El Gobierno envía a las Cortes la reforma de la Constitución para blindar el aborto sin incluirlo en los derechos fundamentales

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, en segunda vuelta, el proyecto de ley destinado a reformar la Constitución con el fin blindar el derecho al aborto. La norma será enviada ahora a las Cortes, donde se necesitan mayoría de tres quintos para ser aprobada, por lo que se requiere el apoyo del PP, que ya ha anunciado su rechazo.

En cualquier caso, el Gobierno ha seguido adelante con su intención de reformar la Constitución con el fin de tratar de evitar que futuros gobiernos conservadores obstaculicen la prestación, en un momento en el que la ultraderecha ha puesto el aborto en su punto de mira. No obstante, ha optado por un cambio de menor calado, en el artículo 43, en vez de modificar los apartados que recogen los derechos fundamentales, porque esta última opción obliga a un procedimiento agravado de reforma de la Carta Magna, que exige el apoyo de una mayoría de dos tercios y la disolución inmediata de las Cortes y la celebración de elecciones.

"Sería darse contra un muro", reconocen fuentes de Igualdad. Además, el Gobierno sostiene que es mejor reformar el artículo 43 para vincular el cambio a la protección de la salud y garantizar la prestación en la cartera de servicios del sistema público.

"Estamos blindando el derecho de las mujeres en su dimensión prestacional, porque es lo que está en riesgo. No está en riesgo la dimensión de libertad, de decidir libremente sobre la maternidad, porque este derecho ha sido reconocido por el Tribunal Constitucional, pero el 80% de las interrupciones se practican en centros privados", ha argumentado la ministra de Igualdad, Ana Redondo, para defender su inclusión entre los principios rectores y no entre los derechos fundamentales.

El hostigamiento

Asimismo, ha recordado que en los centros privados muchas mujeres son sometidas a "hostigamientos" mientras que en la sanidad pública "nadie sabe a lo que van, por lo que su libertad es completa". "Eso es lo que pretendemos, blindar lo que están en riesgo, la dimensión prestacional", ha remachado.

Sin embargo, la reforma ha despertado críticas políticas y jurídicas. Por ejemplo, Sumar ha admitido que "una referencia genérica no sirve para nada", mientras que diversos expertos han alertado de que la inclusión entre los principios rectores tiene efectos más limitados y de menor alcance en el ámbito de las garantías. También el Consejo de Estado, que ha dado luz verde a la reforma, ha mostrado reparos a la constitucionalización del derecho en el artículo 43, porque "solo se garantiza que el aborto se pueda realizar en las debidas condiciones sanitarias", pero no el derecho en sí de las mujeres a decidir libremente sobre la continuidad o no del embarazo.

En concreto, la reforma aprobada este martes propone añadir un apartado 4 al artículo 43, con el siguiente redactado: “Los poderes públicos garantizarán el ejercicio del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad real y efectiva con cuantas prestaciones y servicios sean necesarios para dicho ejercicio”. Con esta redacción, según el Gobierno, se blinda la vertiente prestacional del derecho, dado que la libertad de decisión de las mujeres está protegida por los artículos 10.1 y 15 de la Constitución.

Cabe recordar que varios gobiernos del PP han puesto trabas a la creación del registro de objetores, necesario para ofertar la prestación en todos los hospitales públicos. Especialmente el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, a quien el Gobierno central ha forzado mediante la interposición de un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Además, el ayuntamiento de la capital, a iniciativa de Vox, aprobó una iniciativa para informar a las mujeres sobre el falso 'síndrome post aborto', propuesta que decayó por la polémica generada y que motivó precisamente la reforma constitucional aprobada este martes en segunda vuelta.

Las mayorías

A partir de ahora, el texto legal será enviado a las Cortes, donde se requiere mayoría de tres quintos para ser aprobado. En el probable caso de que no se consiga, es necesaria la creación de una Comisión Mixta Congreso-Senado que proponga un nuevo texto, que se sometería de nuevo a votación. De no conseguir, de nuevo, luz verde, un nuevo redactado podría aprobarse por mayoría de dos tercios de los votos en el Congreso y mayoría absoluta en el Senado.

Consciente de estas dificultades, la ministra de Igualdad ha apelado al "diálogo" y ha recordado que en Francia, el primer país en blindar el aborto en la Constitución, en el año 2024, la propuesta cosechó un apoyo mayoritario, incluido del partido de Marine Le Pen. "La negociación será una cuestión fundamental", ha reconocido.

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