El Gobierno impugna 17 artículos de la Ley de Vivienda de Andalucía: esta son las consecuencias del recurso al Constitucional

La Ley de Vivienda de Andalucía, que entró en vigor el pasado mes de enero, sigue creando siendo un punto de desencuentro entre el Gobierno de España y la Junta. Entre ambos organismos hay diferencias importantes: la duración de la protección de las VPO o el mantenimiento del sistema público de depósito de fianzas. En este escenario, hasta 17 puntos en total, 16 puntos y una disposición adicional, podrían acabar en el Tribunal Constitucional y ser suspendidos de forma cautelra si ambos organismos no llegan a un acuerdo.

La ley establece que cuando haya disprecancias jurídicas en torno a una ley autonómica, el Gobierno de España tiene la posibilidad de convocar una comisión bilateral con el objetivo de tratar de alcanzar un acuerdo. Es el paso previo a llevar el texto al Tribunal Constitucional y forzar de forma inmediata la suspensión de los artículos afectados hasta que haya una resolución. Este trámite previo se ha activado recientemente en decretos como el de simplificación administrativa, por la afección que tuvo sobre el acuerdo de Doñana. En los últimos años, de hecho, en la mayor parte de los caso se ha resuelto con un acuerdo.

Ahora, este escenario se plantea con la Ley de Vivienda, de forma que el Ministerio de Política Territorial ha convocado la mesa para negociar 16 artículos y una disposición final para evitar que la discrepancia lleve al Tribunal Constitucional. Las diferencias afectan a aspectos "técnicos" sobre la regulación de las fórmulas de colaboración público privada o las posibilidades de desarrollo de usos residenciales en suelos que tengan otra calificación urbanística distinta previamente.

La Junta descarta que se detenga la ejecución

Ante el inicio de esta negociación, la Junta de Andalucía ha subrayado que la Ley de Vivienda, que fija entre otras cuestiones nuevas fórmulas para el desarrollo de suelos residenciales o la regulación de las viviendas protegidas, se ha hecho "con rigor y diálogo" y ha descartado que pueda verse paralizada en su ejecución: "La discrepancia presentada por el Ministerio de Política Territorial no entra en el fondo de la Ley de Vivienda de Andalucía, sino en cuestiones formales y técnicas. No es una cuestión que afecte al marco normativo que hemos estado diseñando de la mano del sector, los agentes sociales y económicos y los grupos parlamentarios", apuntan desde la consejería.

El departamento que dirige Rocío Díaz, de hecho, confían en que se encuentre una solución y se resolverán las diferencias en el marco de la comisión bilateral entre ambas administraciones.

Ya hubo una veintena de acuerdos previos entre la Junta de AndalucÍa y el Gobierno de España

A través de este órgano mixto entre las administraciones se han resuelto en los últimos años diferencias en torno a leyes como la de medidas frente al cambio climático de 2018 o la de Igualdad de Género de 2020, así como decretos como el de protección de los consumidores en la contratación de préstamos y créditos hipotecarios o de adecuación ambiental y territorial de las edificaciones irregulares, ambos de 2019. El último caso de envergadura ha sido el decreto de simplificación en el que se incorporó una medida para los cultivos de Doñana que afectó al acuerdo entre el Gobierno y la Junta firmado en 2023.

En total, casi una veintena de acuerdos antes de llegar al Tribunal Constitucional en los últimos años. Sí se ha llegado a este punto en otros conflictos como los abiertos por el Impuesto a las grandes fortunas o la ley estatal de vivienda.