Fachada del edificio de la DGAIA, sede del Departamento de Derechos Sociales. Foto archivo / MANU MITRU
Por qué confiar en El Periódico Un juez de Barcelona ha descartado investigar la querella que la plataforma Acció Cassandra presentó contra cuatro exconsellers por los pagos indebidos de la Dirección General de la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) entre 2016 y 2024, que la Sindicatura de Comptes cifró en 167,5 millones de euros.
En un auto, el titular del Juzgado de Instrucción número 27 de Barcelona acuerda no admitir a trámite la querella, al entender que el informe de la Sindicatura que se adjuntaba no supone "ningún elemento constitutivo de delito", más allá de deficiencias administrativas. De esta forma, da carpetazo a la querella que Acció Cassandra presentó contra los exconsellers Dolors Bassa, Chakir El Homrani, Carles Campuzano y Violant Cervera y contra seis ex altos cargos del Govern, tres de ellos exdirectores de la DGAIA.
La denuncia se basaba en un informe de la Sindicatura de Comptes del pasado año que apuntaba a pagos por prestaciones indebidamente ejecutados entre 2016 y 2024, debido a una falta de seguimiento y control eficaces en la gestión de las ayudas sociales del Departamento de Derechos Sociales, entre ellas las que gestionaba la DGAIA.
Para el juez, el informe de la Sindicatura no relata "ningún elemento constitutivo de delito", más allá de "deficiencias que proceden a ser corregidas en base a la acción fiscalizadora" de la institución. El magistrado recuerda que tanto el Síndic como el Tribunal de Cuentas remiten al juzgado cualquier situación que "exceda del ámbito fiscalizador" y pueda entrañar posibles responsabilidades penales. "No ha sido así en el presente caso, en que la mera lectura del informe ya establece el ámbito político administrativo de su función", añade el auto.
El juez razona también que una investigación penal no puede iniciarse en base a informaciones periodísticas como las que Acció Cassandra incluye en su denuncia, que, sostiene, no detalla tampoco la actuación de cada uno de los querellados en los hechos.
Recurrirán la decisión
La entidad ya ha anunciado en un comunicado que tiene previsto recurrir la resolución judicial, ya que cree que es necesario tener en cuenta "el conjunto del material probatorio existente", especialmente las investigaciones llevadas a cabo por la Oficina Antifraude.
En su informe, la propia Sindicatura de Cuentas advertía de que las irregularidades detectadas podrían ser perseguibles "administrativa y judicialmente", por lo que remitió el informe al Tribunal de Cuentas para que depurara las responsabilidades contables que considerara convenientes. También la Fiscalía pidió al Tribunal de Cuentas que investigara si la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) incurrió en una responsabilidad contable por los pagos de prestaciones indebidamente ejecutados entre 2016 y 2024.
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