La oposición de algunos municipios, principal escollo para instalar baterías

La tramitación de proyectos de baterías avanza en Catalunya, pero su despliegue sobre el terreno aún choca con múltiples resistencias en el ámbito local. Decenas de ayuntamientos han aprobado en los últimos meses moratorias urbanísticas para frenar o, como mínimo, ganar tiempo ante la llegada de unas instalaciones todavía poco conocidas para buena parte del mundo municipal. Desde algunos de estos consistorios, detallan que antes de dar luz verde a estas propuestas quieren revisar la planificación urbanística y analizar las posibles consecuencias negativas.

Fuentes del sector, no obstante, sostienen que ese rechazo responde, en gran medida, al desconocimiento. "Hay desconfianza ante una tecnología nueva, con temores relacionados con posibles explosiones, incendios o molestias acústicas", dice Salvador Salat, portavoz de UNEF (Unión Española Fotovoltaica) en Catalunya.

Salat replica que estos miedos no se corresponden con la realidad. "Las baterías de estos proyectos no son como las de los patinetes y apenas generan ruido". A las dudas de varias localidades, se suman las reticencias de vecinos y algunos ecologistas. Plataformas como 'Renovables Sí, però així No' alertan de una entrada masiva de proyectos de baterías sin una planificación energética suficientemente clara y temen que se reproduzcan los conflictos ya vistos con parques eólicos y fotovoltaicos.

Menos impacto

El sector, en cambio, defiende que el almacenamiento no solo es compatible con el despliegue renovable, sino que será una pieza básica para hacerlo viable. "Según las previsiones energéticas de la Generalitat, tan solo serán necesarias 60 hectáreas ocupadas por baterías", constata Salat, para ejemplificar el poco espacio y el impacto reducido de estas instalaciones.

Ante la oleada de moratorias, el decreto aprobado por la Generalitat en 2025 para regular este tipo de infraestructuras fija límites claros a la capacidad de bloqueo municipal. Los ayuntamientos pueden aprobar suspensiones temporales de licencias o de tramitación, pero estas tienen un recorrido acotado de dos años como máximo.

Límite legal

Si después los gobiernos locales pretenden blindar la prohibición mediante cambios de planeamiento, la Generalitat puede emitir informes desfavorables e incluso recurrir esas decisiones. En este contexto, la filosofía del Govern pasa por ordenar la implantación, no por vetarla, en un contexto en el que considera que el almacenamiento será imprescindible para garantizar la seguridad del sistema eléctrico.

Una de las prioridades es situarlos cerca de subestaciones y de nudos con capacidad disponible para evitar nuevas líneas y largas tiradas de cable, reducir costes y minimizar impactos. Eso implica, sin embargo, que los campos de baterías no se repartirán de forma homogénea por el territorio, sino que tenderán a concentrarse en determinados municipios con mejores condiciones de conexión. Mientras algunas localidades ven una oportunidad para atraer inversión y recibir dinero, otras buscan la fórmula para frenar el alud de iniciativas.

Baterías particulares

Más allá de los campos de baterías, el sistema también mira a otras fórmulas de almacenamiento, como las centrales hidroeléctricas reversibles, llamadas a jugar un papel complementario por su capacidad para almacenar grandes volúmenes de energía mediante el bombeo de agua entre embalses. En Catalunya, se ha planteado un proyecto en la Baells en el que participará la empresa energética pública de la Generalitat, L'Energètica. Aun así, el proyecto todavía no ha convencido a los vecinos de los municipios del Berguedà implicados.

El almacenamiento, además, no quedará restringido a los grandes promotores. Otro de los ámbitos que puede crecer en los próximos años, explica Salat, es el de las baterías asociadas al propio consumidor particular, tanto en viviendas como en empresas.

La idea es almacenar energía cuando el precio es bajo y utilizarla después, en las horas más caras o cuando falla la red. Eso permite abaratar la factura, ganar autonomía y aportar mayor resiliencia frente a incidencias del sistema.

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