La Junta ándaluza responde a las demandas de las afectadas por los cribados: "Reclamaciones hay todos los años"

"Es una tramitación como otras tantas. Reclamaciones hay todos los años y en todas las épocas: igual que ha ocurrido siempre". Es la respuesta de la Junta de Andalucía, a través del consejero de Sanidad y Presidencia, Antonio Sanz, al anuncio de la demanda judicial que realizó este martes la asociación de mujeres con cáncer Amama a las puertas de los juzgados de la Audiencia de Sevilla. Una veintena de afectadas desplegó en la galería de acceso a la sede judicial una gran lona con los nombres de las afectadas por los retrasos en el programa de cribados, mujeres que han podido desarrollar o no cáncer a lo largo de los meses y cuyo diagnóstico se ha podido ver retrasado -y por tanto el estadío de su enfermedad- por la dilación en el inicio del tratamiento.

"La prioridad de este consejero es la mejor atención sanitaria. Vamos a seguir volcados y de manera muy especial", han sido las palabras de Sanz al ser preguntado este miércoles, en el marco de la presentación del Plan Romero 2026, por el paso que dará en los tribunales Anabel Cano, la primera de las víctimas de los fallos y retrasos en el programa de cribados de cáncer que ha decidido demandar en los tribunales a la Junta de Andalucía.

Como la de Anabel, paciente oncológica y uno de los rostros más visibles desde hace meses de la asociación Amama, la Junta de Andalucía afrontará en las próximas semanas denuncias en los tribunales de las mujeres a las que la Consejería no ha dado respuesta a la reclamanación patrimonial interpuesta. Por ahora, según los datos de la defensa jurídica de Amama, se han interpuesto a lo largo de los últimos meses 160 demandas, 50 más están en proceso de registro y hay otros 40 casos en estudio. La Junta se ha limitado a decir que estudiará "caso a caso". Según la junta se "estudiando todas las reclamaciones". "No es nuevo que se presenten reclamaciones contra el SAS, las hubo siempre", señalan fuentes del Gobierno andaluz, que agregan que "quien quiera está en su derecho" a ir a la vía judicial. Sin embargo, a preguntas de este medio, no informan por qué razón no han dado respuesta al caso concreto de Anabel y qué harán con el resto de reclamaciones.

Esta reclamación es el procedimiento administrativo para solicitar una indemnización económica por los daños sufridos (físicos, morales o materiales) a causa del funcionamiento de los servicios públicos de salud. Es decir, es el mecanismo de responsabilidad patrimonial para negligencias sanitarias en el SAS. Por ley, la administración tiene un plazo de 6 meses para resolver estas quejas ciudadanas.

Como no lo ha hecho por ahora en el caso de Anabel Cano, el siguiente paso que tienen estas pacientes es el de la justicia ordinaria, un camino, en palabras de esta mujer que recogió El Correo de Andalucía, un paso largo, incierto y costoso, en palabras de las afectadas. "Yo no entiendo cómo me van a hacer ir a los juzgados, a juicio. Yo sigo en tratamiento, mañana voy a tratamiento. Tuve que vender mi casa, no sé cómo voy a hacer frente a esto. No tengo dinero, mis hijos están muertos en vida. Ahora están super nerviosos pensando por lo que me van a hacer pasar".

Por esta crisis sanitaria, ya han dimitido o cesado una consejera de Sanidad, un ex gerente del Hospital Virgen del Rocío -el foco de los retrasos- que ejercía de delegado territorial de salud y un jefe de servicio del hospital y ha supuesto uno de los mayores escollos políticos y de imagen en el último tramo de la legislatura del Gobierno andaluz.

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