Seis años después de la muerte del oso Cachou: aún sin juicio y con un exconseller acusado de matarlo

Hoy se cumplen seis años de la muerte de Cachou, el oso que fue hallado sin vida en un bosque de Les, en la Vall d’Aran por los agentes rurales y cuya causa de fallecimiento se descubrió que fue por intoxicación. El caso conmocionó a grupos ecologistas de todo el país y derivó en la primera investigación secreta por la muerte de un oso en España pero aún no cuenta con fecha de juicio. 

El animal, que era conocido por sus ataques al ganado de la zona, perdió la vida por ingerir un veneno, el etilenglicol, sustancia tóxica que se usa como líquido anticongelante según la necropsia hecha en el laboratorio de veterinaria de la Universitat Autònoma de Barcelona. Las sospechas entre sus cuidadores empezaron cuando el collar de GPS del oso reportó que no se movía desde el 31 de marzo.

Esta información desacreditó el relato del Consell Generau d’Aran que había calificado su muerte como un accidente. En ese momento, el juzgado de Vielha abrió diligencias penales y encargó una investigación a los Mossos d’Esquadra para esclarecer las causas de muerte de Cachou.

Una oposición organizada

Las autoridades descubrieron una oposición de cazadores y ganaderos de la comarca. Las evidencias se hallaron en los grupos de WhatsApp “Plataforma anti osos” y “Asociación del Caballo Pirenaico” y en charlas telefónicas de sus miembros que desconocían que estaban siendo grabados por orden judicial. 

Muchos de los integrantes de estos grupos estaban vinculados a familias poderosas y a la clase política de la Vall d’Aran. Los dos acusados son un agente de Medio Ambiente del Conselh Generau d’Aran, por entonces responsable del seguimiento y control del oso; y José Antonio Boya Quintana, conseller de Territori del Conselh entre 2015 y 2019 además de ganadero y cazador. 

La acusación señala que ambos imputados compartieron datos reservados sobre la ubicación de Cachou y cometieron un delito contra la fauna. El sospechoso del envenenamiento es el agente de Medio Ambiente porque en un pinchazo se descubrió que comentó a sus compañeros que los Mossos estaban buscando anticongelante en su domicilio. Otra prueba incriminatoria fue una conversación por Whatsapp donde admitía que se le podía “caer el pelo” por la muerte del oso.

La Fiscalía reclama dos años y tres meses para el agente y dos años y cuatro meses de cárcel para Boya Quintana, mientras que la Generalitat reclama una indemnización de 35.000 euros por reparación de daños. En la causa también están personadas como acusaciones populares IPCENA y el Fondo para la Protección de Animales Salvajes, la la Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural (Depana) y Acción Legal Animalista.

Sin fecha para el juicio

Defensa, acusación, Fiscalía y Generalitat siguen a la espera que el juzgado de Lleida comunique una fecha para el juicio. Los ecologistas, detrás de la acusación, se desesperan por la tardanza de la justícia y temen que esta misma pueda comportar rebajas en las penas de condena de los acusados. “La Justicia es menos justa cuando va tan lenta”, lamenta Joan Vázquez, el portavoz de la entidad IPCENA.

La lentitud del final de este caso tiene diversos motivos, como los retrasos por el cambio de jueces en Vielha o el intento fallido de los acusados de anular el caso porque la primera instructora escribió un artículo en el que mencionaba la causa un año después de dejar el juzgado.

El último obstáculo data de finales de 2025, cuando un error formal en el auto de apertura de juicio oral no se habían concretado todas las responsabilidades civiles. Este más reciente escollo ya ha sido enmendado, y todos las partes que juegan su papel en el caso Cachou esperan impacientes conocer el día del juicio. 

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