Catalunya impulsa dos programas piloto en Sabadell, Terrassa, Reus y Sant Boi para reducir el número de menores bajo tutela

La Direcció General de Prevenció i Protecció de la Infància i l’Adolescència (DGPPIA) –la antigua DGAIA– intensificará el trabajo junto a las familias atendidas por sus equipos para agotar las opciones antes de que los menores pasen a ser tutelados por la Generalitat. El objetivo es que la retirada de la tutela sea el último recurso. Para ello, tal como ha anunciado este martes la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, ya se está trabajando en dos programas piloto para reconducir las situaciones susceptibles de acabar en declaraciones de desamparo –aquellas en las que la DGPPIA considera que no es seguro que el menor se quede con sus padres– y reducir el número de niños, niñas y adolescentes que permanecen bajo responsabilidad de la Administración.

Son dos de las diez medidas en las que trabaja la conselleria en el marco de la reforma profunda del sistema de protección de menores que empezó hace casi un año, cuando salió a la luz el caso de una niña de 12 años bajo guarda de la DGAIA que fue explotada sexualmente por un hombre de 45 años. Este lunes, el conocido como 'pederasta del Raval' aceptó una condena de 83 años de cárcel por violar y prostituir a la niña.

Según los últimos datos que maneja la conselleria, del pasado mes de febrero, al menos 8.724 menores estaban de uno u otro modo bajo responsabilidad de la Generalitat. El departament también trabaja en otras ocho medidas

Las sesiones entre las familias y la DGPPIA serán grabadas para garantizar la seguridad jurídica y una comisión independiente tendrá la última palabra sobre la retirada o no de tutelas

El primero de los programas se denomina 'Famílies Resilients' y se está ensayando en Reus y Sant Boi de Llobregat, según ha avanzado este martes la consellera en el Parlament en respuesta a una interpelación del PP y luego ha desarrollado en una jornada en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) sobre el sistema de protección a la infancia en la que también ha participado la Síndica de Greuges, Esther Giménez Salinas. Bajo la dirección del Institut del Treball i els Serveis Socials (INTRESS), se trabaja con familias en las que el riesgo de desamparo detectado es leve. Los técnicos de servicios sociales trabajan directamente en las casas de las familias implicadas, a las que se ofrece una intervención intensiva para tratar de inculcar en los progenitores la necesidad de centrarse en el interés superior de sus hijos.

Drets Socials trabaja en una nueva herramienta de cribado para determinar si un menor está en riesgo o no

El segundo programa, bautizado como 'Llars Segures', está destinado a casos más graves, en los que el riesgo de que se declare la situación de desamparo para los menores es grave. En este caso, el proyecto se ensaya en Sabadell y Terrassa y lo lidera la oenegé Save the Children. En este caso, las familias implicadas ya están atendidas habitualmente por los equipos de la DGPPIA, por lo que la intervención todavía es más marcada. Así, el proyecto ofrecerá una terapia familiar "intensiva" durante seis meses. Equipos profesionales formados en "traumaterapia" trabajan simultáneamente con los padres y con los niños. Por un lado, se quiere reforzar las competencias parentales y, por otro, abordar el trauma y el vínculo afectivo con los niños. Se prevén hasta cuatro sesiones semanales, con disponibilidad 24 horas de los técnicos para "agotar todas las vías posibles" antes de la desamparación.

"Queremos que esta vía de máxima intensidad y de trabajo a domicilio pueda ser una verdadera alternativa que haga que el desamparo solo se produzca en casos en los que no haya sido posible ninguna otra opción", ha defendido Martínez Bravo.

Una vez finalizados los planes piloto, ambos programas serán evaluados y, si se determina que han sido exitosos serán implantados al conjunto de Catalunya.

Una nueva figura, la procuradora de la infancia, velará por la protección de los menores y el cumplimiento de los protocolos

En cuanto a las otras ocho medidas anunciadas, para empezar, Drets Socials trabaja en colaboración con la Diputación de Barcelona en una nueva herramienta de cribado para determinar si un menor está en riesgo o no. Hasta ahora, según ha recordado Martínez Bravo, Catalunya no disponía de un instrumento único para llevar a cabo estos cribados, a diferencia de otras comunidades autónomas.

Otra novedad es que las sesiones entre las familias y los equipos de la DGPPIA –últimos encargados de la decisión de retirar la custodia a los padres– serán grabadas para poder garantizar la seguridad jurídica de todos los implicados. En este sentido, la conselleria trabaja para que esta decisión sobre la tutela de los menores no recaiga únicamente sobre estos equipos, sino sobre una comisión independiente de la que formarán parte expertos externos a la DGPPIA como abogados.

Actualmente hay al menos 8.700 menores bajo la responsabilidad de la Generalitat

Asimismo, el nuevo contrato programa con los ayuntamientos prevé un aumento de ocho millones de euros en el presupuesto de los Servicios de Intervención Socioeducativa (SIS), que atienden a familias en riesgo. Esto permitirá ampliar la cobertura a más niños. Un estudio de Ivàlua señala que los SIS han permitido reducir el riesgo grave en un 31% de los casos.

También se reforzarán los equipos básicos de Infancia y Adolescencia (EAIA) con 10 millones de euros adicionales. Además, por primera vez, los EAIA contarán con formación jurídica específica en materia de desamparo. Con esta misma intención, y tal como avanzó EL PERIÓDICO, las familias inmersas en un proceso de desamparo pueden acceder de forma gratuita a una asistencia jurídica desde el pasado 1 de enero.

Piloto en centros de menores

Pensando en los menores que ya están en alguno de los centros de la DGPPIA, Drets Socials impulsará el proyecto piloto 'Camins', que en este caso se plantea para intervenir de forma intensiva e integral en los Centros Residenciales de Acción Educativa (CRAE) para la recuperación del proyecto de vida de los niños y adolescentes residentes. Este proyecto está ya plenamente operativo en tres municipios: Collbató, Sant Pere de Ribes y Badalona. Se trata de un programa desarrollado conjuntamente con el Departament de Salut y el Hospital Sant Joan de Déu. Profesionales de salud mental están integrados en la red del CSMIJ. Se han formado 67 profesionales de los tres CRAE, y los profesionales del CSMIJ ya están operativos y atendiendo a las familias.

Y, por último, se nombrará a una procuradora de la infancia. Su trabajo consistirá en velar por la protección de los menores y revisar todos los protocolos que funcionan ahora mismo en el sistema de protección de menores catalán. Es una figura prevista desde hace más de 15 años, pero que nunca se ha implementado formalmente. Según ha avanzado la consellera, el Govern aprobará un decreto que regulará su nombramiento y sus funciones.

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