Los partidos presentan 574 enmiendas a la nueva ley para erradicar el sinhogarismo en Catalunya

La nueva ‘Ley de medidas transitorias y urgentes para afrontar el sinhogarismo y erradicarlo’ encara, ahora sí, su última etapa en el Parlament de Catalunya. Tras ser presentada en 2022, el texto quedó en tierra de nadie cuando el Parlament se disolvió en febrero de 2023. Las cinco entidades que presentaron el texto original, acompañadas del catedrático honorario de Derecho Administrativo de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Antoni Milian, volvieron a llevarlo al Parlament en febrero de 2025. Ahora, ya en trámite, la norma, que pretende unificar y ampliar las medidas de atención y prevención vigentes para las personas sin hogar, debe superar un último escollo: las 574 enmiendas que han presentado los partidos políticos.

Se trata de una cifra previsible dado que el texto con el que ya trabaja la Comisión de Drets Socials i Inclusió para emitir un dictamen final -previo paso a su votación en el pleno del Parlament–, surge directamente de la sociedad civil y no de algún grupo parlamentario, como es más habitual. En concreto, lo promulgaron la Fundació Arrels, la Comunitat de Sant Egidi, Sant Joan de Déu Serveis Socials, Càritas Catalunya y Assís Centre d’Acollida, que aunaron posiciones bajo la dirección de Milian. La iniciativa recibió desde el inicio el apoyo del PSC, Junts, ERC, el PP, los Comuns y la CUP.

Sin embargo, los pormenores del texto han levantado ciertas asperezas entre estos partidos. Aún así, el propio Milian, durante su intervención en el acto ‘Una llei per emparar les persones sense llar’, celebrado este martes en el Institut d’Estudis Catalans, ha asegurado “ser optimista”, aunque ha admitido que algunas de las enmiendas que ha recibido el texto le preocupan.

Dejar fuera a los extranjeros

Son, por un lado, aquellas que dejan fuera a las personas extranjeras en situación irregular. “Hay que recordar con énfasiss que vivir en la calle es un trato inhumano y cruel y se ha de abordar con independencia del estatus legal de la persona afectada”, ha asegurado el catedrático. Por otro lado, Milian también ha criticado aquellas enmiendas del texto que “dejan la prestación de los servicios a la discrecionalidad de la Administración”.

Y es que, precisamente, una de las novedades de esta ley, que sería pionera en el ámbito europeo, es el carácter obligatorio de las medidas de atención a las personas sin hogar. El texto, de hecho, incluye sanciones específicas para aquellas instituciones que se nieguen a cumplir con lo que dispone la norma. Son medidas tan concretas como garantizar espacios residenciales dignos para las personas en situación de calle; un servicio de espera de baja exigencia que deberían tener todos los ayuntamientos o la facilitación de títulos de transporte a estas personas para garantizar su acceso a algunos de los servicios que ya existen para su atención.

Milian ha asegurado que “no se trata de una ley cara”, que tendrá “un retorno notable” y se ha mostrado confiado en que, pese a las enmiedas presentadas, “se puede llegar a consensuar una ley consistente y vigorosa”. Parte de esta confianza en el éxito de la normativa, ha asegurado Milian, recae en el hecho de que tanto el presidente del Parlament, Josep Rull, como la 'consellera' de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, tienen la voluntad de que se apruebe “una buena ley”.

"Una buena ley"

Así lo han ratificado ambos líderes durante el acto de este martes. Rull, que ha recordado que fue alumno de Milian en la UAB, ha celebrado que la ley la impulsara la sociedad civil y ha llamado a los partidos a evitar que “se diluya” tras su paso por el Parlament. “Tiene que ser una ley que transforme la realidad, con poca gesticulación y que dé instrumentos reales de acción”, ha destacado el presidente del Parlament, que también ha lamentado la “corriente brutal de deshumanización de estas personas” que atraviesa la sociedad. En concreto, Rull ha recordado lo sucedido en la parroquia de Mare de Déu de Badalona tras el desalojo del B9, cuando unos vecinos se opusieron a que la iglesia alojara a 15 de los expulsados.

Martínez Bravo, por su parte, ha apelado al consenso entre los partidos y los entes municipales para sacar adelante tanto la nueva ley como el próximo marco de abordaje del sinhogarismo catalán, inmerso estas semanas en un proceso de renovación –el anterior estuvo en vigor entre los años 2022 y 2025–. Además, ha recordado que en el acuerdo de presupuestos firmado con Comuns, y por primera vez, se prevé una inversión de 30 millones de euros para abordar la problemática. 

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